Las patrulleras de Aduanas de Vilagarcía y Marín rondan los 20 años de servicio
La CIG considera que los medios de vigilancia son obsoletos y reclama la reposición de las embarcaciones perdidas desde 2015
El Águila I estuvo averiada varios meses este año
Una narcolancha intervenida y, al fondo, la patrullera de Aduanas, en Vilagarcía. | Iñaki Abella
El Águila I es la patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) con base en Vilagarcía; su hermana, Águila V, permanece amarrada en Marín. La primera de ellas fue botada en 2008, y la segunda un año más tarde. Ambas rondan por lo tanto los 20 años de antigüedad, cuando el periodo de vida útil para estas embarcaciones de seguridad se sitúa en torno a los 15 años, según servicios como el Frontex (de vigilancia de fronteras) o el marítimo de la Guardia Civil.
La delegación del sindicato CIG en la Agencia Tributaria denunció ayer que «el Gobierno español pretende mandar más buques obsoletos para la vigilancia aduanera en Galicia». El sindicato apunta que la costa gallega es accidentada por su orografía y peligrosa por la meteorología, por lo que, «exigen medios modernos y no barcos que llegan ya con la vida útil vencida».
La CIG denuncia que el Gobierno pretende reforzar el servicio de vigilancia en Galicia con embarcaciones obsoletas, como el Gavilán I, que se destinará a Muros, «una lancha de 14 metros en la que solo pueden ir tres personas, sin personal de máquinas, obligando a hacer navegaciones de solo una hora». También se refieren a la Colimbo I, «una embarcación fabricada en los últimos años de la década de 1990».
El sindicato opina que el Gobierno está destinando a Galicia naves que ya no quieren en otras partes de la costa española, y resaltan que, «la chatarra no es segura para combatir el narcotráfico en la costa gallega». La consecuencia, aducen, es que las tripulaciones se exponen «a riesgos completamente innecesarios», y que «se le está abriendo de par en par la puerta atlántica a la entrada de droga al Estado español».
Esta situación, que según la CIG es generalizada en toda Galicia, se reproduce en Vilagarcía y Marín. En el primer caso, de hecho, la patrullera estuvo inoperativa varios meses a principios de este 2025, a consecuencia de una avería en sus motores que tardó en repararse.
El responsable de la CIG en la Agencia Tributaria, Henrique Outeiral sostiene que las Águilas son buenas embarcaciones, y muy rápidas (tienen 17 metros de eslora y rondan los 50 nudos de velocidad máxima, equivalentes a unos 90 kilómetros por hora), pero que «están medio obsoletas».
Los representantes de la plantilla también lamentan la pérdida de una de las dos embarcaciones que amarraban en la rada arousana, la Colimbo III, que fue trasladada en 2015 al sur de España.
Sobre esto, desde la CIG advierten de la necesidad de mantener la vigilancia sobre la costa gallega, ya que es una importante puerta de entrada de cocaína, una droga muy peligrosa para la salud. «Hay que terminar con el traslado de medios desde Galicia al sur de la Península o el Levante», concluye Henrique Outeiral.
Abogan por reutilizar las lanchas intervenidas a los narcos
Tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez consideran suficientes las dotaciones de Vigilancia Aduanera en Galicia. El sindicato CIG discrepa, y apunta al respecto que desde los años 2000 se perdieron tres embarcaciones y un avión con base en Lavacolla.Henrique Outeiral aboga por reponer los servicios perdidos, y por dotar a los barcos de medios técnicos modernos, capaces de dar una respuesta rápida a las organizaciones del narcotráfico, que no escatiman en gastos para lograr las naves más rápidas y escurridizas.Otra propuesta de la CIG pasa por reutilizar las narcolanchas y otro tipo de embarcaciones intervenidas a las organizaciones criminales, como pesqueros o veleros. Las primeras, adecuadamente preparadas, podrían servir para tareas de intervención rápida en el agua; las segundas, para controlar las costa de forma discreta. Se trata, al fin, de aprovechar unos medios costosos, tal y como se hace en tierra con muchos coches embargados. «Pero la administración no es partidaria de esta solución», lameta Outeiral.A nivel laboral, otra lucha de la CIG es lograr que se reconozca a efectos legales la peligrosidad de la profesión de los agentes marítimos, obligados en muchos casos a participar en abordajes nocturnos o a intervenir en condiciones meteorológicas muy malas en el mar.
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