Los bateeiros se sienten amenazados por la inspección de Agencia Tributaria

Al margen de los problemas con la mejilla, mortandad por agua dulce, desprendimientos y trastornos causados en el ciclo de cultivo por efectos supuestamente derivados del cambio climático, los mejilloneros gallegos se sienten «amenazados» por Hacienda.

En algunos casos expuestos a impuestos y sanciones de hasta 1,5 millones de euros –para una sola familia–, a causa de los cambios introducidos en el sistema de inspección y tributación, los productores se ven obligados a recurrir a los tribunales de justicia para defenderse frente a lo que consideran «una posición de abuso por parte de ciertos inspectores de Hacienda».

Algunos de los cuales «actúan con prepotencia, sin atender a razones y desoyendo las explicaciones de los bateeiros sobre el procedimiento de extracción del mejillón y la existencia de bateas y barcos auxiliares compartidos por diferentes concesionarios».

La «indignación» de las asociaciones de productores va en aumento «ante esa actitud y las formas de actuación de la inspección de Hacienda, que con su proceder llegar arruina a familias enteras».

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Aunque es un tema bastante enfarragoso, los productores que han contactado con FARO DE VIGO para denunciar la situación explican, por ejemplo, que en el caso de las bateas que tienen varios titulares «la Agencia Tributaria está creando una comunidad de bienes por cada una, asignándole de oficio un CIF y sumando las ventas totales de esa batea para cobrar los impuestos a cada titular, sin tener en cuenta cuál de ellos ha hecho las descargas de mejillón, con el único objetivo de que superen los límites legales establecidos y sean expulsados del sistema de módulos para tributar en directa».

Para aclarar esto, los bateeiros explican que si los titulares de una misma basta son dos personas físicas (en módulos) y cuatro personas físicas o sociedades (en directa), y cada uno de ellos vende producto por un importe de 50.000 euros, Hacienda agrupa todas las ventas, con lo que se alcanzan los 350.000.

Y como ese importe supera los 250.000 estipulados en el sistema de módulos, Inspección Tributaria «decide excluirlos a todos de ese sistema, haciendo que tributen en estimación directa».

Lo consideran «una verdadera barbaridad», porque «cada uno de ellos no sabe lo que vende el otro, por trabajar de manera independiente, y por tanto no pueden determinar si entre todos exceden los 250.000 euros en un ejercicio». Además, «no es lógico que se mezclen los ingresos de una sociedad con los de un empresario», advierten.

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Puestos a enumerar problemas, y siguiendo con el mismo ejemplo, advierten de que «si alguno de ellos decide no vender un solo kilo de la batea, o no puede hacerlo por las razones que sean, puede quedar también excluido de los módulos si todos los demás superan el importe de los 250.000 euros».

La preocupación aumenta cuando, ante estas situaciones, los mejilloneros piden explicaciones a Hacienda «y la respuesta que nos encontramos es siempre el mismo ultimátum, de forma que o aceptas la tributación que te imponen o, si vas por disconformidad, te amenazan con imputarte ‘simulación’, con el pertinente expediente de sanción y la posibilidad de tener que pagar un 125% más».

Abundando en ello, los denunciantes aluden al caso de varios bateeiros, unos en módulos y otros en directa o en sociedad limitada que adquirieron una batea «para que cuando otra de otro polígono se vea afectada por un episodio tóxico poder trasladar el mejillón a la batea compartida y que no esté afectada por la toxina para que así se depure y poder comercializarlo».

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Para la explotación de esa batea los titulares elevaron a público, con la correspondiente escritura notarial, «un reglamento de uso entregado en la Xunta» en el que se establecen normas como que los propietarios «harán uso exclusivo de las partes delimitadas y las superficies asignadas», y que cada uno de ellos «se hará cargo de los gastos de su cuadrícula, obligándose a mantener en perfecto estado las vigas, flotadores y demás elementos que forman parte de la estructura bateeira compartida».

Incluso se establece que «cada uno de los propietarios debe ubicar en su parte de la batea los aperos, cuerdas, pequeñas herramientas y demás útiles».

Asimismo, «cada uno debe colgar las cuerdas en la parte de la batea que tiene asignada y solo puede acceder a ella por el lateral de la cuadrícula que le corresponda». Dicho de otro modo, que crearon una comunidad de bienes «única y exclusivamente para la gestión de los gastos y del uso», no para gestionar las ventas de toda la batea.

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Los damnificados sostienen que «para que la entidad se considere sujeto pasivo de IVA, tiene que desarrollar una actividad por sí misma y emitir factura, bien por la venta de producto o por prestación de servicios a terceros y asumir todos los riesgos empresariales».

Y no es el caso, dado que dicha comunidad de bienes «no emite ninguna factura, sino que lo hacen cada uno de los titulares en base a la producción obtenida por cada uno de ellos».

A pesar de lo cual, «aunque no haya una normativa que la avale, la inspección estipula que, por el simple hecho de compartir la batea y estar formalizada la comunidad de bienes, tiene que ser ésta la que emita las facturas y no cada uno de sus miembros».

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Lo expuesto hasta aquí es solo una parte de la presión que los bateeiros dicen soportar en Hacienda, pues también denuncian «persecución» en el caso de la segregación de bateas y/o el reparto de los parques de cultivo heredados y repartidos, por ejemplo, entre varios hermanos.

Cada uno puede ir por separado, pero en el momento de pagar los tributos pueden considerarlos una sola unidad, y la suma de los rendimientos de todas sus bateas también los obliga a salir del sistema de módulos.

Para más inri, los inspectores sostienen que el barco es el centro de producción, cuando en realidad lo es la batea, y no los buques auxiliares de acuicultura, que sirven de apoyo.

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La inspección incluso plantea dudas con la comercialización de mejillón mediante cooperativas o asociaciones de productores independientes, ante lo cual insisten los bateeiros en que esto «responde a criterios de eficiencia económica reconocida en todo el sector primario, como las cooperativas agrarias, centrales lecheras o lonjas pesqueras».

Lo que quieren subrayar es que «no es una estructura creada por los bateeiros inspeccionados, sino una entidad preexistente con múltiples productores ajenos, y la existencia de clientes únicos no prueba dirección empresarial común, del mismo modo que múltiples agricultores que venden a la misma cooperativa mantienen explotaciones independientes».

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