La Xunta busca el modo de reflotar a Galicia como potencia marisquera

Galicia dejó de ser hace tiempo la potencia marisquera que un día fue. La deficiente gestión de algunos bancos por parte de ciertas cofradías, la lacra del furtivismo, contaminación, subida de la temperatura del agua, escorrentías y/o descenso de salinidad, depredadores y otros factores han arruinado muchas de las zonas de infaunales de la comunidad.

Y claro, si a esto se suman el parón por el covid, los crecientes ceses de actividad, existencia de zonas improductivas que nadie trabaja, pero tampoco se dejan trabajar, una deficiente planificación de los periodos de extracción de bivalvos y otros condicionantes, el resultado es una pérdida de peso en los mercados que, lógicamente, han querido y podido aprovechar otros competidores, algunos tan cercanos como los portugueses, donde la tendencia es inversa y la productividad va en aumento.

Ante esta situación, la Xunta y las cofradías buscan el modo de salir a flote, tal y como planteó la conselleira de Mar, Marta Villavederde, en una comparecencia parlamentaria a petición propia en la que desgranó el plan de recuperación valorado en 23 millones de euros que, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), ya ha empezado a aplicarse en algunas zonas de la comunidad, «destinado tanto a la regeneración de los arenales como al sostenimiento económico de las familias que viven del mar».

Incluye tanto la regeneración de bancos como «una compensación económica de hasta 700 euros mensuales para las mariscadoras que participan en estas tareas de recuperación, equivalente a 58 euros por jornada, así como un 7% adicional destinado a cubrir los costes de gestión de las propias entidades».

Esta línea de acción parte de una hoja de ruta bien definida que abarca desde la vigilancia y recopilación de información en tiempo real hasta la realización de muestreos en las playas para evaluar la situación real y adoptar las medidas oportunas.

Una singladura a la que aludió Villaverde cuando en sede parlamentaria reconoció que «el marisqueo gallego atraviesa un momento complicado», pero también que «cuenta con un sector que ya ha demostrado en otras ocasiones que no se rinde y un Gobierno, el de la Xunta, que lo apoya y actuó con recursos extraordinarios, porque la situación también es extraordinaria».

Dicho lo cual, y sin perder de vista los devastadores efectos del tren de tormentas que castigó Galicia durante los primeros meses del año, Villaverde puso como ejemplo de la fase de recuperación los acuerdos suscritos con las cofradías de Vilaxoán, Muros, Noia, Cabo de Cruz y Vilanova.

Estos convenios y los que están por venir, son fruto de los muestreos realizados «con la máxima urgencia», los cuales «permitieron conocer la afectación real de los planes de gestión y de los bancos mediante una metodología científica rigurosa y unos criterios objetivos que no admiten manipulación ni discrecionalidad», resalta Villaverde.

Apeló a los conocimientos del Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) para explicar que hay bancos afectados por «mortalidad leve» de bivalvos y otros con mortalidad moderada o severa, siendo esos criterios científicos los que «prevalecen en este proceso».

Molesta porque desde la oposición parlamentaria «se menosprecie o intente ridiculizar» el trabajo de los técnicos de la Xunta y las cofradías, defendió el plan de recuperación y regeneración de bancos marisqueros insistiendo en que «en 25 cofradías se detectó una mortalidad moderada o severa», de ahí que sean esas las principales beneficiarias de los convenios, elaborados «bajo un modelo de auténtica cogobernanza» y con actuaciones individualizadas.

Abundando en ello, aseguró que «la Consellería valida la propuesta y financia el 100% de las acciones que las cofradías consideran necesarias para recuperar los bancos afectados, sin regateos ni limitaciones de recursos».

Aún comprendiendo que algunas cofradías puedan tener dudas, en caso de no salir beneficiadas del reparto, Villaverde defiende la selección realizada y destaca que su departamento ha informado en todo momento y con todo detalle al conjunto del sector, «mientras otros se dedicaban a desinformar, a enturbiar el debate, tergiversar los términos y a hacer todo lo posible por generar confusión».

