O Grove controlará con lectores de matrículas las calles peatonales

El Concello de O Grove colocará lectores de matrículas en calles peatonales para controlar los accesos y estacionamientos prohibidos. Lo hará siguiendo el modelo de A Illa en cuanto a la contratación, es decir, adhiriéndose a un convenio marco de la FEMP.

Así lo avanzó el alcalde, Jose Cacabelos, en el pleno del lunes en respuesta a una queja del PP reclamando medidas, porque a pesar de las restricciones de paso exclusivo a residentes y servicios, Castelao «está como si fuera un aparcamiento».

Reconoció que las prohibiciones «no se están respetando» ni en esta calle ni en otras, como en Seoane, donde implantarán esta tecnología de lectura de matrículas que generó tanta polémica en el municipio isleño. Entre otras cosas, por llevar aparejadas sanciones que, en parte, se ingresan a la empresa contratada para gestionar el sistema. No obstante, su Ayuntamiento ha probado su éxito tras retirar miles de vehículos de su pequeño centro urbano.

A la sesión grovense también acudió un nutrido grupo de trabajadores municipales que exigen desde hace tiempo la reactivación de la mesa de negociación para estudiar sus reclamaciones. Lucieron pancartas con lemas como «Máis persoal, mellor servizo», «Non á precariedade», «Por unha RPT xusta» o «Non as privatizacións».

Los partidos de la oposición les brindaron su apoyo solicitando al Ejecutivo municipal que atienda sus demandas. Sin embargo, el regidor avanzó que la Relación de Puestos de Traballo seguirá aparcada y les echó parte de la culpa por no apoyar la aprobación de un nuevo presupuesto ni sus propuestas de incrementar los ingresos municipales. Cabe recordar que los socialistas gobiernan en minoría.

800.000 euros

Así, aseguró que tienen una estimación económica y aplicarla supondría un montante de 800.000 euros en varios años y «a día de hoy, no podemos abordarla económicamente ni tenemos presupuesto actualizado con una partida indicada para incluirla».

Cacabelos insistió en la necesidad de incrementar los ingresos municipales ante unos «gastos que llevan disparados desde 2022». De hecho, fue muy crítico con los opositores: «Es muy fácil ponerse del lado de los trabajadores y luego votar en contra de revisar los ingresos. Pasó con el IBI y el agua en 2023, votaron todos en contra».

Expuso que este también era uno de los propósitos de la tasa turística que ha generado tanto rechazo entre los grupos y les planteó que, si tienen interés, «mañana mismo convoco un pleno extraordinario y aprobamos el presupuesto».

Asimismo, aseguró que los sindicatos pedían «acortar» plazos de aplicación «dada la situación de algunos trabajadores», así que dibujó un escenario hipotético de cuatro años y a la estimación sumó la subida salarial impuesta por el gobierno central, que es de 80.000 euros al año. Así la cosas, «serían 280.000 euros cada año, que ya me dirán de dónde los sacamos», les replicó.

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