Interior resucita la obra del cuartel de Cambados con 10 millones de euros y después de tres años parada

El Ministerio del Interior ha sacado a licitación la construcción del cuartel de la Guardia Civil en Cambados por 10,3 millones de euros tras el intento fallido del anterior proyecto debido a los problemas geotécnicos de la parcela, que pararon las obras hace tres años. Sumando las indemnizaciones por los contratos rescindidos con las empresas, costará unos tres millones más con respecto al primero.

Se trata de una demanda histórica por la que hubo una pugna política con Vilagarcía, pero como está bajo la demarcación de la Policía Nacional, el Estado se decantó por la capital del albariño para centralizar la Capitanía de O Salnés. De hecho, la plana mayor opera desde hace tiempo en el cuartel provisional habilitado en el centro municipal de A Mercé.

El proyecto licitado estos días a través de la empresa pública Siepse recoge una serie de cambios que ya fueron avanzados por este diario y que responden a unos problemas geotécnicos no detectados en los estudios previos a la construcción: una alta presencia de roca hallada en niveles superiores y la elevada presión de una bolsa de aguas subterráneas que impidieron excavar hasta la cota prevista inicialmente.

Así las cosas, en la obra iniciada en julio de 2022 poco más se hizo que allanar la parcela de Valle-Inclán tras demoler el viejo cuartel y construir los muros pantalla sobre los que irá anclada la cimentación.

Detalles del modificado

Según el proyecto reformado, las solución constructiva contemplada es una cimentación superficial y la estructura se compondrá de una planta de semi sótano de 48,3 x 44,5 metros a ejes de pilares, que ocupará prácticamente la totalidad de la finca bajo rasante, salvo un retranqueo de cinco metros desde el muro del pazo de Fefiñáns, de la horta de O Pombal, una cuestión exigida por Patrimonio de la Xunta.

Sobre esta se levantarán los dos edificios previstos para dependencias oficiales y viviendas. Además, entre ambos «a nivel de planta baja sobre elevada se proyecta una zona de plaza transitable y zona de rodadura para acceso a los garajes» de los residentes, que antes no iban a aquí. De hecho, en este bloque, que será el más alto, con cuatro pisos para un total de 16 viviendas, se ha suprimido el bajo cubierta destinado a los trasteros y ahora se harán en ese sótano compartido.

En lo que respecta al edificio de trabajo, este espacio se destinará a estacionamiento, zona de calabozos y detención, almacenes... Mientras que los servicios con atención directa a la ciudadanía con sus oficinas y sala de espera se ubicarán en la planta baja.

El resto de dependencias para los agentes con despachos y otros espacios, seguirán en la primera planta y la segunda contará con vestuarios, salas de reunión y descanso y más espacios de trabajo, pues habrá una variedad de equipos y unidades del Instituto Armado trabajando en este acuartelamiento.

Cabe recordar que la previsión es albergar unos 130 agentes, sumando las compañías, intervención de armas, Paprona, Policía Judicial, puesto fiscal, equipo VioGén...

En cuanto a los domicilios, conocidos como pabellones, serán viviendas de uno y tres dormitorios y en algunos casos con terraza.

Este proyecto, al igual que su predecesor, ejecutará unas instalaciones de eficiencia energética, tanto en cuanto a la envolvente como respecto a la instalación de paneles solares y de un sistema de geotermia para calentar y surtir de agua caliente.

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato millonario, de 10.326.581 euros, tienen hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas. En cuanto al plazo de ejecución, es un poco más extenso que en el primero, de año y medio (18 meses). De hecho, de no haber aparecido esos problemas que obligaron a parar las obras varias veces y a incrementar ya entonces el presupuesto, de los 6,5 a los 9 millones, ya tendría que estar terminado.

Despropósitos y el «mea culpa» del Estado

El proyecto del nuevo acuartelamiento fue presentado en noviembre de 2021 a bombo y platillo porque suponía cumplir con una demanda que llevaba más de una década sobre la mesa. Las ya desaparecidas instalaciones de la calle Valle-Inclán eran hasta peligrosas para funcionarios y ciudadanos. De hecho, la Diputación de Pontevedra y el Concello se unieron para hacer unas mejoras, que se paralizaron porque se descubrió que podría venirse todo abajo.

No obstante, los despropósitos han perseguido a este proyecto y el propio Estado entonó el «mea culpa» en alguna ocasión cuando desde la oposición e incluso el gobierno local, con el alcalde Samuel Lago a la cabeza, no dudaron en criticar el proceder: cómo era posible que los estudios de la parcela no hubieran detectado los problemas geotécnicos que obligaron a paralizar la obra.

Esta empezó en julio de 2022 con la explanación de la parcela tras derribar el viejo cuartel y poco más se hizo. En octubre se produjo la primera parada porque era necesario replantear y recalcular la solución de los muros de contención. Se reanudó en 2023, pero la presión hidrostática volvió a suspenderlas y hasta hoy. Se estudió un modificado que elevó los 6,5 millones de coste a 9 millones, pero luego se decidió sacarlo otra vez a licitación, la que sale ahora.

A todo esto hay que sumarle los 450.000 euros pagados en indemnizaciones a las empresas después de rescindir los contratos por causas ajenas, por estas largas paralizaciones.