La flota gallega clama contra los nuevos controles: «Es el puntillazo final. Quieren quitarnos de en medio»

La flota gallega ha tenido que volver salir a la calle para recordarle a la Unión Europea su singularidad. En esta ocasión, por las nuevas aplicaciones del Reglamento de Control de la Pesca en capturas y llegadas a puerto para las embarcaciones de a partir de doce metros de eslora y que tachan de «inasumibles, aun queriendo». El temor es mayor porque el cronograma es que estos puntillosos controles alcancen a todo tipo de barcos en 2030, incluso al marisqueo a pie.

Medio millar de marineros de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo tomaron este lunes la lonja de Tragove para exigir una modificación porque «es el puntillazo final para acabar con nosotros», se quejaba el vicepatrón mayor de O Grove, Antonio Otero. Junto con Cambados poseen una de las flotas más afectadas y, de hecho, prendieron la mecha. «Solo pedimos cosas que sean asumibles», añadía su homólogo cambadés, Alejandro Pérez.

Inviable, inasumible, una barbaridad, ridículo... Fueron algunos apelativos utilizados para dibujar la situación a la que se enfrentan desde ya, pues entraron en vigor el día 10, afectando a 1.300 embarcaciones gallegas, aunque el malestar atraviesa todas las comunidades autónomas.

Su objetivo más inmediato es conseguir una moratoria hasta la reunión que la Federación Nacional de Cofradías mantendrá el día 22 con la Secretaría de Pesca del Gobierno de España. La organización nacional ya iba a mantener hoy por la tarde una videoconferencia para plantear los próximos pasos a dar, pero en la provincia de Pontevedra ya advierten de que la masiva concentración de hoy es una «pequeñísima hoguera. Juntos, estamos dispuestos a un gran incendio», avanzaba el presidente de la provincial, José Manuel Rosas.

Ahora, los barcos de doce a quince metros de eslora también deben contar con el Diario Electrónico de Pesca (DEP) y anotar kilo por kilo cada especie capturada, así como su ubicación y «si te pasas del 20%, te llevas una sanción de 3.000 euros».

«Deben pensar que llevamos oficinistas en el puente», aportaba el patrón mayor de Raxó, Iago Tomé. Y es que se elimina el umbral mínimo de 50 kilos para la declaración y esto choca con la realidad de las flotas más pequeñas, que pueden llevar como mucho tres tripulantes. Además de que diariamente pueden pescar una media docena de especies diferentes, así que no disponen de tiempo y tampoco de recursos para hacer un trabajo que hasta ahora se realizaba en el muelle.

Y no es todo, tendrán que avisar de su llegada a puerto con una antelación de cuatro horas, aunque en las primeras revueltas de los pescadores las autoridades hablaron de rebajarlo a dos horas y media. Algo «ridículo», pues la mayoría faenan a escasos minutos de tierra, como Tomé, que larga los aparejos a 20 metros, según contaba ayer.

«Es totalmente inviable. Un día de mal tiempo ¿qué hacemos? ¿Estamos cuatro horas fuera de abrigo esperando a que pasen las horas?», añadía Javier Costa, el patrón mayor de Cangas, precisamente en un día donde el viento azotaba con fuerza en el puerto cambadés.

El sentir general es que las autoridades legislan sin conocer su realidad, lo cual «no se puede consentir. Ya ves el nivel de nuestros eurodiputados», lamentaba Rosas. «Llevamos muchos años diciendo que la pesca artesanal es diferente y luego hacen estas normas que no tienen ni pies ni cabeza», añadía el cangués.

«Es una barbaridad; inasumible aun queriendo hacerlo. Es un reglamento pensado para la flota industrial y el objetivo es hundirnos, sacarnos de en medio y a coste cero. Prefieren que solo existan grandes barcos que cincuenta porque de este modo son cincuenta problemas que tienen», exponía el presidente de la Federación de Pontevedra, que también es el patrón mayor de Bueu.

Los dardos a los políticos no cesaron en el ensordecedor rebumbio que se formó en la rula cambadesa, solo interrumpido por algún sonoro petardo. «No tenemos quién nos defienda en Europa y es triste y vergonzoso porque hay gente ahí que es de pueblos de Pontevedra. Pero más es que mi hijo, que lleva un par de años conmigo, ya me pregunta ¿para qué me mandas al mar?», exponía Iago Tomé. De hecho, no faltaron las invitaciones formales ante los micrófonos a los medios para que los acompañen y vean con sus propios ojos cómo es su día a día.

Entre todos surgió un nombre propio, el de la eurodiputada socialista Clara Aguilera, ponente del informe del Reglamento y que había escuchado el sentir del sector anteriormente. «No sé en qué piensa este gobierno, ponen normas sin verificarlas. Quieren acabar con el sector primario, no están quemando poco a poco», aportaba Juan José Rial Millán, el patrón de A Illa, aún no afectada, pero que ve las barbas del vecino caer.

Así, hoy no solo había armadores de cierto porte. Es una preocupación generalizada para un sector que no atraviesa un buen momento. «No hay quien quiera ir al mar. ¿Hoy quién te compra un barco? Un loco. Los que hace diez años tenían un precio de 150.000 euros, hoy no te los quieren ni por 50.000. Nos quieren asfixiar. Se les llena la boca con chorradas de potenciar el relevo generacional, la sostenibilidad de la pesca… y nos están hundiendo. Esto es nuestra muerte súbita», alertaba Rosas.

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