A Illa reconoce errores en la transcripción de 170 multas en la zona residencial

En todo el año 2025 se tramitaron en A Illa unas 10.000 multas, la mayor parte de ellas en la zona residencial de las que el Concello reconoce que 170 fueron de forma errónea y que han sido retiradas tras presentar las pertinentes alegaciones los afectados. Los datos los ofreció ayer el alcalde de A Illa, Luis Arosa, durante el pleno extraordinario que forzó el Partido Popular para reclamar la paralización de la zona residencial y crear una oficina de asesoramiento para los afectados. La propuesta no salió adelante, por el rechazo de los miembros del bipartito, pero si le sirvió a los conservadores para echarle en cara al gobierno su falta de comunicación, las constantes alertas sobre un «pésimo» plan y para denunciar la ausencia de Policía Local en A Illa que pueda resolver las alegaciones.

El portavoz de los conservadores, Miguel Paz, insistió en el empecinamiento del grupo de gobierno con la zona residencial, una circunstancia que se ha visto agravada porque «los vecinos nos dan queja de que no se les está atendiendo y no nos ha quedado otra que recurrir a esta sesión, porque no se nos dan respuestas». Paz insistió en la gravedad de que A Illa no tenga en estos momentos agentes de la Policía Local que deberían ser «los que atienden estas reclamaciones».

Por su parte, su compañero no adscrito, Matías González Cañón, recordó al grupo de gobierno que «nos han acusado de crear bulos, asustar a la gente o incitar a la gente a que no viniese, pero la realidad es que se han impuesto 10.000 multas y creo que si el plan que instauraron estuviese bien señalizado, dudo mucho que la gente se saltase las señales; o el plan no sirve, o no sirven las señales o no sirve ninguna de las dos». Insistió en el perjuicio que no solo se le causa a los multados, sino también al comercio local que «se compromete a anotar una matrícula de un cliente y se encuentra con que recibe la multa igual, lo que viene a demostrar que este plan hace aguas por todos los costados y lo único que se busca con él es recaudar». También reclamó que se expidan justificantes para todo aquel que solicite autorización de paso por la zona residencial.

Manuel Suárez, del BNG, no solo advirtió en su intervención que la propuesta del PP, además de ser la misma que el pasado mes de mayo, «el pleno no es competente para tomar una decisión sobre ella, ya que las competencias sobre tráfico son exclusivamente del alcalde; esta sesión le cuesta a los vecinos de A Illa 1.500 euros cuando lo correcto sería formular un ruego, pero lo único que buscan es generar confrontación política a ver si pescan algún voto, porque aquí no han presentado ningún modelo ni ninguna alternativa de lo que ustedes quieren para A Illa». El nacionalista centró su intervención en encaminar el debate hacia el modelo de Arousa de cada partido, y puso el del BNG encima de la mesa: «mejorar el espacio público para los peatones, porque las villas son para las personas, no pueden ser un estacionamiento» y recordó que también hay vecinos que valoran de forma positiva los cambios, por eso planteó tres propuestas: una evaluación técnica independiente de las medidas que se están aplicando, un espacio de diálogo con los sectores afectados y ajustes en aquellas cuestiones en las que se han generado disfunciones, aunque ninguna de estas tres propuestas acabaría siendo incorporada a la moción del PP.

En su turno de réplica, Luis Arosa explicó que «se han gestionado más de 10.000 matrículas por diferentes casuísticas y se han presentado 170 alegaciones, lo que significa menos del 1%». Esos errores, en el 90% de los casos «se deben a equivocaciones en la transcripción de la matrícula, sea por parte del Concello o de la persona; también hay 12 sanciones a vecinos que fueron multados al cambiar de coche pero que todavía no lo tenían a su nombre». Arosa asegura que «estos errores se están solventando acudiendo al Concello y no es necesaria una oficina de asesoramiento ya que en la primera planta resuelven cualquier duda de cómo cubrir la alegación». El regidor recordó que, precisamente, una edil del PP fue víctima de uno de esos errores de transcripción y «deberían preguntarle quien le hizo la alegación y quien le ayudó a cubrir el requerimiento». También reconoció que entre esas multas hay cuatro sanciones por pernoctas en Area da Secada a causa del algoritmo de las cámaras, un error que ya ha sido solucionado. Por último, explicó que en marzo contará con agentes de la Policía Local, pero que su ausencia para las alegaciones, está cubierta por los funcionarios del Concello. Añadió que se va a mejorar la señalización.

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