Guerra institucional entre el Concello de Vilagarcía y la Diputación por la exclusión del II Plan Extra

Las exclusiones del II Plan Extra han abierto un enfrentamiento entre el Concello de Vilagarcía y la Diputación que ha acabado en el terreno del uso partidista de las instituciones. El alcalde socialista abrió la espita atribuyéndolo a un «interés puramente electoral» y anunciando que irán a los tribunales si hace falta. Poco tardó el gobierno provincial en replicarle, pidiéndole una «rectificación de inmediato» porque «ningún fracaso de gestión municipal puede ser imputable a la objetividad con la que se reparten los fondos».

Desde el Ejecutivo del popular Luis López «lamentan» la pérdida, pero lo atribuyen al «fracaso» de su gestión asegurando que les concedieron «multitud de oportunidades para subsanar los errores» que motivaron la exclusión. Así, relataron que el primer requerimiento se lo mandaron el 8 de enero porque el proyecto carecía de «gran parte de los apartados exigidos» por las bases. También desvelan que pidió una prórroga «vista la complejidad de las enmiendas solicitadas» y que el arquitecto «estaba de vacaciones», pero «no podía concederse en este tipo de procedimiento».

Siempre según las mismas fuentes, finalmente, el Ayuntamiento respondió, pero lo hizo fuera de plazo y con un informe «en el que no se recogen la mayoría» de los extremos solicitados.

En cambio, el regidor defiende la subsanación enviada por su arquitecto, que también es el redactor del proyecto afectado; la humanización de las calles Aduana y Cruz, para lo que habían pedido ayudas que podían superar los 300.000 euros. «No es una decisión inocente que los dos únicos Concellos excluidos sean del PSOE, responde a un interés puramente electoral y no vamos a consentir este ataque porque además, tenemos toda la razón», declaró.

De hecho, mostró «todos mis respetos» a los técnicos de la Diputación, pero acusó a sus jefes políticos de «cambiar las formas y el fondo» de las relaciones de la Diputación con los Ayuntamientos. Y es que al igual que el otro afectado, Cambados, cree que antes de descartarlos tendrían que haberles llamado: «Hasta ahora había una interlocución constante y ante la discrepancia entre técnicos se llamaba e intentábamos llegar a una solución, pero ahora hay una directriz política. Estoy convencido de que esto no hubiera pasado con un Concello del PP».

Sobre todo porque «no estamos hablando de la Catedral de Santiago, no es una obra complicada, es cambiar el pavimento, entre otras cosas, y la prueba de que es ejecutable es que el proyecto está redactado por la misma persona que hizo la calle del Carmen», abundó.

Con todo, garantizó a los vecinos de Carril que se hará. Ya tienen una parte de fondos europeos y para el resto mirarían de incluirla en el presupuesto municipal: «Tenemos capacidad gracias a una buena gestión económica». Pero antes van a pelear la exclusión. Interpondrán un recurso de reposición ante la propia entidad, que es el camino a seguir, pero teniendo en cuenta sus acusaciones, Varela ya se ve interponiendo un contencioso-administrativo: «No van a querer darnos la razón».

El socialista defendió su tesis hasta el punto de que dijo sobre López: «Me gustaría que alguien me respondiera si es compatible el cargo de presidente de la Diputación con el de presidente del PP en Pontevedra. Lo dudo porque puede influir en la toma de decisiones».

Asimismo lamentó que los populares de Vilagarcía «asuman la tesis provincial sin ni siquiera hablar con los técnicos municipales. Es una lástima que no defiendan a sus vecinos». También les replicó que «somos uno de los gobiernos que más fondos han captado de otras administraciones, si no el que más», pero «ellos en año y medio no fueron capaces de ejecutar Arousa 2021 y los devolvieron. No están para dar lecciones».

Para la Diputación, las acusaciones del alcalde también son «intentos de presionar» a sus trabajadores, «los mismos que informaron favorablemente» en anteriores peticiones vilagarcianas y que «desempeñan su labor con rigor y en cumplimiento de la legislación y las bases». También defendió su «imparcialidad» y como «prueba» de la «objetividad de su trayectoria», recordó los 8,3 millones de euros concedidos a la ciudad desde que gobiernan los populares, así como que este II Plan Extra deja 5,9 millones de euros «a Concellos de O Salnés y Arousa de diferente color político, entre ellos, cinco no gobernados» por ellos.

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