El proyecto de vivienda pública en As Carolinas genera el rechazo vecinal ante unas expropiaciones que consideran injustificadas

La Xunta de Galicia ha activado la tramitación para desarrollar suelo residencial en As Carolinas, a las afueras de Vilagarcía de Arousa, con el objetivo de impulsar 350 viviendas públicas. La delimitación del ámbito ya figura en el Diario Oficial de Galicia, un paso que conlleva la declaración de interés autonómico. El proceso pretende transformar 6,2 hectáreas situadas entre As Carolinas y las calles Coca y Arealonga, junto a la N-640 y con el río O Con atravesando el perímetro.

La iniciativa, orientada a generar suelo para vivienda protegida, llega acompañada de un foco de tensión: dentro del polígono delimitado quedan incluidas propiedades particulares con edificaciones ya existentes. Los vecinos afectados advierten de que el diseño sobre el plano obligará a la administración a expropiar y que, en el escenario más extremo, hasta tres viviendas podrían acabar siendo derribadas. «Hay gente que se queda sin casa y eso no puede ser», resume uno de los propietarios, que insiste en el impacto humano de una actuación de esta magnitud cuando se superpone sobre hogares consolidados.

El malestar no se limita a la posible pérdida de una casa o de una parte sustancial de una finca. Los residentes cuestionan también el procedimiento seguido y denuncian sentirse al margen de la decisión. Aseguran que el Concello puso los terrenos a disposición de la Xunta sin contactar previamente con quienes viven y tienen propiedades alli. «No se puede ofrecer una cosa que no es tuya», afirma otro afectado, que pone el acento en la falta de comunicación y en la sensación de que la decisión se dio por hecha.

Mientras esperan respuesta, los afectados reclaman que se estudien alternativas antes de consolidar el diseño. Insisten en que no se oponen a la vivienda pública, pero piden que el plan se adapte al tejido residencial existente y que se les detalle qué parcelas se verán afectadas y en qué medida.

En paralelo, los vecinos señalan lo que consideran una alternativa evidente: los terrenos de un polígono industrial previsto en su día y que nunca llegó a fraguarse. Según relatan, esa zona permanece abandonada, con maleza cubriendo incluso aceras, y, sin embargo, quedaría fuera del núcleo de la transformación. «Hay un montón de terreno allí que no se toca para nada», sostienen, y piden que se priorice ese espacio para encajar toda la actuación y evitar así tocar viviendas y propiedades privadas.

Las familias cuestionan, además, el encaje final. Hablan de fincas recortadas, entradas que ven innecesarias y una ordenación que describen como «un rompecabezas mal hecho». A esta crítica suman otra, de carácter económico: sostienen que la elección del ámbito y el trazado del perímetro podrían estar condicionados por el coste de las expropiaciones.

Según su argumento, el polígono industrial frustrado es el único suelo con una catalogación urbanística allí, mientras que gran parte del resto es rústico, lo que abarataría la indemnización. En ese contexto surge la sospecha que más indigna a los vecinos: «Lo triste es que nos van a pagar unos terrenos privados como rústicos para convertirlos en urbanizables». Temen así que se indemnice a un precio para convertirlo en suelo urbano sobre el que se ejecutará la inversión pública.

A ese temor se suma la incertidumbre sobre cómo quedarán las viviendas que no sean derribadas, pero sí parcialmente afectadas. Los vecinos hablan de muros de contención y de posibles efectos de aislamiento de sus propuedades si las edificaciones quedan concentradas en el centro del área que delimita el nuevo mapa. «En las fincas que nos van a quitar no van a edificar», sostiene un propietario, que interpreta que parte del terreno expropiado se destinaría a jardines o zonas de paso. Su conclusión es que, si la casa pierde el terreno que le da sentido, deja de ser viable como proyecto de vida.

«Si me expropian 1.000 metros de finca, ¿para qué quiero la casa?»

El debate en As Carolinas ha ido incorporando matices técnicos con el paso de los días. Uno de los residentes señala que, según lo publicado en el DOG, se introdujo una rectificación sobre el primer mapa, aunque considera el cambio «insustancial».

En su caso teme quedarse con la vivienda, pero sin apenas terreno, al perder parte o la totalidad de la finca. La preocupación se repite entre varios propietarios: «Si me expropian 1.000 metros de terreno, ¿para qué quiero la vivienda?». Insisten en que no solo es una cuestión económica, sino el golpe de quedarse sin el espacio que ha acompañado a la casa toda la vida: árboles, cultivos, cierres, accesos y el uso cotidiano de una finca que puede fragmentarse o desaparecer.

Los vecinos se preparan ahora para el frente administrativo. Con la apertura del plazo de alegaciones, varios ya anuncian que presentarán escritos, aunque alguno lo hace con resignación. «No valdrá de nada, pero alegaré que no quiero mi casa para nada sin su terreno», afirma un afectado, que también prevé aportar una valoración del perjuicio, incluida la depreciación del resto de la propiedad: «ahora ya se va a tratar de conseguir la mejor compensación económica posible a costa de renunciar a una propiedad injustificadamente».

En el ambiente se percibe la idea de un conflicto largo, con compensaciones discutidas y trámites prolongados. Entre la necesidad de construcción de vivienda pública protegida y el coste personal denunciado, el proyecto se vive como una amenaza para hogares y fincas con historia familiar.

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