La CiG acusa a UGT de boicotear la huelga del metal

La huelga del metal convocada este martes por la CIG tuvo un seguimiento reducido en O Salnés, donde la central nacionalista atribuye la escasa incidencia del paro a la confusión generada tras el preacuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la patronal del sector. El portavoz comarcal de la CIG, Anxo Lúa, mostró su malestar por lo ocurrido y acusó directamente a otras organizaciones sindicales de desmovilizar a los trabajadores.

«Derivado del preacuerdo con CCOO y UGT, una central sindical mandó una información errónea y falsa. Se anunció que la convocatoria de hoy quedaba sin efecto y mucha gente no se sumó a la protesta», señaló Lúa, que recordó que «las convocatorias de huelga las desconvocan aquellas organizaciones que las convocan». En este sentido, subrayó que la CIG mantenía el paro y lamentó que «una central sindical como UGT no puede boicotear las convocatorias de huelga».

La incidencia en la comarca fue, según reconoció el propio sindicato, «muy dispar». Salvo Extrugasa y alguna otra empresa de menor tamaño, el seguimiento fue limitado. Lúa explicó incluso que la dirección de una empresa llegó a ponerse en contacto con él para confirmar si había huelga o no. «Hubo mucha confusión», apuntó. Finalmente, el piquete comarcal se desplazó a Vigo para sumarse a la manifestación convocada por la CIG, que reunió a varios miles de personas contra el convenio pactado por CCOO, UGT y la patronal.

La central nacionalista considera que el preacuerdo «no resuelve las demandas» del sector y que supone «un convenio precipitado» que «se queda a la mitad». Lúa avanzó que la CIG no asistirá a la firma del documento y lamentó que «el sector perdió una gran ocasión para avanzar en sus condiciones», lo que obligará, a su juicio, a esperar «otros cuatro años y medio» para una posible renegociación.

Entre las principales críticas figuran la falta de garantías suficientes en materia de subrogación, subcontratación y estabilidad laboral, especialmente en ámbitos como las telecomunicaciones o el sector eléctrico. «Estamos hablando de trabajadores que no tienen ninguna seguridad laboral», señaló Lúa, que citó el caso de Elecnor, con alrededor de 180 personas afectadas. La CIG insiste en que seguirá defendiendo mejoras «empresa a empresa» pese al cierre del convenio.