Los comuneros citan los casos del aeropuerto de Peinador, Montecelo y Figueirido para reclamar a la Diputación por A Lanzada

La comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove cita los casos del aeropuerto de Vigo, Montecelo y Figueirido cuando explica por qué exige a la Diputación de Pontevedra que reconozca que los terrenos de A Lanzada en los que celebra su campamento vacacional anual y gestiona la Pousada pertenecen a los comuneros.

Como avanzó FARO DE VIGO, la entidad que preside Manuel Castro se aferra a que el ente provincial cambió el uso para el que fueron entregadas esas propiedades, y aunque su intención no es quedarse con la Pousada da Lanzada ni con el campamento, sí quiere que se le entregue la correspondiente indemnización o algún tipo de contrapartida.

De ahí que esté dispuesta a acudir a la vía judicial con esta reclamación, frente a la cual la Diputación se limita a garantizar que los campamentos de verano que organiza anualmente en el centro vacacional de A Lanzada seguirán desarrollándose. Incluido el de este año, que arranca el próximo domingo.

Llegados a este extremo, recuerdan los comuneros que en 2011 la compañía Aena abonó más de siete millones de euros a los comuneros de Cabral por ocupar desde el año 1954 alrededor de 242.000 metros cuadrados de terreno comunal con el aeropuerto de Peinador, y ya en 2015 cerró un acuerdo con la comunidad de montes de Guizán, en Mos, aquel con un desembolso de 5,8 millones a cambio de los 262.000 metros cuadrados propiedad de los vecinos sobre los que se eleva la terminal viguesa.

Sin hablar de cantidades, y mucho menos de unas cifras tan elevadas, esa es la vía del diálogo a la que se aferran los comuneros de O Grove, dispuestos a querellarse contra la Diputación si no acede a compensar a la parroquia de San Vicente por la ocupación del monte de A Lanzada.

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Una compensación que, insisten, también se produjo con los terrenos de Figueirido ocupados por la Brilat, pues después de cinco años de conflicto ente el Ministerio de Defensa y los vecinos, en 2014 las comunidades de montes de Salcedo, Figueirido y Vilaboa rubricaban la cesión de parte de su monte a los militares a cambio de un canon anual de 1.800 euros por hectárea.

Y hay más ejemplos, entre ellos la sentencia firme dictada el 31 de julio de 2018 por el Tribunal Supremo que devolvía la propiedad de los terrenos del Hospital de Montecelo a los comuneros de Mourente.

Como se informó entonces en FARO, los comuneros plantearon a la Xunta diversas fórmulas para llegar a un acuerdo, entre ellas la posibilidad de recibir un «módico canon» anual por esta cesión, que es lo que ahora defiende la comunidad de montes de San Vicente respecto a los terrenos que ocupa la Diputación en A Lanzada.

Fue en 2021 cuando el Sergas citó a los comuneros de Mourente para zanjar el conflicto de Montecelo mediante la regularización de la situación jurídica de los terrenos ocupados que eran propiedad de la comunidad de montes.

Sin salir de Pontevedra, decir que en el año 2022 el juzgado de primera instancia número 3 de Pontevedra reconocía el carácter vecinal de los terrenos que ocupa el macrocomplejo de la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, perteneciente a la Diputación de Pontevedra.

Era una parcela de monte comunal cedida en su día por el Concello al ente provincial, al igual que hizo el de O Grove con los terrenos de A Lanzada.

Con el Príncipe Felipe ocurría lo mismo que con los terrenos de la base de la Brilat, los del hospital de Montecelo y el campo de tiro de Bora, en los que la jurisprudencia insistía en que estos terrenos vecinales eran inalienables y que esta condición es además imprescriptible.

Más recientemente, en 2024, la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimaba un recurso de la Diputación y daba la razón a la comunidad de montes de Mourente, confirmando que los terrenos de la ciudad infantil Príncipe Felipe son de titularidad vecinal.

A pesar de todo, el ente provincial siguió sin acceder a una salida negociada respecto a la cesión de uso y presentó nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, dilatando considerablemente el proceso. Y eso es lo que puede pasar también en O Grove, según consideran algunos comuneros.

Por cierto, que el BNG también se pronuncia en relación con las comunidades de montes, en este caso planteando una moción al pleno de la Diputación para que, a través del organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria ORAL, reconozca de oficio la exención del IBI a estas entidades en mano común.

La diputada Manuela Rodríguez se aferra a que existe jurisprudencia que confirma que estas comunidades no deben pagar ese impuesto y advierte de que el ente provincial «se ahorrará molestias y pleitos si excluye a los comuneros de sus listados de contribuyentes sujetos al pago».

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