Condenan a A Illa a pagar 8.000 euros por ignorar el protocolo antiacoso

Una indemnización de 8.000 euros por no haber activado el protocolo antiacoso, incluido en las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, sobre un funcionario y absolución del alcalde, Luis Arosa, por un supuesto acoso sobre la figura del exjefe de la Policía Local, Miguel Varela. El juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra ha dado una de cal y otra de arena al Concello. Es cierto que exime al regidor de esa acusación, justificándolo en que una denuncia de acoso, realizada por un funcionario, al implicar una vulneración de un derecho fundamental «queda fuera de esta jurisdicción, por lo que debe quedar fuera del objeto del debate». Sin embargo, la demanda interpuesta por Varela es estimada en otra cuestión, la vulneración de los derechos fundamentales, donde acaba condenado al Concello al pago de esos 8.000 euros de indemnización al agente por no haber activado el protocolo antiacoso. No en vano, la sentencia recoge que «el demandado (Concello de A Illa) hizo una dejación del compromiso que, como empleador le corresponde de garantizar la salud de sus trabajadores», sancionando su incumplimiento.

También deja caer que la presencia del acoso, «si podría ser un elemento más de juicio para esa cuantificación», pero no le corresponde al tribunal de lo social juzgarlo. La cantidad es menor de la que solicitaba el exjefe de la Policía Local ya que «debe reiterarse que el objeto de indemnización es el incumplimiento de esa obligación del Concello, añadiendo que tampoco se consignan circunstancias objetivas o que identifiquen un especial daño moral». Esa parte de la sentencia será recurrida por el Concello en los próximos días.

Varela realizó ayer una valoración de la sentencia y cargó duramente contra el alcalde, edil de Seguridade Cidadá por aquel entonces, acusándole de «mentir con una desfachatez impropia de su cargo, manifestando que ha sido absuelto de la situación de acoso laboral, una cuestión que, como queda acreditado en la sentencia, no se depura en la misma. Esto solo puede obedecer a mala fe o a una interpretación deficiente de la misma».

También incide que el regidor otorga a la sentencia «hechos que son falsos como que es clara y contundente al señalar que no existe ninguna responsabilidad o que la justicia confirma que actuó con respeto, rigor y transparencia, cuando está demostrado que en ningún momento la sentencia valora la actuación del hoy alcalde». Estos hechos los considera «una manipulación de la realidad, sobre todo cuando omite una circunstancia como la de haber sido condenado a abonar 8.000 euros por no haber adoptado las medidas de prevención de riesgos laborales o no activar el protocolo antiacoso que demandaba un trabajador, una actitud impropia para un responsable político que se presume progresista».

Por último, Varela resume algunas de las cuestiones que sufrió en lo que califica de «campaña de hostigamiento», hechos que asegura tener documentados. Esas cuestiones fueron la eliminación como administrador de las redes sociales de la Policía Local, acusación «falsa» de no arreglar la cerradura del armero «cuando tenía a su disposición el presupuesto»; acusarle de no entregar una citación judicial a un agente; omitir su presencia en la Xunta local de Seguridade; efectuar un cuadrante de servicios para las Festas do Carme en la que le excluyó; hacer otro cuadrante al día siguiente de impugnar el nombramiento de un auxiliar «realizado de manera irregular»; acusarle de falta de puntualidad; censurarle por no retirar un vehículo del mercado con una grúa, «cuando no existe convenio con ninguna grúa»; entre otras cuestiones.

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