Cambados recurrirá su exclusión del Plan Extra y ve «mala fe» en la Diputación

El Concello de Cambados va a recurrir su exclusión del II Plan Extra asegurando que su falta era subsanable e invocando el plazo de aviso y corrección recogido en las propias bases. De hecho, acusa a la Diputación de Pontevedra de haber actuado de «mala fe».

En el otro municipio arousano que ha quedó fuera de este programa, Vilagarcía, el asunto ha removido al principal partido de la oposición que lo atribuye a una «mala gestión» del gobierno socialista y exige «explicaciones y asumir responsabilidades».

La decisión deja a ambas localidades sin subvenciones que podrían haber alcanzado unos 700.000 euros conjuntamente y, por tanto, la humanización de la calle Aduana de Carril y la construcción de un skatepark en el aire.

Vilagarcía ya anunció el lunes pelea administrativa y Cambados también lo hará. Su alcalde, Samuel Lago, se queja en primer lugar de que de la exclusión ni siquiera es efectiva.

Asegura que de momento es una propuesta que debe abordarse en la comisión de este viernes e ir a aprobación en el pleno del día 27, aunque es una certeza porque el gobierno de Luis López tiene mayoría y sobre todo porque él mismo la desveló en un comunicado de prensa sobre las ayudas que va a repartir con la segunda edición de este plan.

«Solo es un 4% de diferencia»

Tal antelación y el hecho de no haberlo comunicado primero de manera oficial a los afectados ha molestado sobremanera. «Que se anuncie sin ni siquiera haber resuelto el programa nos genera una clara situación de indefensión, pero es que además todo se ha hecho a mala fe», se queja el regidor socialista.

Se refiere a que, en su caso, el problema era que el presupuesto presentado para el skatepark de O Pombal, de 429.989 euros, no alcanzaba el mínimo exigido -450.000-, es decir, «se trataba de una diferencia de un 4%, unos 20.000 euros. Era tan poca cosa que era fácilmente subsanable añadiendo incluso alguna actuación más. Pero sobre todo, es de buena praxis y buena fe avisar. Antes se hacía, incluso extraoficialmente nos llamaban para guiarnos y explicarnos si había algún error que se podía solucionar».

Pero más allá de la deferencia o la cortesía institucional, el cambadés se aferra a lo dicho en las propias bases publicadas a finales del año pasado en el BOP y sobre todo tras analizarlas junto a los servicios jurídicos.

Defiende el regidor que no entran en los casos de exclusión directa contemplados en la cláusula décimo primera de presentación de documentación complementaria. «Presentamos toda la documentación esencial y el proyecto y además en esta misma disposición y en otra se indica que, en caso de defecto o error, se le requerirá al afectado para que enmiende las faltas u omisiones enmendables en el plazo máximo de diez días y lo nuestro lo es», reiteró.

En cuanto a Vilagarcía, el PP presentó una solicitud de información por registro, pues considera que este revés «es consecuencia de una mala gestión» y quiere conocer de manera detallada el expediente que obra en el Concello porque los vecinos «tienen derecho a saber lo que se hizo mal». Es más, por respeto a quien «paga religiosamente sus impuestos», creen que el Ejecutivo de Alberto Varela «debe dar explicaciones y asumir responsabilidades», pero «sin mentiras, no como pasó con los fondos Edusi», advierte su portavoz, Ana Granja.

«Gobierno agotado»

Y es que además de la «pena» de quedarse sin los 300.000 euros pedidos para pagar una parte importante del proyecto de Aduana, que está valorado en 800.000 euros y para los cuales solo tienen ahora una parte pequeña concedido con los EDIL, lamentan que «no es la primera vez».

Así, Granja señaló los «2,5 millones de euros de Edusi, los casi 100.000 para repoblar el monte y mejorar caminos o los 100.000 del skatepark» y atribuye todo esto a una «mala gestión» de un gobierno «agotado y sin ganas -urge relevo-», al que acusa de no estar encima de los plazos y detalles técnicos y de «estar cambiando continuamente los proyectos y las vías de financiación, lo que provoca demoras en todas las obras y así, el dinero se pierde».

Cabe recordar que en este caso, la Diputación se basa en un informe donde se indica que hubo faltas en la presentación de la documentación y que no se corrigieron debidamente. n

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