Marcial Dorado y otros: los «narcookupas» crecieron en 2025 y preocupan al Estado

Los narcotraficantes, más allá de su consideración social, no son ajenos a ese anhelo tan humano de tener un hogar. De ahí que utilicen todos los recursos a su alcance cuando el Estado los despoja de inmuebles que consideran como tal, aparte de otras propiedades que hayan podido obtener a modo de inversión.

El caso más conocido es el del isleño Marcial Dorado, pero no es el único «narcookupa» que enfrenta el Plan Nacional sobre Drogas. En la última memoria de su Fondo de Bienes Decomisados, correspondiente al año 2025, alerta del «incremento de los casos de ocupación ilegal» y de una manera «muy habitual» por los propios condenados o por sus familias. Para intentar solucionar este creciente problema pedirá auxilio a la Abogacía del Estado.

Por su naturaleza, las gestiones para que estos bienes comprados con el dinero de la droga sirvan al propósito del decomiso, vender para reparar en cierto modo el daño a la sociedad, siempre han sido «uno de los mayores problemas» que sufre. Desde la existencia de cargas hipotecarias, imposibilidad de localización, problemas a la hora de registrarlos a nombre del Estado por estar a nombre de terceros sin carga penal… Pero el aumento de ocupaciones ilegales en los últimos tiempos preocupa en gran medida, pues los procesos judiciales de desalojo «son extremadamente largos» y además de privar la posibilidad de darle un destino legal, generan más gastos a la administración.

En el caso de Dorado, que vive en el chalé de O Lagartiño desde su salida definitiva de prisión, hace exactamente diez años que el Supremo emitió la sentencia firme obligatoria para abrir la puerta a la inscripción como propiedad pública. Sin embargo, los pleitos se han sucedido desde entonces y aunque en 2019 se realizaba este trámite, y hay sentencias a favor de la administración, su entorno no ha dejado de recurrir y a día de hoy se sigue a la espera de una nueva resolución judicial en firme para desalojarlos. Cabe recordar que, como avanzó FARO, el Concello ha mostrado interés por esta propiedad valorada en más de un millón de euros, para convertirla en un punto de encuentro intergeneracional.

Pero no es la única demostración de hasta dónde son capaces de llegar los despojados respecto a determinadas propiedades. El año pasado, el Fondo tuvo que suspender una subasta de 13 lotes porque alguien llevó ante los tribunales un error en el BOE sobre el plazo de publicación. Entre ellos había cinco vinculados al de A Illa, como la decena de bajos comerciales en Santiago de Compostela que ya se han intentado vender en varias ocasiones anteriores.

También a otro histórico, el cambadés Sito Miñanco, a raíz de la operación «Suntuaria», de hace 17 años. Un chalé en Montalvo, valorado en 451.000 euros; 21 fincas urbanizables en este mismo paraje de la costa de Sanxenxo; un pequeño chalé ubicado en O Rial (Vilagarcía), valorado en 168.000 euros y un bajo comercial en Portonovo, cerca de la lonja. La intención del Plan es realizarla este año, convencido de la obtención de una resolución favorable que todavía no ha llegado.

Para intentar atajar esta proliferación, los gestores del Fondo quieren implicar aún más a la Abogacía del Estado con el fin de instarle a que plantee ella misma las acciones judiciales respecto a este tipo de propiedades, pero sobre todo en las relacionadas con la ocupación ilegal o la división de cosa común, cuando el decomiso no abarca el 100%.

Esto será posible porque, según recoge en su memoria, tras muchos años reclamando más personal, en 2025 se cubrieron puestos que les van a permitir «ampliar la actividad de relaciones» con estos servicios jurídicos. Esta dotación humana le ha posibilitado «mejorar sensiblemente la gestión» del Fondo en general, pero mantiene viva la reivindicación porque «aún existe la necesidad de continuar con el incremento de la plantilla».

Galicia, la cuarta en decomisados en 2025

Galicia se situó en 2025 como la cuarta comunidad española en número de bienes decomisados. El cambio de paradigma del narcotráfico está consolidando a Andalucía como la primera en los últimos años y a mucha distancia: 132 frente a 405. Pontevedra lideró nuevamente las cifras gallegas con 70 incautaciones, seguida de A Coruña, con 44, y Lugo y Ourense, con 4 y 14, respectivamente.

Como en el total español (1.405), la mayor parte fueron objetos (79) y vehículos (48) y no hubo ningún inmueble. En cuanto a subastas, la única relacionada a este territorio no se pudo celebrar por un recurso judicial, pero la memoria del Fondo destaca la compra de terrenos por parte del Concello de A Illa para construir vivienda pública y un gran parque; proyectos aún muy incipientes.

En cuanto al reparto de fondos obtenidos con ventas como estas para reducción de la demanda y control de la oferta de estupefacientes, el Plan sobre Drogas consignó 429.000 euros para diferentes iniciativas en Galicia. En total, destinó 8 millones a las comunidades y a esto hay que sumar aportaciones a investigación, fuerzas de la lucha antidroga… Haciendo un total de 20 millones.

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