La burocracia atenaza a las mariscadoras: aún sin cobrar y sin baja profesional

Para muchas mariscadoras de la ría de Arousa, estos primeros meses de 2026 se están haciendo muy largos. Hay agrupaciones que no extraen marisco desde finales de febrero y, por lo tanto, hay mujeres sobreviviendo sin ingreso alguno desde hace dos meses. Una situación que, según el personal de las cofradías que asesora a las mariscadoras en cese de actividad, aún podría tardar en resolverse.

Pero por si esta falta de ingresos no fuese ya suficiente, las mujeres acogidas a los ceses de actividad están descubriendo ahora con sorpresa que durante los próximos meses podrían no tener derecho a baja profesional en caso de sufrir un accidente mientras limpian las playas de algas o trasladan marisco. Sí estarían protegidas, pero mediante una baja por enfermedad común.

Los sucesivos temporales del pasado invierno causaron una mortandad sin precedentes en las poblaciones de almejas y berberechos de varias cofradías. Con la práctica totalidad del marisco muerto debido al exceso de agua dulce y la dramática pérdida de salinidad, las agrupaciones de marisqueo afectadas han solicitado a la Consellería do Mar el cese de actividad, por un periodo de tiempo de entre seis meses y un año. Durante ese tiempo, las mujeres cobrarán en torno a 1.000 euros brutos mensuales, que se corresponden con el paro al que tienen derecho, como cualquier otro trabajador.

Al estar en cese, las mariscadoras no podrán extraer y vender marisco, pero sí tendrán que seguir realizando tareas complementarias, como la retirada de algas, el traslado de marisco o las vigilancias. Algunos de estos trabajos requieren un importante esfuerzo físico y presentan riesgos para la salud por caídas, levantamiento de pesos u otras causas.

Sin embargo, las mariscadoras que sufran alguna de estas dolencias trabajando en la playa mientras estén en cese de actividad no tendrán derecho a la baja profesional, y tendrán que conformarse con la baja por enfermedad común, menos remunerada y con un menor grado de protección social.

Muchas mariscadoras desconocían esta limitación a la que estarán expuestas durante los próximos meses (en algunos casos, hasta un año), y han mostrado su descontento ahora, al ser informadas por los técnicos de sus cofradías.

La pérdida del derecho a la baja por accidente laboral o por enfermedad profesional se producirá si el Instituto Social de la Marina (ISM) exonera finalmente del pago de las cuotas a las mariscadoras, pero sin conservarles el mismo grado de protección social del que gozan en la actualidad. Si finalmente no pagan el seguro, las mariscadoras se ahorrarán casi 300 euros al mes, pero en cambio posiblemente vean rebajado su grado de protección ante un eventual accidente de trabajo en las playas e incluso ante una enfermedad incluida en el catálogo de dolencias profesionales.

Es más, si finalmente el ISM aprueba la solicitud de la Xunta y exonera a las mariscadoras del pago de las cuotas de la Seguridad Social, todos estos meses de cotización no les computarán a efectos de rebajar la edad de jubilación.

Por ello, desde el sector se ha planteado que la fórmula de solicitar la condonación de las cuotas de la Seguridad Social no es la adecuada, y que lo que debió hacer la Xunta es conceder ayudas económicas directas a las mariscadoras para que siguiesen pagando el seguro. De este modo, apuntan dichas fuentes, las mariscadoras tendrían el mismo grado de protección del que gozaban cuando podían extraer marisco y se evitarían disgustos en caso de accidente o lesión durante una limpieza o resiembra en la playa.

En cambio, las mariscadoras sin derecho a paro por llevar poco tiempo trabajando y que se sumen al convenio de la Xunta (que pagará 14 euros por cada hora de trabajo en tareas de regeneración, hasta un máximo de 700 euros) sí tendrán derecho a la baja profesional en caso de necesitarla. En su caso, sí podrían acogerse a esta prestación porque seguirán pagando de su bolsillo la Seguridad Social. A cambio, eso les supondrá ver mermados sus ingresos a poco más de 400 euros al mes.

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