Una inspección confirma «deficiencias» denunciadas en los Servizos Sociais de Ribadumia
Somos asegura que los plazos concedidos vencieron sin que hayan subsanado

Imagen aportada por Somos sobre cómo era el despacho del educador familiar.
Somos Ribadumia desveló ayer un informe de la Consellería de Política Social con «incumplimientos y deficiencias» detectadas en el departamento de Servizos Sociais, en cuanto a instalaciones y otros temas de tipo administrativo.
El documento recoge unos plazos de enmienda que, según el partido opositor, «vencieron sin que David Castro -el alcalde- hiciera nada». Es por ello que exige que se adopten las medidas instadas tras las inspección realizada en octubre y algunas de las cuales ya fueron denunciadas, pero el regidor «declaró que todo funcionaba a la perfección y que los trabajadores estaban bien; ahora queda demostrado que mintió», añadió el concejal Sergio Soutelo.
Una de las cuestiones que más polémica suscitó en su momento fue el despacho del educador social. Política Social señala que el «habitáculo» de reducidas dimensiones «incumple» el reglamento y llega a decir que el espacio «es más adecuado para una sala de archivo».
Una de las principales preocupaciones, además de la falta de ventilación y luz natural, es que «colisiona con el derecho a la dignidad y privacidad» en la comunicación con los usuarios, además de interferir, entiende, en el bienestar del personal.
Así las cosas, es una de las «deficiencias» que le instaba a corregir en el plazo de 15 días; contar con un «espacio adecuado». En el mismo listado de requerimientos van que el Concello identifique los despachos de los diferentes profesionales del servicio y los horarios de atención y que acredite si usó los fondos percibidos por la Diputación para contratar un auxiliar administrativo. Indica que durante su visita, la plaza estaba sin cubrir, así que «el Concello podría estar incumpliendo con la finalidad de la ayuda concedida».
En la relación también señala otras cuestiones como que se no generan datos estadísticos, que es obligatorio pasar a la Xunta, y «deficiencias detectadas en expedientes de personas usuarias del SAF», así como que «todos» los revisados en la modalidad de dependencia «no cuentan con el informe de valoración previa/informes sociales».
Asimismo le dio un mes para garantizar la cobertura de los puestos de personal técnico financiado con el Plan Concertado, sobre todo al término del contrato de uno de los trabajadores sociales, que terminaba en noviembre.
De hecho, el informe contemplaba que antes de irse debía cubrir el puesto «con la mayor brevedad posible» para no sobrecargar al resto. En este caso, la otra profesional está de baja.
Para Somos todo «es inaceptable» y también criticó que el contrato del SAF «lleve un año vencido». Además de recordar que hay unas 50 quejas.
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