Visto para sentencia: el exgerente de Porto de Cambados niega el desfalco

El juicio por el presunto desfalco de la empresa Porto de Cambados de la cofradía quedó hoy miércoles visto para sentencia después de la presentación del informe del perito judicial y de la declaración de los dos acusados, el exgerente y su pareja, que negaron un enriquecimiento personal y solo respondieron a preguntas de Fiscalía y su defensa.

Su abogado pidió la libre absolución de ambos y las acusaciones mantuvieron sus cargos, acusándoles como presuntos autores de un delito continuado de administración desleal y apropiación indebida.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para el principal acusado, J.L.S.R., y dos para J.B.C. El abogado que defiende los intereses del pósito, Ramón Sabín, solicitó un total de 16 años de privación de libertad para el exgerente y nueve para ella por un delito de receptación.

Ahora la Audiencia de Pontevedra tendrá que pronunciarse sobre la causa que la semana pasada tuvo la primera vista con el pase de una larga lista de testigos. En la de hoy, el perito judicial se ratificó en su informe de evaluación de las cuentas de la firma dedicada a la evisceración y comercialización de vieira, principalmente.

Según el letrado del pósito, señaló un desequilibrio de algo más de 80.000 euros, lo cual se aproxima a los cien mil que le atribuyen ellos por, presuntamente, no ingresar en las cuentas de la empresa pagos en metálico entregados por clientes y hacer un uso indebido de la tarjeta otorgada para cubrir gastos en el desempeño de su cargo.

Durante su comparecencia, J.L.S.R., declaró carecer de formación contable suficiente, justificó algunos gastos puestos en duda como que llegó a usar su coche particular para actividades relacionadas con su trabajo, pero según Sabín, ambos «incurrieron en alguna contradicción». De hecho, en su opinión, sus explicaciones reforzaron la tesis de la Cofradía, que llegó a cifrar el agujero en unos 200.000 euros.

Por su parte, el Ministerio Público solo ha considerado probados unos 36.000 euros de gastos presuntamente sin justificación ni autorización y de apropiaciones. En su caso, considera a su mujer como cooperadora necesaria y pide para ella dos años de cárcel. Tanto ella como otros familiares llegaron a trabajar en la planta de Tragove, algo que durante la sesión el exgerente justificó con su experiencia en este tipo de empleos.

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