Dos tiendas infantiles de O Salnés denuncian sanciones «abusivas» por sus ventas online

Dos pequeños comercios de ropa infantil de O Salnés han decidido alzar la voz ante lo que consideran una situación «abusiva» y difícilmente asumible para negocios de reducida dimensión. B12 Moda Infantil, en Vilanova, regentada por Carina Paz, y Parruliños, en Cambados, al frente de Martina Núñez, se enfrentan a importantes sanciones económicas derivadas de una campaña de vigilancia sobre comercio online impulsada por la Comunidad de Madrid a nivel nacional y centrada en la venta de prendas para menores de más de 36 meses.

Las afectadas sostienen que los expedientes abiertos no diferencian entre grandes plataformas y pequeños establecimientos familiares con página web. En el caso de Martina Núñez, la sanción comunicada a Parruliños asciende a 13.500 euros. Carina Paz, de B12 Moda Infantil, advierte de que los importes pueden superar los 11.000 euros y que solo una de las posibles infracciones, relativa a no incluir la composición de la prenda en la descripción online del producto, puede alcanzar los 1.500 euros.

«En mi caso, el expediente no está completo y la sanción no diferencia pequeños de grandes comercios», explica Carina Paz, que incide en el impacto que una multa de esta dimensión puede tener sobre la continuidad de un negocio local. Las comerciantes defienden que no se trata de ocultar información al consumidor, sino de errores o carencias subsanables en páginas web gestionadas por establecimientos pequeños, sin la estructura técnica ni jurídica de las grandes cadenas.

El procedimiento, según explican, parte de un control rotatorio entre gobiernos comunitarios que posteriormente se traslada a las competencias de la Xunta, abriendo un plazo para subsanar errores antes de sancionar. Sin embargo, las afectadas critican que los márgenes de respuesta son muy reducidos. «Si recurres tienes quince días y, si lo haces, pierdes el descuento en la sanción», lamentan. A ello añaden que, si el pago no se afronta en los plazos fijados, el importe puede incrementarse.

La presidenta de la Asociación Vilanova Centro, Esther Prado, respalda la denuncia de las comerciantes y alerta de que existen más casos en Galicia, entre ellos uno en Foz. «La Comunidad de Madrid, en concreto desde Consumo, está actuando contra el pequeño comercio gallego que tiene página web», afirma. Prado sostiene que están llegando «sanciones abusivas» por detalles mínimos, omisiones o incluso erratas en las webs, y apunta a controles automatizados como origen de parte de estas inspecciones.

Las afectadas reclaman proporcionalidad, un tratamiento diferenciado para el pequeño comercio y la posibilidad real de corregir errores antes de recibir sanciones que, aseguran, pueden poner en riesgo la sostenibilidad económica de sus tiendas.

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