Los comuneros reclamarán judicialmente los terrenos que ocupa la Diputación con el campamento de A Lanzada y la Pousada

Con una sola abstención, los comuneros de San Vicente de O Grove acordaron en asamblea iniciar acciones legales contra la Diputación de Pontevedra para reclamar sus legítimos derechos como propietarios que son, y así consta en la documentación en su poder, de los terrenos situados en la ladera del Monte Siradella sobre los que se asientan la Pousada da Lanzada y el centro vacacional que gestiona el ente provincial.

Tal y como había anunciado FARO DE VIGO en su momento, la comunidad retoma así una línea de acción ya emprendida en el pasado y ratifica decisiones asamblearias anteriores en la misma dirección para reclamar su propiedad y conseguir que el gobierno de Luis López acceda a pagar el canon o indemnización correspondiente por el uso de la misma.

Hay que insistir, tal y como hacen los propios comuneros, en que, salvo que no les dejen otra opción, no quieren hacerse con la Pousada ni con las instalaciones vacacionales en las que se organiza cada verano el campamento que reúne a 1.500 niños de toda la provincia. Lo único que buscan es que de una vez por todas se les reconozca como los legítimos propietarios de ese terreno cedido hace décadas por el Concello para construir el sanatorio para tuberculosos que, con el paso del tiempo, dio paso a un colegio, un centro de hostelería y la citada Pousada da Lanzada.

Es decir, «unos usos que nada tienen que ver con el motivo original de la cesión de la parcela, por lo que, una vez modificado el uso, ese terreno debe pasar de nuevo a manos de sus legítimos dueños, que es la parroquia de San Vicente», insisten en la entidad.

Y dado que el entendimiento por la vía del diálogo no ha sido posible, a pesar de los muchos intentos realizados por la comunidad, lo que acordaron sus miembros fue facultar a su presidente para designar abogado y procurador, como paso previo a «iniciar la reclamación judicial del terreno que ocupa la Diputación en A Lanzada».

Como ya se advirtió en este diario, y como se planteó de nuevo en la asamblea, los comuneros de San Vicente se aferran a casos similares que acabaron dando la razón, e importantes contrapartidas económicas, a entidades como la suya.

A modo de ejemplo, cabe recordar que en 2011 la compañía Aena abonó más de siete millones de euros a los comuneros de Cabral por ocupar desde el año 1954 alrededor de 242.000 metros cuadrados de terreno comunal con el aeropuerto de Peinador, y ya en 2015 cerró un acuerdo con la comunidad de montes de Guizán, en Mos, aquel con un desembolso de 5,8 millones a cambio de los 262.000 metros cuadrados propiedad de los vecinos sobre los que se eleva la terminal viguesa.

También hubo compensación con los terrenos de Figueirido ocupados por la Brilat, pues después de cinco años de conflicto ente el Ministerio de Defensa y los vecinos, en 2014 las comunidades de montes de Salcedo, Figueirido y Vilaboa rubricaban la cesión de parte de su monte a los militares a cambio de un canon anual de 1.800 euros por hectárea.

Al igual que hubo acuerdos por los terrenos ocupados para el Hospital de Montecelo y en casos relacionados con la Diputación de Pontevedra, pues en el año 2022 el juzgado de primera instancia número 3 de Pontevedra reconocía el carácter vecinal de los terrenos que ocupa el macrocomplejo de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, perteneciente al ente provincial.

Ya en 2024, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó un recurso de la Diputación y dio la razón a la comunidad de montes de Mourente, confirmando que los terrenos de la ciudad infantil Príncipe Felipe son de titularidad vecinal.

En resumen, que son muchos los antecedentes a los que se aferra la comunidad de montes de San Vicente. Aunque el más contundente a la hora de acudir al juzgado con esto es el del cambio de uso de la parcela, en la cual empezó a construirse en 1928 el Sanatorio Marítimo Antituberculoso Príncipe de Asturias, también conocido como Sanatorio Gil Casares, levantándose así el edificio que hoy en día ocupa la Pousada.

En 1951 la Diputación solicitó al Concello 5.000 metros cuadrados de terrenos situados sobre la playa para realizar una ampliación, y en 1953 la administración local accedió, exigiendo como contrapartida la mejora de los accesos y caminos de la zona.

No hay otros fines autorizados

Y eso a pesar de que en febrero de 1952 el secretario municipal, Eduardo Fernández Eiriz, advertía al pleno de la Corporación de que en la cláusula cuarta del acuerdo de cesión del terreno de A Lanzada al Patronato del Sanatorio Marítimo de A Lanzada, que se había creado en 1926 en el Gran Hotel La Toja, con un presupuesto de 87.482 pesetas, se expresa claramente que se hacía la cesión en usufructo y con carácter de intransferible mientras existiera y funcionara el sanatorio, «sin que el terreno pueda ser explotado para otros fines».

Pero siguió haciendo las funciones de sanatorio para tuberculosos hasta 1958, cuando la Diputación obtuvo una oferta gratuita para internar a los enfermos de tuberculosis en los sanatorios de Oza y San Rafael. Los enfermos que estaban en A Lanzada fueron trasladados, mientras que los niños del Hogar Provincial fueron derivados a las instalaciones de A Lanzada, convertidas así en Colegio de Sordomudos, para que pasaran allí sus vacaciones de verano.

El uso ya no era el original, pero podía parecerse. Lo que ocurre es que dejó de funcionar como colegio en 1976, que fue cuando el edificio y los terrenos anexos empezaron a ejercer exclusivamente como centro vacacional, acondicionándose el inmueble como Pousada en 2011. Y ese centro poco o nada tiene que ver con el hospital para tuberculosos original, insisten los comuneros de San Vicente. ¿La solución? «Que la Diputación pase por caja y pague por la ocupación de ese suelo comunal», sentencia la parroquia.

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