Cárcel y 700.000 euros en indemnizaciones por vender máquinas chinas de cirugía estética sin licencia

Un empresario de Meaño se enfrenta a doce años de prisión y al pago de casi 800.000 euros en concepto de responsabilidad civil y multas por haber vendido quince máquinas de cirugía estética y de importación china sin autorización de la marca propietaria y tras falsificar sus certificados para que parecieran las originales.

Los hechos sucedieron hace diez años, cuando este hombre, que tiene antecedentes penales cancelables, constaba como administrador único y representante legal de una mercantil dedicada a la aparatología médico-estética ubicada en la esta localidad saliniense.

La Audiencia de Pontevedra ha reservado toda la semana que viene en la Sección Segunda para celebrar su enjuiciamiento, que empezará el lunes.

Según el Ministerio Público, el empresario importó de China quince máquinas de cirugía estética rotuladas con los nombres de una marca registrada a nivel comunitario por la mercantil Ulthera, pero sin contar con su autorización ni con la de la empresa Merz Pharma que tiene los derechos de explotación en España.

De este modo, «guiado por el ánimo de obtener un beneficio económico injusto a costa de lo ajeno, distribuyó dichas máquinas». Así, vendió equipos de ultrasonido, de lifting… A 15 personas que, en algunos casos, suscribieron contratos de leasing y renting con bancos y empresas dedicadas a este tipo de préstamos para negocios.

Se trata de equipos costosos que rondaban los 4.000 y los 17.000 euros del más barato y el más caro.

Siempre según el escrito de acusación, los compradores transfirieron el dinero a dos cuentas bancarias de las que era titular el administrador de la empresa ubicada en Meaño, el cual obtuvo un beneficio económico de 124.549 euros.

Además, «falsificó los certificados de CE de los equipos vendidos con el ánimo de menoscabar la fe pública del tráfico mercantil, aparentando su legítima procedencia de la ENC, de la Anmat y de La Bacl, entidades oficiales autorizadas para su expedición».

Cada uno de los defraudados reclama el importe que le pagaron y que no han recuperado y la mercantil española pide 652.800 euros por el perjuicio sufrido por el lucro cesante, correspondiente con el 60% de beneficio que hubiera obtenido con la venta de cada aparato original de la marca registrada.

Toda la maquinaria ha sido ya destruida y la Fiscalía le acusa de haber cometido un delito continuado contra la propiedad industrial, por lo que sea condenado a seis años de prisión, y otro de falsedad en documento mercantil, por lo que solicita otros tantos años de privación de libertad, además del pago de 10.950 euros de multa. También solicita que indemnice a los perjudicados en el importe defraudado y en el caso de la empresa legítima, en la cifra mentada anteriormente.