Las ayudas al alquiler de la Xunta llegan a 329 jóvenes de Pontevedra y O Salnés

Las ayudas de la Xunta al alquiler para jóvenes menores de 36 años de edad han alcanzado a 329 personas en la comarca de O Salnés, el Ullán y Concellos del Umia. La capital de provincia lidera la lista de beneficiarios con 197 concesiones y le sigue Vilagarcía de Arousa, con 68.

El programa Bono Alugueiro recibió un aluvión de peticiones y recientemente, el gobierno gallego aprobó una ampliación de crédito para cubrir las solicitudes en lista de espera sin necesidad de abrir una nueva convocatoria.

Una reacción esperable teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la vivienda que afecta especialmente a este sector demográfico y ante unos precios de mercado que también están subiendo de manera importante. No obstante, parece que se han reactivado las construcciones de promoción privada y pública.

Cabe recordar que la Consellería de Vivenda e Planificación ya está dando pasos en firme para edificar diez domicilios en una finca cedida por el Concello de Vilagarcía en Marxión. Además, hace poco, la conselleira María Martínez Allegue, anunció 28 millones de euros para vivienda en Pontevedra para seguir proyectos iniciados y otros.

Y por su parte, municipios como O Grove y A Illa cuentan con terrenos en los que quieren desarrollar este tipo de proyectos. En el caso isleño, en unas fincas decomisadas en su día al narcotraficante Marcial Dorado.

No obstante, se trata de iniciativas que aún tardarán en ver la luz -varios años por lo menos- teniendo en cuenta la necesidad de encontrar apoyo financiero externo, pues se trata de localidades con presupuestos limitados y, como casi todos, asfixiados por el incremento del gasto y la asunción de servicios impropios. Sin olvidar todos los trámites que conllevará su puesta en marcha.

Desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas indican la concesión de esas 329 ayudas que, cabe recordar, son de 250 euros al mes durante dos años. No obstante, se desconoce la cifra total de solicitantes en estos lugares.

Si las principales ciudades suman el mayor número, el resto de Ayuntamientos quedan del siguiente modo. En la comarca saliniense, se otorgaron 13 subvenciones presentadas desde Cambados; seis de Vilanova; dos de A Illa; cuatro de O Grove y ocho de Sanxenxo. Esto en el caso de los municipios donde la Xunta estipuló una renta máxima de 500 euros al mes como requisito para optar al programa.

De este modo, las autoridades pretendían evitar situaciones ocurridas en el pasado con este tipo de ayudas al acceso de un lugar donde vivir, pues se llegaron a registrar casos de propietarios que subían los precios en función de si un inquilino tenía previsto solicitarla o no. Además, se pone un tope en aras de acceder a un domicilio digno.

En el caso de las localidades del Ullán, Pontecesures también estaba en este rango de alquileres máximos y se otorgaron siete subvenciones.

La renta más baja

Respecto al resto de arousanos y del Ullán, esta cantidad bajaba a los 400 euros. Siempre según datos aportados por Vivenda, en Catoira se concedieron cuatro; una en Meaño; en Meis ninguna, y cinco en Ribadumia. En localidades de la otra zona del Umia también regía esta cifra. Caldas cuenta con nueve beneficiarios, Cuntis con dos y Moraña con tres.

En el caso de Vilagarcía y Pontevedra los topes fueron los máximos contemplados en el pliego de condiciones de las ayudas: alquileres de hasta 700 y 600 euros al mes, respectivamente.

Cabe recordar que el destinatario de estas subvenciones son menores de 36 años que, en el momento de solicitarla, dispusieran de una fuente regular de ingresos y acreditaran que no superaban tres veces el Iprem (25.200 euros), además de tener que certificar que el inmueble en cuestión es su residencia habitual, entre otras cosas.

La ampliación del programa fue una inyección de 11,4 millones de euros para atender entre 1.900 y 2.000 peticiones a mayores de las concedidas por este programa que cuando salió, en febrero, llegó a 2.353 personas, consumiendo los 13 millones habilitados inicialmente.

De poder llegar a ese objetivo de máximos, el gobierno reconocía que aún quedarían sin atender más de 3.000 solicitudes, aunque de esta cifra no todas tienen porqué haber cumplido los requisitos. En total, 7.804 jóvenes concurrieron a esta línea.

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