Frente a ese ruido, «ya hemos firmado los primeros convenios hace un par de semanas, tan pronto como se aprobaron las medidas de adaptación de sus planes de gestión y recibieron el visto bueno del Consello da Xunta, en el caso de Noia con un plan que asciende a casi 1,6 millones de euros para restaurar los bancos marisqueros y contempla la incorporación progresiva de profesionales hasta alcanzar las 200 personas a partir de septiembre, organizadas en equipos de 40 trabajadoras durante varios días al mes».

Añadió en su intervención a la cofradía de Vilaxoán, a la que se dirigió el primer convenio de la provincia de Pontevedra, en este caso «por valor de más de 206.000 euros, que es la cantidad que la propia cofradía consideró necesaria para actuar en sus bancos, dando participación en los trabajos a 21 personas».

A su vez, «el convenio firmado con la cofradía de Muros recoge íntegramente el importe solicitado, que asciende a 352.000 euros», y beneficia a 71 profesionales.

El plan para Cabo de Cruz (Boiro) dispone de un presupuesto de casi 1,4 millones de euros y prevé la participación progresiva de hasta 163 profesionales para recuperar dos millones de metros cuadrados y sembrar 2,3 millones de ejemplares de almeja fina y babosa.

Mientras que el de Vilanova roza los 500.000 euros y prevé movilizar a 65 mariscadoras a pie para proteger más de un millón de metros cuadrados de superficie y sembrar 650.000 ejemplares de almeja babosa.

Dicho lo cual, Marta Villaverde aludió en el Parlamento a «medidas complementarias de gran relevancia», como la «suspensión de la actividad extractiva por causa de fuerza mayor en todos los planes con mortalidad moderada o severa acreditada, protegiendo así los ejemplares supervivientes y la biomasa reproductora durante el periodo de recuperación».

Otra de las decisiones adoptadas fue la «modificación de la normativa para prorrogar hasta 2029 los planes de gestión actualmente vigentes, adaptando el marco legal a esta situación excepcional y permitiendo concentrar los esfuerzos en las tareas de regeneración», reseñó.

Tampoco se olvidó del «incremento de las siembras mediante una dotación de 1,5 millones de euros de fondos propios destinada a aportar semilla de bivalvos que no puede financiarse con cargo al Fempa dentro de los convenios».

E hizo mención expresa a «la restauración de la biodiversidad, con una partida adicional de dos millones de euros para reforzar proyectos de conservación y recuperación de ecosistemas marinos vinculados a actividades marisqueras sostenibles».

Asimismo, el proyecto MaruxIA, «destinado al desarrollo de inteligencia artificial aplicada al marisqueo» y «dotado con una financiación estimada de 3 millones de euros» que permitirá la monitorización en tiempo real, la predicción de episodios de baja salinidad y la optimización de la gestión de los bancos marisqueros, es otra de las herramientas e inversiones a las que se aferra la conselleira.

La misma que alude a la trascendencia de los trabajos para la elaboración del Plan de Acción para la Gestión del Marisqueo en Galicia 2026-2031, y a la repercusión que tendrá a corto, medio y largo plazo el criadero de O Vicedo, «puesto en marcha el pasado mes de abril y que desarrolla sistemas de preengorde de semilla», con la aspiración de llegar a «producir anualmente dos millones de unidades de almeja japonesa y un millón de almeja babosa, entre otras especies».

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Villaverde aprovechó su comparecencia para volver a garantizar el papel mediador de su departamento entre el sector y las empresas privadas proveedoras de semilla, tratando así de lograr «un suministro estable» ahora y en el futuro.

Lo cual se complementa con «nuestro objetivo de desarrollar una estrategia propia que permita al sector alcanzar la autosuficiencia en el suministro de semilla», que es lo que se busca con el criadero de O Vicedo, «que suministrará semilla de alta calidad genética adaptada a las condiciones de las rías gallegas», y con el trabajo del CIMA, «que lleva años investigando y produciendo semilla de almeja babosa, fina y japonesa que posteriormente se entrega gratuitamente a las cofradías».

