«Nos echan a la calle», claman los letrados interinos de justicia

«Somos 15 las personas que echan a la calle en los juzgados de Galicia —tres en los de Vilagarcía— y 144 en toda España, algunos con 20 o 30 años en el cargo, y todo porque el Ministerio de Justicia ha decidido recurrir a un despido masivo encubierto para saldar su deuda con Europa», aseguran los letrados interinos de la Administración de Justicia.

Y no es cuestión menor, ya que el papel del letrado de justicia, antes conocido como secretario judicial, es pieza clave del sistema judicial español.

Lo que sucede es que se ofertan 144 plazas para la nueva promoción de letrados, y no se trata de puestos nuevos, sino de otras tantas plazas ocupadas actualmente en situación de interinidad. Dicho de otro modo, que los letrados de justicia sustitutos se van a la calle para dejar paso a los titulares.

Esas plazas «han sido seleccionadas única y exclusivamente para suplir a personal sustituto, lo cual supone que interinos que llevamos muchos años ocupándolas vamos a ser cesados sin indemnización, sin alternativa y sin posibilidad de integración en el cuerpo al que hemos estado sirviendo», denuncia el colectivo.

En Vilagarcía, con tres juzgados, son Isabel Rodríguez Vázquez, Violeta Reboredo Otero y Benita María Gándara Valije las tres letradas judiciales sustitutas que ven amenazado su futuro.

«Dirigimos la oficina judicial, hacemos los mandamientos de pago, admitimos demandas, nos encargamos de ejecutar subastas, de lo penal, del registro civil y de los procesos declarativos», explica Isabel Rodríguez, actual letrada directora del Tribunal de Instancia.

Al aludir a su situación y la de sus compañeras, argumenta que «la única forma de responder a las demandas de Europa y atajar la temporalidad que parece haber encontrado el Gobierno de España es mandarnos a la calle, es decir, que en lugar de pagar la sanción que le imponen desde Bruselas nos sanciona a nosotros».

Lo han hecho con los interinos de la Xunta, en las Diputaciones, con los abogados del Estado e incluso con los médicos forenses que trabajan con nosotros, pero no lo hacen con los letrados judiciales

Sabe que «siempre se ofertaron todas las plazas disponibles, pero ahora solo sacan a concurso las de más de tres años, lo que supone esas 144 en todo el país».

Isabel Rodríguez esgrime, asimismo, que «letrados, jueces y fiscales sustitutos son los únicos que no han estabilizado».

Lo cierto es que «lo han hecho con los interinos de la Xunta, en las Diputaciones, con los abogados del Estado e incluso con los médicos forenses que trabajan con nosotros, pero no lo hacen con los letrados judiciales».

De ahí que estos últimos y sus representantes sindicales no entiendan «por qué los letrados sustitutos nunca tendrán opción al mal llamado proceso de estabilización, mientras el Ministerio se bate en duelo por demostrar a Bruselas su cumplimiento con otros colectivos».

Expulsan a la gente con más antigüedad sin importarles qué va a ser de nosotros, a pesar de que hemos trabajado toda la vida para la administración de justicia demostrando sobradamente nuestra capacidad

Los letrados sustitutos consultados insisten así en que «Europa sanciona al Gobierno español por no estabilizar a la gente en sus puestos y le priva de ayudas económicas millonarias, y la respuesta del Estado es cargar la sanción europea sobre nuestras espaldas, deshaciéndose de los sustitutos sin importarle que algunos acumulen hasta treinta años de trabajo y tengan más de sesenta años de edad».

En definitiva, que «expulsan a la gente con más antigüedad sin importarles qué va a ser de nosotros, a pesar de que hemos trabajado toda la vida para la Administración de Justicia demostrando sobradamente nuestra capacidad; al Ministerio de Justicia solo le preocupa desprenderse de la gente con más antigüedad».

