Ravella busca una vía de escape para Casa Jaureguízar en un reciente cambio legislativo

Dentro de poco se cumplirán cuatro meses desde que Patrimonio de la Xunta rechazó declarar en ruina técnica la Casa Jaureguízar y desde el Concello aseguran que están evaluando el modo de encajar su exigencia de no derribar gran parte de la estructura, pero también las posibilidades jurídicas abiertas tras un reciente cambio legislativo.

La modificación de la Lei de patrimonio cultural de Galicia que entró en vigor a principios de año deja la puerta abierta a que no necesite de su permiso porque ahora, entre otras cosas, ya no hace falta su informe preceptivo si la actuación no afecta a ningún elemento catalogado con protección integral ni a su entorno de protección.

La tesis municipal esgrimida desde siempre es que este edificio construido hace 75 años, copiando la arquitectura tradicional vasca, tiene una protección baja, además de escaso interés arquitectónico más allá de su fachada, el cierre o los forjados de hierro. Elementos singulares que se comprometían a mantener cuando solicitaron el derribo de la estructura dados los graves problemas y patologías detectados.

Sin embargo, para el departamento autonómico su valor va más allá y en noviembre, en su informe de rechazo a la declaración de ruina, le planteaba la existencia de soluciones técnicas que permitirían conservar la envolvente y que Ravella asegura que también está evaluando.

Y mientras que la vivienda que un día fue propiedad del narcotraficante Marcial Dorado se pudre en los despachos, en la calle, en pleno centro de la ciudad, se ha convertido en un foco ruinoso.

Desde el gobierno local defienden que son los «más interesados» en desbloquear el asunto porque, entre otras cuestiones, ya les ha costado la pérdida de financiación concedida para la rehabilitación, además de «todas las gestiones y el esfuerzo económico» puesto para comprársela al Plan Nacional sobre Drogas hace justamente ocho años.

En todo caso, se exculpan de la responsabilidad de esta increíble tardanza: «Si lleva años de espera, no es a causa del Concello, sino de las demoras, cambios de criterios y demás decisiones de Patrimonio», se quejan desde Ravella. Un lamento constante, sobre todo porque aseguran que la declaración de ruina se había consensuado con sus responsables.

Cabe recordar que su propósito es convertirla en un centro social para las personas mayores, lo cual les parece destacable; que «un bien incautado tenga finalmente un uso en beneficio de la sociedad».

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