Los derribos por ilegalidades urbanísticas cayeron a la mitad en O Salnés y Ullán en 2025

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) eliminó el año pasado ocho construcciones y elementos irregulares en O Salnés y el Ullán, siendo destacado el caso de dos viviendas en Cambados y Meis, aunque una de ellas a medio construir y en aparente estado de abandono.

La cifra supone una reducción con respecto al ejercicio anterior, cuando este organismo dependiente de la Xunta realizó 19 intervenciones de este tipo. En todo caso, sigue la tendencia de la última década, constatándose un descenso de incumplimientos sobre todo en el caso de primeras viviendas situadas en la zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).

La agencia intervino en prácticamente todos los Ayuntamientos de la zona con un proceso, el de derribo, que llega después de la conclusión de un expediente administrativo por infracción en materia de urbanismo.

La más común fue la cometida en suelo rústico, donde existen limitaciones para la edificación. En concreto, fue el caso de cinco de los ocho expedientes ejecutados en 2025. Sucedió en una parcela de A Illa donde se acumulaban varias casetas tipo remolque de camión y que fueron retiradas en enero.

También en Cambados y en Meis, donde se abordaron demoliciones más complejas, pues se trató de dos viviendas para uso residencial. Una de ellas estaba terminada y la otra tenía aspecto de haberse paralizado antes de finalizar, pues presentaba una parte aún en ladrillo y un costoso cierre de piedra en ciernes, pero con aspecto de no haber llegado a ser ocupada.

También en Sanxenxo se eliminó una edificación destinada a uso residencial y en O Grove se desmanteló la construcción de un completo salón exterior con zona de parrilla, solera y un montaje para un futuro toldo por estar ambas cosas en suelo rústico.

Además, en este último municipio se afrontó uno de los casos más curiosos de 2025, la retirada de los restos de una embarcación de importante eslora con aspecto de llevar tiempo pudriéndose en una finca. No obstante, en este caso la infracción era la ocupación de la zona de servidumbre del DPMT que, dado el carácter costero de buena parte de O Salnés, venía siendo una de las principales irregularidades de los últimos años. También se ven cada vez menos autocaravanas y vehículos.

La administración también desmanteló una edificación prefabricada en un camping de Vilanova que estaba destinada a servicios de la piscina por tratarse también de suelo de protección del DPMT, siempre según la memoria de actividad publicada hace unos días por la agencia. También en esta localidad se retiraron unas construcciones y un cierre por la misma cuestión.

No hubo intervenciones en Meaño, Pontecesures, Ribadumia, Valga, Vilagarcía y Catoira. Y respecto a 2024, fueron 19 elementos suprimidos en su marco competencial; por contravenir la legislación en protección de servidumbre de costa, una de las competencias específicas que maneja junto con las relativas al suelo rústico, a las que hay que sumar las delegadas por los Concellos que están adheridos a este servicio a mayores.

El caso más llamativo fue un antiguo edificio en ruina ubicado en Sete Coros, Valga, cerca del río Louro, y que en su día fue bautizada por alguien en Google Maps como el «edificio más feo de Galicia».

Esto en vía de ejecución forzosa, una vez que el expediente culmina en orden de demolición y transcurre el periodo voluntario sin que el propietario la atienda. Además de la aplicación de multas coercitivas que son reiteradas cada mes y sucesivamente aumentadas.

En materia de urbanismo, la primera es de 1.000 euros y así hasta los 10.000 de la quinta y siguientes. En el caso del DPMT, son de un máximo del 20% de la sanción fijada según la infracción cometida contemplada en la Ley de Costas.

Demoras como la urbanización de Raeiros, en O Grove

La APLU cuenta con un equipo multidisciplinar de personal especializado que también ofrece asesoramiento y asistencia en la materia. Asimismo, realiza inspecciones frecuentes, pero la denuncia puede partir de otras autoridades e incluso particulares.

Con todo, la resolución de un expediente que culmina en orden de demolición se suele demorar años, pues el acto debe adquirir primero firmeza judicial o administrativa. De hecho, hay casos llamativos como el de la urbanización de Raeiros, en O Grove.

Los tribunales se han pronunciado en contra de los propietarios en más de una ocasión, confirmado la decisión de la APLU dictada hace más de una década por la construcción de este complejo sobre suelo rústico de protección litoral con una licencia de apartahotel.

Un total de 52 chalés cuyo derribó en ejecución forzosa resultaría en una abultada factura para devolver ese terreno a pie de playa a su estado original, que es su filosofía ante la ilegalidad porque «el suelo -el territorio- es un recurso natural escaso, no renovable y extraordinariamente valioso que da soporte físico a la vida, a a los asentamientos de población, a los centros de producción de bienes y servicios y a todas las actividades humanas».

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