«En nuestro colectivo hay 144 aprobados como letrados que en diciembre van a tomar posesión ocupando la plaza de los que somos sustitutos», aclara la letrada directora del Tribunal de Instancia que presta sus servicios en el juzgado de Vilagarcía. Y advierte: «El año que viene serán otras tantas plazas, y así hasta desprenderse de todos los interinos».

Los letrados de Justicia ponen fin a la huelga

Ni que decir tiene que esto parece la puntilla a los letrados de la Administración de Justicia interinos, que desde 2013 han recurrido a múltiples vías para regularizar su situación, llegando a presentar tres denuncias ante la Comisión Europea que han derivado en sucesivos emplazamientos al Gobierno español, sujeto al correspondiente procedimiento de infracción.

El mismo expediente que sigue abierto desde 2014 sin una resolución definitiva de la Comisión. Pero sí con una reciente «Decisión de Ejecución» que ha suspendido el desembolso a España de casi 627 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, debido al incumplimiento estatal de la obligación de reducir la temporalidad y sancionar su abuso.

A esto se refieren los letrados interinos cuando dicen que ahora el Ministerio de Justicia «lo paga con nosotros echándonos a la calle para reducir esa temporalidad».

Lo único que parece importar es echar a los sustitutos, en silencio y sin indemnización, aunque ello suponga sacrificar cualquier lógica de continuidad del servicio

De nada han servido, tampoco, las quejas formuladas ante la Defensora del Pueblo europea. Ni los planteamientos elevados al Parlamento de Bruselas y a todos los partidos políticos españoles.

Es por todo ello que letrados como los de Vilagarcía hacen suyos los argumentos de la Sección de Letrados de la Administración de Justicia del Sindicato Catalán de Trabajadores Públicos (Sicatp), cuando denuncia «la incoherencia y el agravio comparativo que sufre este cuerpo, que ha sostenido durante años la maquinaria judicial en plazas desiertas y ahora es objeto de una sustitución masiva e injustificada».

A su juicio, lo que busca el Estado no es estabilización, sino «ceses planificados». Y «tampoco quiere transparencia, sino un uso político y selectivo de la información europea, ni defiende la igualdad, porque mientras unos colectivos obtienen procesos de regularización, otros son borrados en silencio».

Los titulares tampoco parecen estar de acuerdo

Los letrados de la Administración de Justicia que, tras haber aprobado las nuevas promociones, van a cubrir las 144 plazas de interinos que el Estado quiere eliminar, tampoco parecen de acuerdo en que «se les utilice» para este fin, por eso reclaman que se les ofrezcan las cerca de 800 plazas desiertas en toda España, y no solo las ocupadas por interinos de larga duración.

Así lo aseguran en el Sindicato Catalán de Trabajadores Públicos (Sicatp), donde destacan que los futuros letrados titulares creen «injusto» que su entrada en la carrera se vincule al «cese de compañeros que llevan años sosteniendo juzgados difíciles y poco atractivos».

Plazas «que nadie quiso durante años y son ahora el botín a repartir, aunque el coste sea la expulsión masiva de quienes las han ocupado con lealtad y profesionalidad», denuncian los representantes de los trabajadores.

Pero eso no es todo, sino que las tres asociaciones profesionales de letrados de la Administración de Justicia cuestionan la asignación de plazas a la nueva promoción en los términos previstos, denunciando que «jamás se había visto una vinculación tan directa entre el destino de los nuevos titulares y el cese programado de interinos».

Coincidiendo con lo señalado en Vilagarcía por Isabel Rodríguez, actual letrada directora del Tribunal de Instancia, los sindicatos denuncian que «lo único que parece importar es echar a los sustitutos, en silencio y sin indemnización, aunque ello suponga sacrificar cualquier lógica de continuidad del servicio».

Y eso a pesar de que en mayo el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, desmentía que fuera a producirse un «despido encubierto masivo» de personal interino, reafirmando «el compromiso del Gobierno con la estabilización del empleo público en el ámbito judicial, para poner fin al abuso de la temporalidad que afecta tanto a los jueces como a los letrados de la Administración de Justicia».

Seis meses después, «el despido masivo está confirmado», lamenta el Sicatp.

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