Sorpresa en Vilagarcía por el bloqueo del Puerto a la conexión de dos zonas verdes

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa presentó durante la mañana de este lunes un recurso de alzada ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria contra la decisión de no autorizar y, por lo tanto, paralizar las obras para conectar el parque de Miguel Hernández y la nueva zona verde que se está haciendo en O Ramal.

Además de conectar ambas áreas, las obras tienen por objeto mejorar tanto la seguridad peatonal como el tráfico rodado. Desde el Concello muestran su sorpresa con la actitud del Puerto, alegando que «la solución es muy similar a la adoptada en otros pasos de peatones en la misma avenida de Gómez Paratcha y en la contigua de Valle Inclán, por lo que sorprende aún más la insólita decisión del Puerto, sin amparo jurídico ni técnico y más de un mes y medio después de que se solicitara informe».

Según Ravella, la resolución fue dictada por la dirección del Puerto, «que no tiene competencia para ello», y se firmó el jueves pasado a las 15.03 horas, siéndole notificada al Ayuntamiento al día siguiente.

«El gobierno local se muestra estupefacto con la actitud de la Autoridad Portuaria, que en conversaciones previas había anunciado su conformidad. En su opinión, solo intereses partidistas pueden explicar este cambio de actitud o el hecho de que si la solicitud de informe data del 27 de marzo no fuera hasta el 15 de mayo cuando se responde, contraviniendo así varios preceptos legales», añaden desde Ravella.

El Ayuntamiento sostiene que el Puerto tardó 47 días en responder la solicitud municipal, cuando tendría que haberlo hecho en solo 5

Según la versión municipal, la primera irregularidad sería que la directora no es quien para adoptar esa decisión, sino que corresponde al Consejo de Administración. La segunda, que por ley los asuntos financiados con fondos europeos tienen prioridad en su tramitación frente a cualquier otro y los plazos para la emisión de informes «quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo», mientras que en este caso el Puerto tardó 47 días desde la solicitud.

«Y la tercera, que la resolución portuaria carece de toda argumentación jurídica o técnica, al apelar a disposiciones legales aplicables que no se citan o a informes técnicos emitidos que se desconocen».

Para el ejecutivo de Alberto Varela, la decisión de la directora portuaria -«y habrá que entender que avalada por su presidente»- es «contradictoria» con el visto bueno que el propio Puerto dio a la obra de recuperación de la fachada marítima en O Ramal.

Se expone a la pérdida de fondos

«No parece muy fácil de comprender que si la zona verde ahora en construcción cuenta con la bendición portuaria aún cuando está al lado de la vía férrea, sea ahora esta vía férrea, pero vista desde el otro lado, la excusa para impedir conectar dos zonas verdes. Y más cuando ya se dijo por activa y por pasiva que en ningún caso ese nuevo paso de peatones iba a afectar en nada a los raíles, ni siquiera en el pintado del suelo», prosigue el Concello.

«Lo único que se pretende es desplazar ligeramente ese paso, mejorando la seguridad vial y la fluidez del tráfico rodado; competencias que, como se recuerda también en el recurso de alzada, son municipales, no de la Autoridad Portuaria».

El Concello advierte de que esta decisión del Puerto pueden causar «un grave daño», al estar este proyecto afectado por fondos europeos (el 100% de los 47.841 euros a invertir) y con unos plazos muy limitados: deben estar ejecutados antes del día 31 de este mes.

«En el caso de que la Autoridad Portuaria no resuelva de inmediato -incluso a favor del recurso de alzada-, no daría tiempo a hacer la obra y eso significaría la pérdida de esos fondos. Por eso, el Ayuntamiento pide que se autorice la continuidad de las obras de manera cautelar, con independencia de lo que resuelva el Consejo de Administración, pues cualquier otra decisión pone en peligro la financiación. En este sentido, el gobierno local advierte que, llegado ese caso, se reserva la adopción de otras medidas que pudieran resarcir los daños causados por una resolución a todas luces ilegal», concluye el equipo de Alberto Varela.

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