Trabajadoras y familias de la escuela infantil municipal urgen soluciones

Cerca de medio centenar de personas se concentraron ante el Concello de Vilagarcía para protestar por la situación que atraviesa la plantilla de la escuela infantil municipal y exigir una salida «urgente» que aporte estabilidad tanto al personal como a las familias. A la convocatoria acudieron trabajadoras del centro y progenitores de los más de 110 menores de 0 a 3 años matriculados, en una protesta respaldada por la CIG, PP y BNG, que advierten de que el problema es creciente desde hace meses.

Según el comunicado sindical, está a punto de cumplirse un año desde que la central hizo pública la «situación irregular» de la escuela infantil, sin que se haya concretado una solución. La CIG sostiene que el gobierno local ha contestado con mensajes genéricos —«estamos en ello» o «lo haremos lo antes posible»— pero sin fijar plazos ni compromisos verificables. Recuerda que la alternativa, ya planteada antes del pasado verano, pasaba por remunicipalizar el servicio o sacar a licitación la gestión cuanto antes para llegar con certezas al curso 2025/2026. Sin embargo, denuncia que el calendario ha seguido corriendo y que temen que vuelva a llegar septiembre de 2026 sin una solución definitiva.

El sindicato señala como clave la ausencia de un concurso actualizado: denuncia que el servicio lleva «más de 30 años» con el mismo contrato, pese a que la Ley de Contratos del Sector Público establece para los contratos de servicios una duración máxima de cinco años, prórrogas incluidas. La plantilla, añade, es quien está pagando el retraso. En su escrito cuantifica una merma salarial ligada al convenio colectivo publicado en junio de 2025, que introduce una doble escala según las escuelas estén licitadas antes o después: en este caso, cifran la pérdida en unos 200 euros mensuales de enero a agosto de 2025 y en 222,22 euros a partir de agosto, lo que situaría el recorte anual entre 2.800 y 3.200 euros, con sueldos mensuales en torno a los 1.200 euros. Por ello, reclaman que el Concello «resarza» a las trabajadoras por los salarios dejados de percibir desde enero de 2025, hasta que se materialice una remunicipalización o una nueva licitación.

Más allá del dinero, el comunicado alerta de consecuencias en el servicio: recortes horarios y cambios a lo largo del año que, según la central, deterioran la conciliación, generan inseguridad en las jornadas del personal y pueden provocar bajas de usuarios. También critica la lentitud en la gestión de plazas y advierte de episodios de retrasos en el cobro de nóminas. «No están dispuestas a trabajar y a no cobrar puntualmente», subraya la CIG, que anuncia concentraciones cada mes hasta una solución.

Entre las familias, el malestar se traduce en quejas por la falta de estabilidad y por el estado del centro. Marta Lago, madre de un niño de dos años, lo resumió así: «Es una situación lamentable. Se supone que una escuela infantil es para conciliar y nada ayuda a que así sea». Puso como ejemplo la rigidez de entradas: «Si entramos en el trabajo a las 9.30 tenemos que llegar tarde porque a las 9.20 no nos abren la puerta». También denunció deficiencias en las instalaciones, con problemas de humedad tras episodios de lluvia y avisos «el día anterior a las seis de la tarde» recomendando que los menores no asistan, lo que obliga —dice— a «buscarnos la vida». «Barajé muchas veces sacar al niño y si no lo hice fue por las educadoras y por el bien del niño: lo que quiero es estabilidad», añadió, señalando además que las familias han llegado a hacer donaciones para material porque «no se renueva nada».

El gobierno local, por su parte, aseguró que prevé licitar la gestión «en primavera» y que los servicios técnicos están agilizando al máximo la redacción de los pliegos, con la previsión de publicar el concurso «antes del verano». El ejecutivo sostiene que el expediente es complejo por tratarse de un servicio de atención a la infancia y por la necesidad de adaptarlo a la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años y la consiguiente pérdida de ingresos.

A la vez, el Concello afirma que la tramitación «no repercute» en la atención a las familias, agradece la profesionalidad de la plantilla, se solidariza con su malestar y recuerda que, para ayudar a paliar la situación mientras no se renueva la concesión y facilitar que se paguen las nóminas en plazo, está aportando financiación por encima de lo que correspondería por contrato.

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