Sin menospreciar la labor del Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (Igafa), situado en A Illa de Arousa y que «también contribuye al abastecimiento de semilla, especialmente en momentos de elevada demanda».

Puesta a reflexionar sobre lo sucedido y lo que está por venir, Marta Villaverde no pudo evitar referirse al Gobierno de España, toda vez que «mientras la Xunta está trabajando por el sector desde el inicio de los temporales, resulta que las mariscadoras tienen que seguir pagando las cuotas de la Seguridad Social sin poder acudir a las playas a recoger marisco».

La titular de Mar dice entender el «lógico malestar» del sector con el Gobierno central, que es el que tiene la competencia para resolver esta situación, a través del Instituto Social de la Marina (ISM).

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Lo que sucede es que, «como siempre que se trata de Galicia, el Estado prefiere realizar anuncios de vez en cuando y, a la hora de la verdad, mirar hacia otro lado, como si así desapareciera el problema».

En este caso dejando de lado a un sector, en su mayoría mujeres, que «por causas completamente ajenas a su voluntad no puede trabajar, y sin embargo sigue injustamente obligado a abonar cuotas cercanas a los 300 euros mensuales al ISM».

Recordó, al hilo de esto, que desde su departamento «remitimos una carta formal a la directora general del ISM el 13 de marzo solicitando expresamente que todas las mariscadoras cuyos planes de gestión hayan sido suspendidos por resolución de la Consellería do Mar queden exentas del pago de las cuotas de la Seguridad Social, perciban o no la prestación del ISM, ya que no todas reúnen los requisitos para cobrarla». Pero «casi tres meses después, ni siquiera ha respondido».

Por cierto, también lamentó que el Ejecutivo estatal no haya destinado ayudas económicas a Galicia para afrontar los daños ocasionados por los temporales, a pesar de que el Consejo de Ministros declaró el pasado 10 de febrero a la comunidad autónoma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

«Comunidades autónomas incluidas en esa misma declaración, como Andalucía y Extremadura, ya han recibido apoyo económico», sentencian desde la Consellería do Mar.

Coincidiendo en el tiempo con la aplicación del plan para salvar el marisqueo gallego, el Gobierno de Portugal, a instancias del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA), ha decidido levantar la prohibición de extracción que, por razones sanitarias, pesaba sobre la captura y comercialización de la almeja japonesa (japónica) en el estuario del Tajo.

Esto va a permitir su explotación y comercialización bajo control sanitario, manteniendo las licencias ya concedidas para el presente ejercicio y reactivando los trámites de autorización que habían quedado suspendidos cuando se prohibió la actividad.

Esto es tanto como decir que el país vecino pasa a disponer de nuevo de una muy extensa y rica zona de producción, desde la que distribuir marisco a toda Europa y, claro está, también a Galicia.

De este modo refuerza la estrategia de la que ya se había informado en FARO DE VIGO hace semanas, cuando se anunció que los lusos iban a endurecer los sistemas de control y trazabilidad de sus bivalvos en beneficio propio, tratando de aprovechar esas mayores garantías para fortalecerse como productor a nivel europeo.

Esas nuevas normas se aplican desde esta misma semana, situando a Portugal en una posición privilegiada para expandirse en el viejo continente y copar mercados hasta no hace mucho dominados por la producción de bivalvos gallega, actualmente venida a menos.

Con los bancos marisqueros de esta región bajo mínimos, los competidores portugueses se saben en condiciones de avanzar comercialmente a nivel internacional, toda vez que, como indican los depuradores de moluscos de Galicia, «mientras nuestro marisqueo se está muriendo, al otro lado de la frontera los bivalvos van en aumento».

Algo a lo que se aferra Salvador Malheiro, Secretario de Estado das Pescas e do Mar portugués, cuando alude a las enormes posibilidades que brindan las nuevas normas de control tanto a sus productores como a los comercializadores.

Este representante del gobierno luso insiste en la importancia de «garantizar la calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad» de los bivalvos de su país tanto para ofrecer plenas garantías a los consumidores como para que Portugal se consolide como potencia productora en Europa.

