Se agudiza la «lucha» para ver quién rentabiliza la ayuda al sector del mar

A estas alturas nadie parece dudar de que el sector mar-industria gallego atraviesa un momento extremadamente delicado, marcado por la progresiva pérdida de productividad de los bancos marisqueros, los problemas que arrastra el cultivo de mejillón, la lacra del furtivismo o los pescadores piratas, sobreexplotación, contaminación, calentamiento del agua y descenso de la salinidad, entre otras muchas adversidades.

Todos están de acuerdo en ello, pero difieren sobre el mejor modo de reconducir la situación, de ahí que estén exponiendo infinidad de posibles alternativas, tratando cada uno de arrimar el ascua a su sardina.

Especialmente en el caso del marisqueo y la acuicultura, pues los vendedores de las plazas de abastos, depuradores de moluscos, cocederos, conserveras y demás eslabones de la cadena parecen relegados a un segundo plano cuando se habla de la crisis en la pesca, el marisqueo y la acuicultura, a pesar de que ellos también sufren la pérdida de productividad.

Al hablar de las acciones en marcha, hay que decir que la Xunta sigue adelante con la prospección de bancos marisqueros desplegada por la Consellería do Mar, al tiempo que ejecuta multitud de proyectos científicos mediante los que encontrar respuestas.

En este caso, especialmente llamativo resulta el papel que desempeñan el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) y el Instituto Gallego de Formación en Acuicultura (Igafa).

Mientras tanto, desde la oposición insisten, por ejemplo, en reclamar a la Xunta que ejerza «un papel conciliador y mediador» en la gestión de los bancos de libre marisqueo de la ría de Arousa, totalmente esquilmados y que en su momento fueron gestionados directamente por algunas cofradías, lo cual, a la postre, solo contribuyó a empeorar las cosas.

Esa demanda de «conciliación y mediación» que plantea el grupo parlamentario socialista será nuevamente abordada el martes que viene.

Se expondrá en el transcurso de la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, donde también se debatirá la proposición no de ley del BNG exigiendo al Gobierno de Galicia «que tenga en cuenta los acuerdos parlamentarios del 7 y 28 de mayo de 2024 respecto al plan de acción para la gestión del marisqueo en el periodo 2026-2031».

El BNG también reclamará en esa sesión que la Xunta «agilice los trámites para que las mariscadoras de Camariñas puedan acceder las ayudas por cese de actividad».

Y en el orden del día aparecen, igualmente, las propuestas del PP en cuanto a la catalogación por parte del Estado de la anguila como especie de máxima protección.

Asimismo, el grupo popular tomará posiciones sobre el cierre de Marruecos a la exportación de sardina y en defensa del sector conservero gallego.

El libre marisqueo se queda sin oxígeno en Arousa

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A lo que se sumará la iniciativa del PSdeG-PSOE para «defender al sector pesquero gallego ante el impacto que puede suponer el acuerdo entre la UE y Mercosur».

Todo lo dicho es solo una pequeña muestra de lo que está dando de sí el debate político en torno al sector mar-industria. Del que también forma parte la charla que mañana desde las 20.00 horas impartirán en el Auditorio de A Illa las diputadas nacionalistas Montse Prado y Rosana Pérez, centrada en el futuro de la pesca, el marisqueo y la acuicultura.

A esos movimientos políticos se suman posicionamientos como los de Plataforma en Defensa da Ría (PDRA) y Mulleres Salgadas, que vuelve a reclamar «políticas públicas decididas para proteger el marisqueo como actividad económica sostenible, clave para la identidad de las rías y para el tejido social y económico de las villas marineras».

Añade la entidad que «el mar tiene futuro solo si hay compromiso político real para garantizar condiciones dignas a las personas que llevan viviendo de el».

Planteamiento en el que ayer abundaba la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) para reclamar a la Consellería do Mar «que actúe con la máxima celeridad para que los profesionales afectados puedan acceder cuanto antes a las prestaciones que les corresponden».

En este caso se hace hincapié en que «los autónomos del mar, mariscadores y parquistas, atraviesan una situación económica límite». Habla UPTA de la mortandad de bivalvos por descenso de salinidad, «dejando a cientos de familias sin ingresos procedentes de su actividad».

Es por ello que el colectivo que preside Eduardo Abad denuncia que «profesionales que dependen exclusivamente del mar para subsistir se encuentran hoy sin posibilidad de trabajar y, al mismo tiempo, sin acceso a las ayudas que podrían aliviar esta situación».

Razón por la cual «pedimos a la Consellería do Mar que acelere con urgencia las catas que se están realizando para determinar el alcance real de la mortalidad en las distintas zonas de la ría de Arousa», ya que se trata de «un proceso clave para que la administración pueda emitir el informe de impacto necesario que permita activar los mecanismos de protección para los trabajadores afectados».

Sostiene Abad que «sin ese informe, los autónomos del Régimen Especial del Mar (REM) no pueden acceder al cese de actividad que gestiona el Instituto Social de la Marina (ISM)», siendo ésta «una prestación que resulta vital para que mariscadores y parquistas puedan percibir un mínimo de ingresos mientras la producción no se recupera y la actividad pueda retomarse con normalidad».

En UPTA consideran «insostenible que un trámite administrativo se dilate en el tiempo mientras cientos de familias carecen de los ingresos mínimos para poder vivir», pues «cada día que pasa se agrava la precariedad de quienes viven del mar».

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