Un recurso de Abogados Cristianos cuesta 1.000 euros al Concello

El Ayuntamiento de Vilagarcía retiró la cruz franquista de la fachada de la iglesia de Santa Eulalia de Arealonga entre enero y febrero de 2022. A raíz de dicha actuación, la Fundación Española de Abogados Cristianos, con sede en Valladolid, denunció al Concello en los juzgados. La Justicia dio la razón una y otra vez a la administración local, pero en el transcurso del procedimiento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó que el Ayuntamiento debería abonar 1.000 euros en concepto de costas procesales. Esa resolución se produjo en 2023, y la orden de ingreso del dinero acaba de ser aprobada por el Concello.

Ravella costeó la retirada de la cruz franquista tras obtener la aprobación formal del Arzobispado y el visto bueno de Patrimonio de la Xunta. El Concello realizó la actuación en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe la exhibición de simbología franquista en espacios públicos. Sin embargo, Abogados Cristianos llevó el asunto a la Justicia.

La sección de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Pontevedra inadmitió el recurso, al considerar que la asociación ultraconservadora no tenía legitimidad para presentarlo, al tratarse de una acción en un edificio privado, y que contaba con el visto bueno de los propietarios del mismo. Además, imponía al colectivo de letrados el pago de 700 euros en concepto de costas.

Sin embargo, estos recurrieron ante el TSXG. Solicitaron la admisión de la demanda y que el Concello de Vilagarcía corriese con el pago de las costas. Y el alto tribunal gallego les dio la razón en 2023, obligando a la Audiencia de Pontevedra a ver el caso, e imponiendo a Ravella el abono de los 1.000 euros de gastos procesales que Vilagarcía pagará ahora.

A partir de ese momento, Abogados Cristianos perdió siempre en los juzgados. La Audiencia de Pontevedra volvió a fallar en contra suya y a imponerles el pago de 1.000 euros en costas. La fundación apeló una vez más al TSXG, pero en esta ocasión el alto tribunal rechazó sus pretensiones, y le impuso la obligación de pagar las costas de este segundo recurso.

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