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El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa y espera una sentencia firme para desalojarlo

El chalé familiar está registrado a su nombre desde hace un lustro y fue en 2023 cuando le notificaron la orden de desahucio, pero los abogados del narcotraficante isleño recurrieron y el asunto sigue en los tribunales

Vista del chalé de Marcial Dorado en A Illa en una imagen de archivo.

Vista del chalé de Marcial Dorado en A Illa en una imagen de archivo. / Iñaki Abella

A Illa

Marcial Dorado cumplió hace varios años su deuda con la sociedad por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, pero su nombre vuelve a saltar a los titulares con cada nueva subasta de los bienes que le decomisaron en su día. La última, en estas fechas, por la intención del Concello de A Illa de comprar el chalé familiar donde vive tras salir de prisión. Una aspiración que ha causado revuelo político incluso a nivel nacional y que está lejos de cumplirse pronto.

El Estado ha confirmado a este diario que considera al narcotraficante isleño un okupa y que lleva un lustro peleando para echarlo a él y a los familiares con los que reside en O Lagartiño. Ni siquiera ha podido acceder a la lujosa propiedad para tasarla como primer paso para ponerla la venta, como viene haciendo con las propiedades incautadas.

Fuentes del Plan Nacional sobre Drogas detallan que «el desalojo está pendiente de resolución judicial firme que así lo declare». Fue en 2023 cuando le notificaron la orden de desahucio, pero su abogado recurrió la decisión, primero por la vía administrativa y posteriormente por la judicial, interponiendo un recurso contencioso administrativo.

La administración estatal inmatriculó e inscribió la propiedad a nombre del Estado Español en 2019, «en cumplimiento de la normativa reguladora del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados», recuerdan las autoridades estos días.

Sin decidir el modo

Así que la batalla judicial persiste y con ello, «la situación de ocupación por parte de Marcial Dorado y su familia», señalan las mismas fuentes a preguntas de este diario, indicando también que, por tanto, «aún no se ha previsto actuación acordada alguna con respecto a la venta de la propiedad en la situación actual ni tampoco prioridad alguna con respecto a la fórmula de la venta o su comprador final».

Esto dice en relación al interés del Ayuntamiento isleño, que, en caso de obtener unas buenas condiciones, ve potencial para convertirla en un centro para mayores y jóvenes. La propiedad tiene unos 4.000 metros cuadrados de los cuales, mil están ocupados por la vivienda, una piscina, pista deportiva y jardines.

La idea no ha gustado nada a la oposición municipal, el PP, que lo ve como un «despilfarro» pues, por muy buen precio que le hagan, supondrá un importante desembolso para las arcas municipales y considera que hay otras prioridades de gasto en A Illa.

El rifirrafe pronto acaparó el foco político nacional, dada la relación de amistad mantenida en el pasado entre Dorado y el actual portavoz de los populares y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Pero no sería la primera vez que su pueblo natal se queda con algunos de sus bienes decomisados, algo que para el alcalde socialista, Luis Arosa, también es una forma de acabar con un «símbolo de la impunidad» de otros tiempos.

Hace un par de semanas, el regidor firmaba la entrega oficial de los terrenos de Testos y la avenida da Ponte donde proyectan la construcción del ansiado pabellón de deportes -carecen de esta infraestructura- y 70 viviendas sociales. Todo ello por 361.000 euros que irán pagando en «cómodos plazos» durante los próximos siete años.

No es el único caso, el Ayuntamiento de Vilagarcía realizó la misma operación en 2019 para adquirir la Casa Jaureguízar por 170.000 euros. También quieren convertirla en un centro social, pero desde entonces se pudre en los despachos por falta de entendimiento con Patrimonio sobre el modo de rehabilitación.

Más de 4 millones en bienes vendidos y una lista de pendientes como el parking de Vilagarcía

El isleño Marcial Dorado fue objeto de dos condenas por narcotráfico. La primera fue de diez años de prisión por el alijo de varias toneladas de cocaína del South Sea y la segunda le llegó en 2016, sumando otros seis años de cárcel por blanqueo de capitales. No obstante, permaneció trece años entre rejas al obtener el tercer grado y cumplir lo restante en régimen de semilibertad.

El contrabandista de tabaco reconvertido en narco perdió así un valioso patrimonio que las autoridades estatales llegaron a cifrar en más de 200 propiedades de todo tipo, adquiridas a través de diferentes sociedades y con un valor superior a los 20 millones de euros .

Para proceder a la venta de este tipo de bienes es precisa una sentencia de condena firme, así que los procesos suelen demorarse y más cuando sus dueños hacen uso de todos los recursos a su alcance para evitarlo. De hecho, los Dorado no solo están en plena batalla por el chalé de A Illa, ya lograron paralizar subastas anteriores y no son los únicos. Por ejemplo, las hijas de Laureano Oubiña también reclamaron la parte de la herencia de su madre, fallecida sin haber sido condenada, aunque no les valió de mucho.

Así las cosas, las ventas van a cuentagotas y aún quedan bastantes propiedades y O Lagartiño no es lo único con más atractivo en la lista de pendientes; también está el parking subterráneo en el centro de Vilagarcía, en Plaza España. Hasta el momento se han conseguido algo más de cuatro millones de euros; unos fondos que el Plan destina luego a programas de ayuda a drogodependientes, prevención, recursos para la lucha contra la droga...

Entre lo más destacado estaba un parking de varias plantas en el centro de Málaga, que se vendió por unos tres millones de euros. En esta ciudad también se encontró nuevo dueño para un apartamento y un local y en la subasta de 2024 vendieron una casa en Carril y las fincas compradas por el Concello isleño, mientras que en anteriores fueron parcelas en Ávila y bienes en Baiona entre otros sitios. En 2025 se iban a subastar más junto a las de otros narcos, pero se suspendió «sine die» por «razones sobrevenidas».

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