Sogama reclama 61.000 euros a Meaño, A Illa y Valga al incumplir el canon reducido

Los Concellos arousanos cumplieron el año pasado con los requisitos para acogerse al canon reducido de Sogama por el tratamiento de la basura, a excepción de Valga, A Illa y Meaño, que deberán abonarle 61.180 euros en conjunto. Para beneficiarse de este precio de 95 euros por tonelada enviada a su planta incineradora, debían bajar la cantidad del contenedor verde (fracción resto) en por lo menos un 1% respecto a 2024 o aumentar en un 3% el amarillo (envases) o el marrón (biorresiduos).

Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Ribadumia, Meis, Sanxenxo, O Grove y Catoira lograron satisfacer al menos uno de estos condicionantes y esto les ha reportado un ahorro global que Sogama cifra en 569.885 euros. Las mismas fuentes destacan que esta medida fue posible gracias a los 10 millones de euros inyectados por la Xunta a la sociedad mixta para aliviar las subidas del canon a los municipios y que le ha convertido en su accionista mayoritario.

Con el mismo propósito, distribuyó entre todos los municipios gallegos 12 millones de euros a través del Fondo de Compensación Ambiental que, en el caso de los mentados, lleva la cifra de ahorro global a más de 1 millón de euros (526.048 euros entre los ocho).

A los tres que no alcanzaron los objetivos, les refacturará la diferencia entre el precio bonificado y el unitario, que en 2025 era de 108 euros por tonelada. En el caso de Valga son 18.180 euros, sin IVA, pero la administración local anuncia alegaciones.

Llegada de refugiados

Su principal argumento es que se produjo una «circunstancia excepcional» con la apertura del centro de recepción de refugiados en un hotel de la localidad, recibiendo a más de 200 personas, lo cual destacan como un incremento poblacional significativo para esta pequeña villa que se trasladó a la fracción resto, que aumentó.

Entre las formaciones para su integración se impartieron talleres sobre residuos y desde el departamento de Medio Ambiente aseguran que eran «muy receptivos», pero también recuerdan que se trata de personas con procedencias donde no existen políticas de separativa de la basura, de otras costumbres y culturas, sin olvidar la barrera del idioma, pues aunque fueron lo más gráficos posibles, las traducciones eran un galimatías: del español al inglés o al francés y de alguno de estos incluso al árabe.

Así las cosas, consideran que no se les puede pedir una concienciación exprés y más sabiendo lo que cuesta, pues la propia sociedad española implantó el contenedor amarillo hace casi 30 años y aún está muy lejos de cumplir los objetivos aprobados por la UE.

Además, consideran «injusto» que no se les haya tenido en cuenta a la hora de contabilizar la gestión de lo biorresiduos porque no usan el contenedor marrón y siguen el modelo de compostaje «in situ», al ser un municipio eminentemente rural. «Cumplimos la ley y aunque aún queda mucho por hacer, no estamos retrocediendo y somos los que más avanzamos en compostaje en nuestra zona. Tenemos una red de mil individuales y cinco comunitarios y los datos se pueden comprobar en la plataforma de la Diputación».

«Saqueando a los mismos»

A Illa también sigue este modelo y no descarta recurrir la decisión. Además, considera que este tipo de requisitos «premian a los que empiezan y perjudican a los que llevamos casi 30 años compostando porque es más fácil que se note una bajada fuerte en quien nunca hizo nada antes. Somos un pueblo modelo y lo han dicho las tres concesionarias que hemos tenido. Empezamos con 61 y ahora tenemos el doble », defendió el alcalde, Luis Arosa.

En su caso, el reintegro es de 22.000 euros y el regidor se queja del incremento del canon que, entre unas cosas y otras, subió 41 euros por tonelada en tres años. «Siempre están saqueando las arcas municipales, sino es esto, es el canon por la depuración, pero nunca nos llaman para hablar las cosas y luego somos los Concellos los malos que tenemos que subir los impuestos que, en el caso de la basura, a pesar de tantas críticas, otros tuvieron que seguir nuestro camino. Los 200.000 euros de financiación que nos da la Xunta al año no los quita bien del lombo», lamenta.

Sogama viene justificando que la aplicación de impuestos al vertido y a la incineración por parte del Estado, así como la adopción de «otras medidas lesivas» están mermando sus arcas y les han obligado a subir el precio para «salvaguardar» su viabilidad. Se pasó de 56 euros por tonelada con bonificaciones que cumplían casi todos los municipios a que ahora, para 2026, el unitario esté en 111 euros. Aunque volverá a haber reducido. En esta ocasión, de 97 euros (se aplicó la subida del IPC).

Del 4 al 41%

Al igual que estas dos localidades arousanas, Meaño defiende sus avances en el compostaje «in situ». Su alcalde, Carlos Viéitez, destaca que en un lustro pasaron de un 4% de viviendas a un 41%, llegando a los 750 individuales. Siempre ha sido su principal apuesta, pero la van a combinar con el contenedor marrón para algunos tramos urbanos; ya están comprados y solo pendientes de instalación.

Al no concederle la bonificación, tendrán que pagar 21.300 euros y el regidor atribuye el incumplimiento al turismo: «En los meses de verano, se incrementa de manera significativa el número de visitantes y turistas con su correspondiente incremento de residuos y esto ha dificultado alcanzar los objetivos».

Y como destino turístico cada vez crece más. Según los datos de la Mancomunidade do Salnés, el número de turista ha aumentado en más de 10.000 personas en los últimos cuatro años. En 2022 contabilizó 13.309 ciudadanos que pernoctaron y en 2025 ya fueron 23.000.

Baión: Unas 15.000 toneladas al año

Gran parte de las localidades de O Salnés están apostando por el compostaje «in situ» porque reduce el coste ambiental y económico y siendo la mayoría eminentemente rurales. Así, el contenedor marrón es minoritario y se está concentrando en las zonas más urbanas. Para este se hace uso del compostaje industrial en la planta de Sogama de Baión, que tiene capacidad para tratar 15.000 toneladas anuales y cuya gestión está ahora en licitación junto a las de Cervo y Verín por 3,6 millones.

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