Mariña, la chica que sufre en familia un cruel vacío asistencial

La vida de Mariña Prado Piñeiro cambió por completo al cumplir los 21 años. Hasta entonces, el Centro de Educación Especial de Vilagarcía había sido mucho más que un colegio. Era su espacio de aprendizaje, de socialización, de rutinas, de terapia y de convivencia. Un lugar en el que, según explica su familia, había encontrado estabilidad, estímulo y felicidad. Pero la normativa marca una frontera difícil de asumir para muchas personas con discapacidad intelectual: al llegar a esa edad, deben abandonar el sistema educativo. Y, en demasiados casos, al otro lado no hay una plaza pública esperando.

Mariña tiene 22 años y vive en Cambados con sus padres, Olga Piñeiro Oubiña y José Prado Tirado, y con su hermano José Prado Piñeiro, de 18 años. Desde hace un año, sus días transcurren en casa. No porque sea lo que necesita, ni porque sea lo que quiere su familia, sino porque no dispone de una plaza pública en un centro de día y el coste de una privada resulta inasumible. «Este mes cumple un año que está en nuestra casa», resume Olga, que convive a diario con una mezcla de impotencia, cansancio y preocupación.

El problema no es solo familiar. Es estructural. La falta de plazas públicas coloca a los hogares ante una disyuntiva casi imposible: pagar más de 1.000 euros al mes por unas horas de atención profesional o asumir en casa, con la ayuda que se pueda encontrar, una realidad para la que muchas familias no tienen recursos suficientes. En el caso de Mariña, su madre habla de cantidades que rondan los 1.400 euros mensuales por una plaza privada únicamente en horario de mañana. «Sabemos que hay plazas privadas, pero nos es imposible pagar 1.400 euros por una plaza en un centro para que solo esté allí por las mañanas», lamenta.

La situación obliga a reorganizarlo todo. Olga y su marido trabajan. Su hijo menor estudia. «Dependemos de familia para que la puedan atender porque mi marido y yo trabajamos y mi hijo pequeño tiene 18 años y está estudiando», explica su madre sobre la red doméstica que intenta cubrir lo que debería ofrecer un servicio especializado. La frase contiene una realidad que se repite en muchas casas: cuando no hay plaza pública, la conciliación deja de ser una dificultad para pasar a ser una lucha diaria contra el agotamiento.

Mariña tiene reconocido un 82% de discapacidad. Fue diagnosticada en BATA con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual muy grave, retraso madurativo y graves dificultades de lenguaje. Necesita atención profesional continuada, estimulación y terapias adaptadas a sus necesidades. Su madre insiste en que lo más doloroso no es solo la espera, sino comprobar cómo se van perdiendo avances que costaron años de trabajo. «Todo lo que ha podido avanzar en el Centro de Educación Especial lo está perdiendo al faltarle la estimulación que necesita», señala.

«Iba feliz al colegio y había ganado unos hábitos que ahora va perdiendo», afirma Olga, su madre

Antes de llegar al centro de Marxión, Mariña estuvo escolarizada hasta los 15 años en un centro ordinario. Después pasó al CEE de Vilagarcía y el cambio fue muy importante para ella. Su familia recuerda una progresión clara, visible, construida desde la paciencia y desde el trabajo diario de los profesionales. «Iba feliz al colegio y había ganado unos hábitos que ahora va perdiendo», afirma Olga. La madre no oculta la dureza emocional de este proceso: «Es una impotencia muy grande ver así a tu hija con la necesidad de ayuda que tiene y que no la pueda recibir. Como madre te destroza por dentro».

En su relato no hay reproche alguno hacia el centro educativo. Al contrario. Olga subraya la calidad humana y profesional del personal que atendió a su hija durante años. «Son unos profesionales como la copa de un pino», afirma. Esa valoración hace todavía más brusco el contraste entre el antes y el después. De un entorno especializado, con compañeros, profesores, rutinas y objetivos, a una espera indefinida en casa. De un día estructurado a una solución improvisada. De la estimulación permanente a la incertidumbre.

La familia de Mariña lleva mucho tiempo llamando a puertas. La joven está en lista de espera para una plaza pública, pero la espera no se traduce en una solución real. «Llevo muchos intentos. Está en lista de espera de plazas públicas, pero es una lista que no corre salvo por fallecimientos o casos puntuales. Incluso lleva más de un año de primera en la lista de espera, pero la realidad es que sigue en casa con todo lo que ello supone para todos, pero sobre todo para ella», denuncia Olga.

Esa frase, «sobre todo para ella», es la que mejor resume la preocupación de la familia. Porque el debate sobre las plazas, los recursos o las competencias administrativas tiene un impacto directo en personas concretas. En Mariña, en sus hábitos, en su comunicación, en su bienestar y en su calidad de vida. También en sus padres y en su hermano, que viven pendientes de una respuesta que no acaba de llegar.

La demanda de las familias del Centro de Educación Especial de Vilagarcía pasa por la creación de un centro de día y una residencia que permitan dar continuidad a la atención cuando el alumnado alcanza la edad límite de escolarización. El proyecto, sin embargo, no será inmediato. Y esa ausencia de plazos agranda la sensación de vacío. Para quienes hoy tienen a sus hijos en casa, cada mes de demora no es un trámite administrativo: es tiempo perdido de terapia, de socialización y de autonomía.

Olga insiste en que «hay mucha gente en nuestro caso». Familias que han visto cómo sus hijos terminaban una etapa fundamental sin que existiese una alternativa pública suficiente, accesible y cercana. Familias que conocen bien el valor de cada pequeño avance y el daño que puede provocar su pérdida. Familias que no piden privilegios, sino continuidad, atención y dignidad.

Mariña no es una cifra en una lista. Es una joven de 22 años que fue feliz en su colegio, que necesita apoyo especializado y que lleva un año esperando en casa una plaza que no llega. Su historia refleja una grieta del sistema: la de quienes cumplen 21 años y descubren que la protección que los acompañó durante su etapa educativa puede desaparecer de un día para otro. Para su familia, la reclamación es tan sencilla como urgente: que la vida de Mariña no se detenga por falta de recursos públicos.

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