Acepta seis meses de prisión por emitir 500 certificados covid sin permiso

El responsable de dos clínicas en Milladoiro (Ames) y Vilagarcía (Pontevedra) ha aceptado este jueves seis meses de prisión por falsedad documental y estafa, tras admitir que llegó a emitir 511 certificados PCR de pruebas de covid-19 sin tener autorización. Otras tres personas acusadas han aceptado tres meses de cárcel como colaboradoras.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, había fijado para este jueves y viernes la vista contra estos cuatro acusados, a los que Fiscalía atribuía un delito continuado de falsedad documental y estafa, por el que pedía --además de multas-- seis años de prisión para el «responsable último» de las clínicas; cuatro años y cuatro meses al encargado de la clínica de Vilagarcía, y tres años y seis meses a dos empleadas de los establecimientos.

Sin embargo, la vista no se ha llegado a celebrar porque las partes han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que ha rebajado la tipología de las penas teniendo en cuenta el montante económico estafado y ha rebajado a tres de los acusados al nivel de cómplices y no autores.

También se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño, dado que los acusados han consignado 3.350 euros en concepto de responsabilidad civil antes del inicio de la vista.

Por todo ello, la pena impuesta al principal procesado se ha rebajado a seis meses y un día de prisión, más multa, y los otros cuatro han sido condenados a tres meses y un día de prisión, más multa. Las partes han aceptado las penas en sala y se han comprometido a no presentar recurso.

Además, el Fiscal se ha mostrado favorable a la suspensión de la pena durante un periodo de dos años si no vuelven a delinquir, por lo que no deberán entrar en prisión.

Según el escrito fiscal, las clínicas carecías de autorización, infraestructura y capacidad para realizar análisis clínicos y, en concreto, para efectuar analíticas de antígenos y PCR de coronavirus. Por este motivo, en un inicio, realizaron contratos con laboratorios externos, que acabaron cesándolos por impagos.

Una vez que ya no contaban con laboratorios externos contratados, entre octubre, noviembre y diciembre de 2021, los encausados emitieron al menos 511 certificados PCR y sus correspondientes solicitudes de análisis de laboratorio «a sabiendas de su falsedad y guiados del ánimo de obtener un beneficio ilícito».

En este contexto, el escrito recoge que las clínicas --bajo la marca Suevia-- se presentaban en el mercado y ante los clientes con una «apariencia de legalidad» mediante el uso de carteles informativos y con publicidad en los medios de comunicación.

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