Las acusadas del robo a un procurador de Cambados declaran por videoconferencia
El marido de una de ellas, tía y sobrina, se sentó el banquillo, pero la Fiscalía no pide prisión para él, aunque sí responsabilidad civil

El marido de una de las principales acusadas ayer en la Audiencia de Pontevedra. / Gustavo Santos
R. A.
La Audiencia de Pontevedra acogió hoy la vista contra dos cambadesas acusadas de robarle a un procurador de la localidad algo más de 600.000 euros mediante cheques. Ambas, tía y sobrina, testificaron por videoconferencia y el único presente en el banquillo de los acusados fue el marido de esta última, para el que el Fiscal no pide prisión, pero sí que responda en su condición de responsable civil a título lucrativo al estar casado en gananciales, pues aunque «no consta que hubiera participado en el plan, sí obtuvo un incremento patrimonial», señalaba el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales, ante de la vista prevista para ayer.
Cabe recordar que pedía para cada una de las principales acusadas siete años de prisión, multa de 9.000 euros e indemnizar al profesional en la cantidad de 635.000 euros al considerar los hechos denunciados como un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad documental mercantil cometido por particular.
El caso se remonta a 2018, cuando el procurador denunció los hechos, señalando a una empleada que llevaba 27 años trabajando con él en el cargo de oficial habilitada. Como tal, se encargaba del control interno de la contabilidad, facturación de ingresos y gastos, realización de pagos, supervisión de movimientos bancarios, en particular de los relativos a las cuentas de consignación judicial, gestión de talonarios de cheques...
Entre los años 2002 y 2016, su sobrina también trabajó en el despacho, inicialmente como auxiliar de secretaría, pero fue adquiriendo nuevas atribuciones relacionadas con cuestiones económicas y «todo ello bajo las indicaciones y supervisión» de la otra acusada, según sostenía el fiscal.
Este consideraba que entre 2014 y 2018 ambas «desarrollaron un plan» con el «propósito de obtener un beneficio patrimonial» con el siguiente modus operandi: la veterana entregó a su pariente diversas chequeras vinculadas a cuentas bancarias del despacho incluso cuando se habían agotado. El fiscal considera que así, la sobrina redactó 692 cheques por diferentes importes a su favor y con cargo a seis cuentas bancarias en las que figuraba como titular o cotitular con su marido e incluso con su hijo menor. Todo ello, «a sabiendas de su mendacidad», añadía en su escrito.
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