Carril verá humanizadas las calles Esperanza y Lucena con un proyecto de 416.800 euros

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa acometerá en los próximos meses la humanización de la calle Esperanza y la travesía Lucena, en Carril. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento en respuesta a una petición vecinal y financiado con los fondos de la Diputación que le corresponden al Concello, saldrán a licitación en breve y la previsión es que las obras estén concluidas a principios de 2027.

Así lo anuncaron este miércoles en la calle el alcalde, Alberto Varela, y el diputado provincial Javier Tourís. La actuación que se va a llevar a cabo está presupuestada en 416.800 euros y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

Se trata de un proyecto redactado por el arquitecto Juan Villanueva que cumple con los requisitos esenciales marcados por el ejecutivo local: incluir la revisión y renovación de las redes de servicios básicos, instalar las canalizaciones para soterrar los tendidos eléctricos y de telecomunicaciones y acondicionar la superficie con una estética acorde a la entorno y bajo criterios de accesibilidad.

La siguiente obra en Carril será la humanización de Aduana y Cruz

Así, el diseño para la calle Esperanza y la travesía Lucena mantendrá la imagen que tiene la del Carmen, con la que conecta: serán vías de plataforma única y de prioridad peatonal pavimentadas con losas de granito. Además, se creará una pequeña zona de encuentro con bancos y elementos verdes en la parte más ancha de la vía y se renovará la iluminación pública. También se proyectan recogidas de bajantes en las medianeras de los edificios para evitar que el agua vaya a la calle.

Varela anunció que después de esta obra se acometerá la humanización de las calles Aduana y Cruz, que el Ayuntamiento financiará por cuenta propia y con una aportación de fondos europeos tras negarse la Diputación a incluir la obra en el Plan Extra, como solicitara Ravella, por supuestos errores en el proyecto municipal. El importe de esta última actuación asciende a 931.000 euros, de los que la administración local pondrá los 548.000 denegados por el organismo provincial.

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