Cuatro millones de euros públicos cerrados a cal y canto en Cambados

El polígono industrial de Sete Pías se ha quedado pequeño y está en marcha una ampliación cuyos trámites son complejos, así que es cosa de varios años, por lo menos. Empresas que buscan crecer o que quieren asentarse las hay, y el propio Concello necesita espacio para reubicar servicios.

Y ante todo esto hay unas instalaciones de 3.000 metros cuadrados y que costaron 4 millones de fondos públicos cerradas a cal y canto. Se trata de la Plataforma Loxística Inversa de Sete Pías construida hace una década y que apenas funcionó.

Su creación como punto de reciclaje no ha dado más que quebraderos de cabeza a la administración local y los sigue dando. El Ayuntamiento de Cambados espera retomar este 2026 el cuarto intento de rescindir el contrato con la concesionaria para poder tomar posesión de un equipamiento construido en un terreno municipal. El año pasado anunció lo mismo tras una sentencia judicial que daba al traste con el tercero.

El alcalde, Samuel Lago, disculpa la demora en la «carga de trabajo» administrativo, sobre todo del departamento de Secretaría «unido a la rotación de personal, pues hemos estado con un técnico temporal hasta hace unas semanas».

Asimismo reconoce que han estado priorizando las licitaciones de proyectos, que van con retraso, también por falta de personal ante cambios sustanciales en estos procedimientos, y sobre todo porque hay una importante lista de subvencionados y «no podemos arriegarnos a perder los fondos».

Y el caso de esta nave solo es una cuestión de espacio, también es económica, pues el Ayuntamiento sigue reclamando a la concesionaria el canon acordado en su día, en 2011, cuando Diputación y Concello impulsaban este proyecto. Así, habría contraído una deuda que supera bien el millón de euros a razón de 104.000 euros al año. «Seguimos girando el canon cada trimestre, así que la deuda sigue creciendo, por eso también me sorprende que siga litigando», añade el primer edil.

Cabe recordar que ambas partes están de acuerdo en romper esta relación contractual, pero mientras la administración insiste en una rescisión culpable, la empresa adjudicataria, Unión Temporal de Empresas Estévez Container Orensanos-Soil Recovery, defiende que sea de mutuo acuerdo.

Varias sentencias le han dado la razón al Concello, indicando que «incumplió obligaciones» como el pago del canon y desestimando el alegato empresarial de que no le aportaron la cantidad suficiente de residuos para que la actividad resultara viable económicamente y que por este motivo no cumplió.

La última resolución es de hace más de un año, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, señalando además que tenía que haber «calibrado si el contrato podía serle beneficioso o no». Pero como casi todo en este fracasado proyecto, no fue el final: los magistrados reconocieron que el procedimiento municipal de rescisión de 2021 había caducado. Y es que fue necesario pedir un informe al Consello Consultivo de Galicia que también se demoró. Así que, a por el cuarto intento.

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