Adif saca a concurso el proyecto de construcción del apeadero de Valga

El Concello de Valga, con el alcalde conservador José María Bello Maneiro a la cabeza, lleva muchos años peleando para que se construya una pequeña estación de ferrocarril en su término municipal y hagan parada en el mismo los trenes de cercanías que cubren la línea entre Vigo y Santiago.

El regidor no está solo, sino que tiene el apoyo del pleno de la Corporación, del vecindario –participó de forma masiva en una campaña de recogida de firmas–, del sindicato Comisiones Obreras y empresas tan potentes a nivel nacional e internacional como Extrugasa, Exlabesa, Urovesa y ODL.

Unos y otros coinciden en la conveniencia y necesidad de construir el ansiado apeadero para favorecer la competitividad del transporte de mercancías y dar servicio a los usuarios en general.

Ahora se concreta, más si cabe, el apoyo más trascendente, como es el del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que acaba de sacar a concurso la redacción del «Estudio de alternativas y proyecto de construcción y para la dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud de las obras correspondientes a la construcción del nuevo apeadero de Valga» en la en la línea de casi 28 kilómetros Vilagarcía–bifurcación Angueira.

2 millones de euros

Un trazado paralelo a la línea de Alta Velocidad del Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo que se caracteriza por ser de vía única, no electrificado y con señalización ASFA, es decir, Anuncio de Señales y Frenado Automático, que es el principal sistema de seguridad ferroviaria en España, diseñado para evitar que los trenes rebasen señales en rojo o excedan velocidades permitidas.

Todo un acontecimiento que se concreta en una inversión de alrededor de 214.000 euros (sin impuestos) para la realización de los estudios citados y derivará en un plazo de espera estimado de cinco o seis años, dependiendo de cómo avancen el proceso de contratación –el plazo de presentación de ofertas finaliza el día 28–, los convenios que será necesario establecer, las posibles expropiaciones y la posterior ejecución de las obras, con una «inversión máxima admisible» de 2 millones de euros, sin IVA, para que el proyecto sea «socialmente beneficioso».

Adif confía en ello, desde el convencimiento de que la construcción del nuevo apeadero «responde a una necesidad pública objetiva».

Y así consta en el «Estudio de demanda de la nueva estación de Valga», datado en noviembre de 2023 y que alude a un análisis de movilidad, una evolución de la demanda y un balance socioeconómico positivo que «justifican plenamente la intervención, al permitir mejorar la conectividad, reducir los costes externos por captación de usuarios y atender adecuadamente a la población usuaria mediante infraestructuras ferroviarias seguras y accesibles».

En una primera fase, que se prolongará durante quince meses desde su puesta en marcha, se procederá a la redacción del estudio de alternativas y del correspondiente proyecto constructivo, «con el fin de desarrollar la solución técnica más adecuada para la implantación del nuevo apeadero ferroviario».

Será durante este proceso cuando se definan con detalle las actuaciones a realizar «para garantizar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad del apeadero, así como su integración en el entorno y la adaptación a los condicionantes normativos y operativos existentes».

Se trata, en síntesis, de «adaptar la infraestructura ferroviaria a las necesidades actuales de explotación, incorporando un andén de dimensiones adecuadas», así como «accesos claros y seguros que permitan un uso eficiente y sostenible» de la nueva estación, garantizando en todo momento «la accesibilidad universal y la comodidad del usuario».

Al mismo tiempo se intentará aportar soluciones que faciliten la conexión del apeadero con los servicios de transporte ya existentes, «mejorando la movilidad en la zona y asegurando la continuidad del servicio ferroviario durante la ejecución de las obras».

Eso sin perder de vista la «definición de recorridos accesibles, señalética clara y equipamientos adecuados, incorporando criterios de sostenibilidad como la instalación de sistemas de eficiencia energética y materiales duraderos que reduzcan el impacto ambiental».

Zona inundable

En el momento de abordar este proceso se tendrá muy presente que el emplazamiento inicialmente propuesto por el estudio funcional realizado se encuentra próximo a una zona inundable, «lo que obliga a valorar tanto la posibilidad de modificar su ubicación como la adopción de medidas de mitigación».

Al igual que está próximo al río Ulla y la Red Natura 2000, lo cual «añade la necesidad de analizar las posibles afecciones ambientales» antes de ejecutar la obra.

Se buscarán, en cualquier caso, soluciones constructivas que garanticen un andén recto de 160 metros, que es la «longitud óptima» para la explotación ferroviaria, que funcionará sin personal «mediante instalaciones telemáticas y recorridos claros y seguros para los viajeros, evitando confusión en los accesos».

Al referirse a esto, Adif advierte de que el estudio de esta primera fase «debe incorporar una estimación económica que garantice que todas las soluciones se ajusten al límite de 2 millones de euros, así como la compatibilidad con otras actuaciones ferroviarias previstas y de asegurar la continuidad del servicio ferroviario durante la ejecución de las obras».

Será una vez aprobadas las soluciones recogidas en el estudio de alternativas cuando se proceda a la redacción del proyecto de construcción «con el grado de detalle necesario para definir las obras y su proceso de ejecución».

En cuanto finalice la primera fase comenzará la segunda, con 24 meses de plazo para «la prestación de los servicios para la dirección facultativa, el control de calidad y la coordinación de seguridad y salud de las obras correspondientes a la construcción del nuevo apeadero, incluyendo todas las tareas necesarias para garantizar la correcta ejecución de las obras conforme a las condiciones de calidad, ambientales y de seguridad establecidas».

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