El BNG de O Grove exige contundencia en la aplicación de la nueva ordenanza para autocaravanas

El BNG de O Grove se felicita por la consecución de una ordenanza municipal reguladora aplicable a las autocaravanas y campers que acuden a la localidad, ya que se trata de una vieja demanda de esta y las demás formaciones políticas mecas. Pero ante la anunciada aprobación de la misma en el pleno del lunes que viene, los nacionalistas ya advierten de que no debe quedar en papel mojado, de ahí que reclamen contundencia en la aplicación del articulado y su régimen sancionador.

Anselmo Noia, portavoz del BNG grovense, cree indispensable la puesta en marcha de medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de esa nueva ordenanza municipal, a la que se refiere como un avance necesario para afrontar los problemas de saturación y ocupación descontrolada del espacio público durante los meses de verano.

Eso sí, dejando claro que el objetivo de la ordenanza no debe ser perseguir a los usuarios de autocaravanas, sino «garantizar una convivencia ordenada entre visitantes y residentes, proteger los espacios naturales más sensibles y evitar episodios de colapso» que puedan perjudicar la imagen turística del municipio.

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Sabe, en cualquier caso, que la eficacia de esta medida dependerá de la capacidad del Ayuntamiento para aplicarla, de ahí que reclame al alcalde, José Antonio Cacabelos, la puesta en marcha de acciones de información, control y vigilancia para asegurar el respeto de las normas, dado que «la aprobación de la ordenanza no resolverá por sí sola los problemas existentes si no va acompañada de un control efectivo y de medidas persuasivas que fomenten su cumplimiento».

Así las cosas, además de felicitarse por la consecución de esta ordenanza y el respaldo a la misma desde los colectivos empresariales de la localidad, el BNG remarca que esta regulación «llega cuatro años después de que presentáramos una moción para impulsar una normativa específica para autocaravanas, siendo aquella propuesta rechazada por la mayoría absoluta que tenía el gobierno socialista».

En relación con esto, «seguimos sin entender la negativa del PSOE a aprobar nuestra moción, que ya planteaba la creación de esta ordenanza».

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Dicho de otro modo, que «ahora toca demostrar que esto no va a quedar en un simple papel», y de ahí la importancia de que dicha normativa incorpore un régimen sancionador.

El mismo que, como se avanzaba ayer en FARO DE VIGO, considera infracciones leves el estacionar fuera de los lugares autorizados o colocar elementos fuera del perímetro del vehículo, siendo estas conductas susceptibles de ser castigadas con multas de hasta 300 euros.

Las graves, entre las que figuran los vertidos ocasionales de residuos fuera de las zonas habilitadas, el uso fraudulento de los servicios o el estacionamiento en espacios protegidos, podrán acarrear multas de hasta 1.500 euros y la expulsión de las áreas reservadas, mientras que las acciones graves, tales como vertidos intencionados, el deterioro del mobiliario urbano o el estacionamiento en zonas de especial protección ambiental, podrán acarrear multas de hasta 6.000 euros, además de la expulsión de las instalaciones.

Lo que sucede es que esas sanciones «solo serán efectivas si se acompañan de una política activa de vigilancia y cumplimiento», a juicio del BNG.

Razón por la cual este grupo propone «reforzar la señalización en los accesos al municipio, informar de forma clara sobre las limitaciones existentes, difundir la normativa a través de las plataformas utilizadas por el sector autocaravanista y realizar controles en las zonas que cada verano registran mayores problemas de saturación», como As Pipas, Area de Reboredo, A Lanzada y tantas otras.

«De nada sirve aprobar sanciones si todo el mundo sabe que no va a pasar nada; la mejor medida persuasiva es que exista la percepción de que las normas se controlan y se hacen cumplir», sentencia Anselmo Noia.

El mismo que recuerda que «en los últimos años se han producido situaciones de ocupación masiva del espacio público en distintos puntos de la península de O Grove, especialmente durante la temporada alta».

En definitiva, que los nacionalistas mecos sostienen que la nueva regulación puede convertirse en una herramienta «útil para ordenar el fenómeno del turismo itinerante», aunque solo servirá, insisten, si el Concello acompaña su aplicación con una estrategia de información y control que permita hacer compatibles la actividad turística, la protección del entorno y la calidad de vida de la vecindad.

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