Las familias del CEIP A Lomba salen a la calle para mostrar a la Xunta la necesidad de más apoyo educativo

La comunidad educativa del CEIP A Lomba volvió a alzar la voz para exigir a la Consellería de Educación que dé marcha atrás en la supresión de profesorado y garantice los recursos necesarios para atender al elevado número de escolares con necesidades educativas. Familias, docentes y representantes de otras asociaciones participaron en una concentración convocada por la ANPA A Xunqueira, cuyo portavoz, Antón Campos, fue el encargado de leer un manifiesto especialmente crítico con la planificación realizada por la Xunta para el próximo curso.

La movilización puso el foco en la pérdida de una plaza docente de Educación Infantil, la supresión de una de las dos aulas de cuarto de Infantil y la eliminación de una profesora de Audición y Lenguaje. La reorganización dejará un grupo de 18 alumnos en el edificio principal y otro de ocho en el anexo. La ANPA teme, además, que el nuevo catálogo docente anunciado por Educación pueda provocar la desaparición de otras dos plazas de Infantil en el curso 2027/2028.

«La inclusión hay que dotarla de recursos suficientes para que sea real», proclamó Campos ante las familias. Durante el curso recién terminado, A Lomba contó con 47 alumnos con necesidades educativas especiales y otros 109 con necesidades específicas de apoyo. Pese a ello, el próximo año dispondrá únicamente de dos especialistas de Audición y Lenguaje y tres de Pedagogía Terapéutica. «Serán cinco profesionales para atender a más de 150 alumnos con necesidades», advirtió la ANPA.

Las familias consideran que la reducción del profesorado no afectará únicamente a los escolares que comiencen cuarto de Infantil, sino que repercutirá en todas las etapas. La organización sostiene que disminuirá el tiempo destinado a la atención individualizada y que la pérdida de unidades terminará trasladándose a Primaria durante los próximos cursos. También reivindica la estabilidad de los especialistas para mantener su vinculación con los menores y evitar que los apoyos tengan carácter itinerante.

Campos recordó que la ANPA ya llevó en julio de 2025 una moción al pleno municipal para reclamar una dotación suficiente de personal. La iniciativa recibió el apoyo unánime de la corporación, pero sus peticiones, según denunció, no fueron atendidas por la Consellería. Durante los dos últimos años también remitió escritos por registro electrónico y solicitó reuniones con responsables educativos para alertar tanto de la escasez de personal como de las deficiencias del edificio.

El portavoz relató que la primera reunión con responsables territoriales no llegó hasta hace poco más de una semana. En ella participaron el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, el inspector del centro y el inspector jefe. «Acudimos con la intención de trasladar la realidad del colegio, pero la voluntad de diálogo fue nula. Solo nos convocaron para comunicarnos decisiones que ya estaban tomadas», censuró.

El malestar de las familias se extiende al mantenimiento de las instalaciones. En octubre de 2025 se produjeron desprendimientos en la fachada principal y la Consellería asumió una reparación que concluyó un mes después. Sin embargo, la ANPA asegura que a finales de enero volvieron a desprenderse elementos de la zona reparada. Los hechos se produjeron en días no lectivos y no causaron daños personales, aunque obligaron a mantener cerradas durante meses partes del patio y a modificar los accesos habituales.

La asociación recuerda que Educación se había comprometido también a actuar sobre los vinilos de la fachada trasera para reducir la temperatura de las aulas, solucionar goteras y filtraciones y renovar la pista deportiva. «La Consellería se olvidó de esas actuaciones», lamentó Campos.

La protesta recibió el respaldo de otras ANPA de Vilagarcía y de la comarca. Además, PSdeG-PSOE, BNG y EU presentaron una moción conjunta para que el pleno inste a la Xunta a conservar el aula de cuarto de Infantil y recuperar el profesorado de apoyo y de Audición y Lenguaje. Los grupos consideran que la decisión fue prematura, puede dificultar la conciliación de las familias y amenaza la estabilidad de la plantilla y la continuidad de los proyectos educativos.

«Lucharemos juntos por los derechos de nuestros hijos», concluyó el portavoz de A Xunqueira, que contrapuso los recortes anunciados con el incremento presupuestario del que presume la Administración autonómica.

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