La patronal celebra el recurso favorable en el caso de la EDAR de Vilagarcía

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) celebra la resolución favorable del Tribunal de contratación de Galicia en el caso de la EDAR de Vilagarcía, sobre todo porque lo ve como un respaldo a su crítica a la legislación autonómica que promueve la conciliación en la contratación del sector público, por «falta de claridad» e «imponiendo criterios imposibles de cumplir», asegura.

Cabe recordar que el Tacgal obligó a la Xunta a modificar una parte de los pliegos de condiciones que establecía algunas medidas sociales como criterios puntuables a la hora de adjudicar el proyecto, tales como el teletrabajo, mejoras de permisos sobre los previstos en el convenio...

Que «en la práctica implica disponer de menos trabajadores y supone una dificultad añadida y externa para constructoras capaces de ejecutar las obras», explica en un comunicado esta organización, que agrupa a la práctica totalidad del sector en España. Es más, señala que tal y como estaban contempladas «dificulta la ejecución» del contrato, «interfiere en la organización interna de las empresas y supone una expulsión de la competencia».

El Tacgal le reconoció que «podrían vulnerar el principio de igualdad y distorsionar la competencia entre licitadores», señalando que, entre otras cosas, «difícilmente encontramos cabida para las medidas de flexibilidad espacial como el teletrabajo o la videoconferencia». O que «no se aprecia una relación directa con el objeto del contrato ni con la mejor calidad a la hora de ejecutarlo», destacaron desde la CNC. Cabe recordar que la Xunta está buscando firmas que redacten y ejecuten una obra, la ampliación de la depuradora de Vilagarcía, y que está valorado en 28 millones de euros.

La Confederación considera que se trata de un caso de «cláusulas abusivas» que «expulsan a empresas solventes» de los procedimientos y esto «afecta, en última instancia, a la competencia y a la calidad de la obra». Asimismo «lamenta» que se esté produciendo esto por parte de las administraciones públicas.

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