«Nuestro objetivo es reforzar la trazabilidad, aumentar la transparencia en todo el circuito y valorizar este sector fundamental para muchos profesionales», argumenta el dirigente cuando aclara que, «si bien las nuevas normas pueden levantar dudas, hay que tener presentes sus ventajas para productores y comercializadores».

También, cabe insistir, para los que operan en la desembocadura del Tajo, donde se había determinado la «prohibición de la captura, mantenimiento a bordo, desembarque, transporte, tenencia y comercialización» de la almeja japonesa, «por razones de control sanitario y protección de la salud pública», el pasado 21 de enero.

Lo que sucede es que el 27 de mayo, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera publicó una resolución en la que dice haber constatado «una modificación de las circunstancias materiales y de los supuestos de hecho relativos a las limitaciones existentes para la captura» de dicha almeja que motivaron el cierre de enero.

Así las cosas, actualiza la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos vivos en el Portugal continental, pasando la zona de producción del río Tajo en la que se cultiva la almeja japonesa a ser clasificada como zona B, lo cual permite su captura y comercialización siempre que se cumplan los requisitos sanitarios legalmente aplicables, es decir, previa depuración, como sucede en Galicia.

Por ende, «teniendo en cuenta la reconfiguración de los mecanismos legales de control (los que entraron en vigor con fecha de 1 de junio) y los procedimientos que deben adoptarse, así como el cambio de las circunstancias de hecho que determinaron la reclasificación de la zona de producción por parte del IPMA, se considera que concurren los requisitos necesarios para levantar las prohibiciones y restricciones».

Es por ello que vuelve a permitirse «la captura, mantenimiento a bordo, desembarque, transporte, tenencia y comercialización de la almeja japonesa procedente de la zona de producción correspondiente a las aguas interiores marítimas y no marítimas del río Tajo, así como de sus lechos y márgenes integrados en el dominio público hidráulico bajo jurisdicción de la Capitanía del Puerto de Lisboa».

Esta situación ya se había vivido en plena pandemia, cuando Portugal anunció que el estuario del Tajo, hasta entonces noticia en múltiples ocasiones por la extracción ilegal de bivalvos sin garantías sanitarias y su envío a depuradoras de diferentes puntos de España, iba a abrirse al marisqueo, precisamente para implementar la expansión de los bivalvos lusos en todo el continente.

Como ya se advirtió entonces en FARO (abril de 2020), los portugueses se situaban en mejores condiciones que nunca para competir con las cofradías gallegas. Y se hacía constar que el producto extraído en el entorno del puente de Vasco da Gama iba a poder competir directamente con la almeja gallega.

Desde entonces la producción portuguesa ha ido a más, mientras que la gallega se hundía poco a poco. De ahí que cobren más peso que nunca las advertencias que hace más de un lustro lanzaban algunas cofradías y ciertos depuradores de moluscos cuando pronosticaban que «Portugal puede ser un serio competidor; un proveedor de bivalvos situado al lado de casa capaz de pelear duro con Galicia».

El consuelo que quedaba a los gallegos era que los portugueses podían competir por cantidad y precio, pero no por calidad, ya que la almeja gallega, como los demás bivalvos, tienen un aval del que ellos no disponían, como es el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar).

Pero las cosas han cambiado, y resulta que ahora, tras endurecer sus planes de control e imitar el modelo gallego, Portugal no solo compite por cantidad y precio, sino también por calidad.

Lo cierto es que, aunque algunos no lo quisieran ver así, el reforzamiento de Portugal como competidor en el mercado europeo ha ido en aumento año tras año. Y más aún desde que los bancos marisqueros gallegos dejaron de trabajarse como antes.

En abril de 2020 algunos depuradores incluso fueron muy criticados en el propio sector mar-industria cuando advirtieron de que en aquellos momentos la producción gallega estaba casi parada por completo, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, mientras que «portugueses y holandeses, que vienen pegando fuerte, e incluso los italianos, que siempre están ahí, pueden aprovechar para ofrecer sus bivalvos a nuestros clientes y ganar posiciones en nuestros mercados», como así ha sido.

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