La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario

De un tiempo a esta parte se han disparado los pleitos judiciales relacionados con la contratación, o no, de trabajadores inmigrantes.

En algunos casos se trata de personas que realizan trabajos en condiciones precarias, con bajos sueldos y/o sin acogerse a las más elementales normas de la legislación vigente en materia de contratación.

Algo en lo que abunda el abogado Cleiton Santos Ramos, nacido en Brasil hace 46 años pero residente en Vilagarcía de Arousa, donde tiene su despacho, desde hace más de dos décadas.

Se ha especializado en asuntos relacionados con extranjería e inmigración, lo cual lo ha llevado a conocer casos realmente sangrantes que, en cierto modo, «constituyen una auténtica forma de esclavitud».

Cita como ejemplo, por ser el más reciente, el episodio protagonizado por una trabajadora del hogar de nacionalidad colombiana y 58 años de edad que tuvo que recurrir a la vía judicial tras ser despedida por sus contratadores, propietarios de una vivienda en Vilanova de Arousa en la que trabajaba «en condiciones completamente ilegales».

Esa mujer, explica Cleiton Santos Ramos, «realizaba jornadas de 24 horas, dado que tenía que vivir en la vivienda y cuidar de una señora mayor».

Le prohibían hablar con los vecinos y no le permitían comer ni beber nada perteneciente al domicilio, obligándola a comprar su propia comida y su propia agua

La trabajadora no solo pasaba el día y la noche en casa, sino «tenía que levantarse dos veces cada noche para vigilar a la señora que cuidaba».

Además, cocinaba, limpiaba, hacía todas las tareas del hogar y se encargaba del mantenimiento de la finca anexa a la vivienda.

Pero la carga laboral no era el único problema, pues resulta que los dueños de la casa «le prohibían hablar con los vecinos y no le permitían comer ni beber nada perteneciente al domicilio, obligándola a comprar su propia comida y su propia agua».

Pues bien, por toda esa dedicación, la trabajadora percibía «800 euros al mes», y cuando decidió solicitar un aumento salarial, de 50 euros, «no solo la echaron, sino que la despidieron con insultos y humillaciones, pagándole únicamente 450 euros».

Esta «inhumana situación» acabó en manos del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), en Pontevedra, donde el representante legal de la parte empleadora, es decir, la familia de Vilanova que había contratado a la mujer colombiana, «llegó a afirmar que no entendía lo solicitado porque, según él, no había existido ningún vínculo laboral».

Así lo detalla el abogado Cleiton Santos, quien resalta que, «por fortuna, y para sorpresa de la parte empleadora, teníamos todas las pruebas necesarias para reclamar los derechos de esta mujer».

Este es, insiste, «solo un ejemplo, pues hay muchos más casos preocupantes», entre ellos otros igualmente localizados en la comarca de O Salnés.

«Lo cierto es que me sorprende profundamente el número de casos que estoy encontrando relacionados con lo que, sin exagerar, puede llamarse esclavitud moderna», insiste este hombre que quiso estudiar Derecho «con la intención de ayudar a personas vulnerables, especialmente a quienes llegan a este país en situación de desprotección».

Su primer procedimiento de regularización administrativa fue el de una joven, también colombiana, que trabajaba como interna cuidando a una señora mayor.

«Además de las tareas de cuidado de esa persona, mi clienta limpiaba, cocinaba y realizaba todas las labores del hogar, con derecho a descanso únicamente de 17.00 a 19.00 horas», esgrime.

Es decir, que «estamos hablando de 154 horas semanales, de domingo a domingo, por un sueldo de 900 euros».

Seguridad Social

En este caso en concreto «la condición que le imponían para regularizarla era descontarle del sueldo, cada mes, el coste de la Seguridad Social».

Añade este asesor de extranjería e inmigración que cuando se encontró con aquel primer caso «pensé que se trataba de un hecho aislado».

Pero nada más lejos de la realidad, porque «poco después acudió a mí una trabajadora de un bar de Carril que había sido despedida y rogaba a su empleadora que le pagara el sueldo pendiente, a lo que le respondían diciendo que ‘si se ponía chula’, no le pagaría nada».

Aquel despido se había producido después de que la joven solicitara un precontrato que le permitiera iniciar el proceso de regularización administrativa.

«Y así, casos como estos, comenzaron a aflorar prácticamente a diario», lamenta Cleiton Santos Ramos, sabedor de que «no se puede meter a todos en el mismo saco, porque en Vilagarcía también hay empresas que se han puesto en contacto conmigo para regularizar y apoyar a sus trabajadores, cumpliendo con la ley y mostrando humanidad».

Algunos se aprovechan

Esos empresarios, sobre todo del sector de la hostelería, confirman que «son cada vez más los inmigrantes sin papeles que vienen a pedir trabajo, y aunque algunos les decimos que no podemos contratarlos hasta que tengan los papeles en regla, todos sabemos que hay otra gente que se aprovecha de esas personas y les paga sueldos miserables».

Algo que sucede también en el ámbito de la pesca, la acuicultura y otros muchos sectores en los que están saliendo a relucir cada vez más casos de inmigrantes que están siendo explotados, y casi esclavizados, hasta que se deciden a pelear para regularizar su situación.

«Los animo a que luchen por lo que les pertenece y pongan sus papeles en regla cuanto antes», sentencia el abogado Cleiton Santos Ramos.

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