El plan especial de Cambados acaba en el TSXG por «devaluar» un solar privado

El plan de ordenación portuaria de Cambados ha acabado en los tribunales. Recientemente, el TSXG ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el propietario de un solar ubicado en pleno corazón de Tragove contra su aprobación definitiva, porque le «impide cualquier posibilidad real» de edificarlo, a pesar de mantener su clasificación como terreno urbano, lo cual considera una «ocupación encubierta» de su propiedad sin contraprestación.

El cambadés lleva años pleiteando contra el documento, desde el momento en que tuvo constancia de la situación en que quedaba la parcela. Primero por la vía administrativa, sin resultado, y después por la judicial y, de hecho, cuenta con resoluciones firmes previas que «declararon la titularidad privada del terreno» frente a Portos.

Así lo indica su defensa, el despacho López Abogados, en un escrito donde detalla que el plan aprobado por el Pleno el pasado octubre, tras años de tramitación, «mantiene la clasificación urbana del terreno y reconoce su condición de solar, pero de forma contradictoria, no le asigna ningún aprovechamiento edificatorio, impidiendo en la práctica el ejercicio del derecho a edificar inherente a la propiedad del suelo urbano consolidado existente en esta zona de Cambados».

«Restricción ilegítima»

Lo consideran una «restricción desproporcionada y carente de justificación», además de incompatible con la legislación gallega y jurisprudencia del Tribunal Supremo, que «prohíbe que la administración bloquee indefinidamente el ius aedificandi mediante planteamientos que no se ejecutan o que congelan derechos sin causa legítima».

Pero es que además, el recurso sostiene que se «incurre en desviación de poder», acusando a las autoridades de usar el plan como un mecanismo «indirecto para neutralizar derechos previamente reconocidos», en los fallos judiciales anteriores. «No responde a una necesidad real de ordenación portuaria en Cambados, sino que persigue eludir el cumplimiento efectivo de dichas sentencias haciendo inviable cualquier uso edificatorio».

Así las cosas, ve el caso como una «ocupación encubierta» de un terreno privado, lo cual persiguen las leyes y los principios constitucionales de seguridad jurídica y protección del derecho de propiedad. Y es que cuestiona que este tipo de herramienta urbanística «pueda imponer, sin expropiación ni indemnización, una privación total del aprovechamiento» de una propiedad particular.

El despacho compostelano destaca que el recurso contencioso administrativo que ha admitido el TSXG «no cuestiona la ordenación portuaria en su conjunto» sino el uso que se le está dando respecto a este bien, «trasladando al propietario una carga que, de ser necesaria, únicamente podría imponerse mediante los mecanismos legales de expropiación y la correspondiente compensación económica».

Cabe recordar que este plan fue una tortura administrativa de casi una década e incluso hubo otro anterior, pues se necesitaba para ordenar suelos portuarios y para proyectos como la nueva plaza. El Concello es el promotor y Portos de Galicia el redactor, además de haber pasado por múltiples informes sectoriales de Xunta y Estado.

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