Parquistas de Carril sospecha de prevaricación en el cierre de sus naves de O Ramal

La Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89) considera que el alcalde de Vilagarcía y, quizás, algunos de los técnicos municipales, pudieron haber incurrido en un delito de prevaricación en el momento de ordenar el precinto de las naves que la entidad acondicionó en el muelle de O Ramal como centro de clasificación, promoción y venta de bivalvos.

La OPP-89 llega a decir que «la forma de actuar del Concello es arbitraria, caprichosa, partidista e ilegal». Para añadir que «está actuando con abuso de poder y vulnerando el principio de seguridad jurídica».

Acompañado de algunos de los integrantes de la entidad que preside José Luis Villanueva, éste compareció ante los medios de comunicación esta misma mañana para plantear todo esto y decir «basta».

Javier Quintáns

Lo hizo arremetiendo contra el regidor, Alberto Varela, acusándolo de perseguir a los parquistas, y contra el patrón mayor de Carril, Javier Quintáns, del que dice que persigue lo mismo que el primer edil, plegándose a «intereses políticos».

Villanueva no dejó títere con cabeza a la hora de confirmar las acciones judiciales emprendidas contra la administración local después de haber perdido subvenciones por valor de unos 500.000 euros y al ver que siguen precintadas unas naves en las que se gastaron 2 millones.

De ahí que insinuara que tanto eso como lo que pierdan los parquistas cada día que pasen de inactividad son posibles cuantías a valorar cuando llegue el momento de reclamar judicialmente una compensación por daños y perjuicios.

El presidente de la OPP sostiene que Varela «pone una disculpa tras otra» para mantener cerradas las naves, «llegando a decir que el puerto de O Ramal no tiene usos acuícolas a pesar de que presentamos toda la documentación desde el principio dejándolo claro, y a pesar también de que el Concello nos estuvo cobrando incluso antes de abrir las puertas la tasa de basura como centro de clasificación de bivalvos, es decir, reconociendo en documento oficial nuestra actividad».

Pero eso no es todo, sino que «tenemos el visto bueno de la Autoridad Portuaria, en cuyos terrenos se asientan las naves, por lo que queda claro que el alcalde está llamando a las puertas de la prevaricación con un asunto en el que pone en juego dinero y puestos de trabajo».

Además, asegura Villanueva que el regidor «tiene el control de la cofradía de Carril» y lo acusa de marginar tanto a los parquistas como a la cofradía de Vilaxoán, con la que en su día la OPP-89 firmó un convenio para vender producto en su lonja.

A mayores, sostiene que «la cofradía de Carril no va a ninguna parte sin los parquistas, porque el marisqueo no cubre ni sus propios gastos» –se remite a las facturaciones anuales que así lo atestiguan–, para añadir que la OPP-89 no va a ceder «y seguiremos trabajando por Carril y por los parquistas».

Para entender la situación bueno es, y así lo hace el presidente de la organización, remontarse al convenio suscrito por la cofradía carrilexa y los propios parquistas hace dos décadas.

Desde 2022

Fruto de ese acuerdo, «para liberar a la cofradía de parte del trabajo que se realiza en la lonja, decidimos crear en O Ramal un centro de almacenamiento, clasificación y registro de moluscos, para el que obtuvimos la concesión de la Autoridad Portuaria en 2022, y así se le hizo saber al Ayuntamiento».

El mismo que aquel año, en 2023 y 2024 concedió diversas licencias para la modernización de las citadas naves portuarias.

A principios de este ejercicio la OPP-89 y la cofradía de Carril rompieron relaciones, «por lo que tuvimos que buscar alternativas, de ahí que en verano alcanzáramos un acuerdo con Vilaxoán para vender bivalvos en su lonja», rememora Villanueva.

En agosto se comunicó al Concello el inicio de actividad, «siendo la reacción del alcalde decir que la única almeja de Carril es la que entra y sale por la puerta de su lonja, menospreciando a la de Vilaxoán».

Ya en septiembre el regidor ordenó la paralización de las naves de O Ramal alegando que las licencias para unas obras pendientes no habían sido concedidas, «por lo que decidimos renunciar a esas obras que íbamos a hacer a mayores y volvimos a comunicar el inicio de actividad para poder trabajar».

En esta ocasión «el alcalde ya no podía aferrarse a las obras pendientes, así que usó como nueva disculpa que nuestra actividad no tiene relación con el tráfico portuario, a pesar de que sabe de la existencia de informes favorables de la Autoridad Portuaria y del Abogado del Estado».

Presentadas las alegaciones, «el alcalde dictó resolución declarando la ineficacia de la comunicación de inicio de actividad por la supuesta falta de relación con el tráfico portuario, lo cual demuestra que cambió de criterio arbitrariamente con la única finalidad de impedirnos trabajar al margen de la cofradía de Carril».

«El alcalde está invadiendo competencias que son de la Autoridad Portuaria»

La OPP-89 no entiende ni comparte cómo el Concello de Vilagarcía puede oponerse al funcionamiento de las naves de O Ramal «cuando resulta que disponemos de una concesión para utilizarlas como punto de almacenamiento, registro y clasificación de moluscos».

Por cierto, que la concesión «se nos dio tras un procedimiento de información pública en el que no se presentó ninguna objeción desde el Concello, que tampoco recurrió la resolución de otorgamiento de la concesión para ‘clasificación de moluscos bivalvos y almacenamiento’ publicada en el Boletín Oficial del Estado», esgrimen los parquistas.

Además, en 2022 y 2024 «habíamos obtenido licencia de obra otorgada por el propio Concello, constando en ella cuál iba a ser el uso de las naves, y nada objetó tampoco».

Puestos a enumerar contradicciones, José Luis Villanueva recuerda que «el Concello nos pidió que aportáramos el título concesional, y el 27 de septiembre 2022 le adjuntamos informe de la Autoridad Portuaria en el que se indica que el uso de las naves objeto de concesión es la clasificación de moluscos bivalvos y almacenamiento».

Es decir, que «el alcalde no puede venir ahora diciendo que el uso acuícola no está contemplado en el Puerto». Por cierto, que con este proceder el regidor «está invadiendo competencias que son de la Autoridad Portuaria», concluye José Luis Villanueva.

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