Obligan a Ribadumia a repetir un pleno y anulan todos los acuerdos

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso del Concello de Ribadumia contra la decisión del Contencioso administrativo de obligar a repetir el pleno extraordinario del pasado mes de julio por no haber celebrado el ordinario con anterioridad. Esta decisión implica la nulidad de todos los puntos de la orden del día, que deberán ser presentados en un ordinario «conforme al calendario aprobado por el propio pleno, garantizando la participación de todos los concejales y el ejercicio de las funciones de control y fiscalización».

La decisión se tomó después de que el grupo Somos Ribadumia, liderado por Sergio Soutelo, impugnase el pleno extraordinario del pasado 31 de julio después de que el grupo de gobierno, encabezado por David Castro, no hubiese celebrado el pleno ordinario, que debía celebrarse el día 3. Somos ese reveló, al entender que pretendía «pasarlo por sustituto del ordinario que se había saltado, pero no cumplía los requisitos para ello». En ese momento, la formación de Soutelo presentó un escrito solicitando que se corrigiese la situación y se convocase el pleno de forma correcta. «La respuesta de Castro fue el absoluto desprecio hacia nuestro edil y nuestra formación, llegando a asegurar en ese pleno que se negó a modificar que nuestra posición estaba basada en opiniones y que no cabía la posibilidad de impugnar la sesión», explican desde Somos.

La formación considera que la sentencia «pone en su sitio a Castro» y lamenta el coste que le va a suponer al Concello el proceso. «En un primer momento, las costas se tasaron en 400 euros, pero Castro no pudo soportar esta bofetada y presentó un recurso ante el TSXG, que viene a desestimarlo y confirmar la sentencia en todos los términos, lo que supone que las costas se vayan a los 1.500 euros, a los que hay que sumar los costes en abogados y procuradora del Concello, y los del pleno anulado, es decir, más de 5.000 euros lleva tirados Castro con ese comportamiento».

Somos reconoce que el gobierno local tiene la opción de interponer un recurso de casación, considera que «no tiene ningún sentido y supondría un mayor coste para los vecinos, que se verían obligados a asumir un capricho». Insisten en que no van a permitir que Castro «juegue al despiste con los plenos, que nos niegue el acceso a la documentación o que nos impida cumplir con nuestra función de defender a los vecinos».

Suscríbete para seguir leyendo