Fredi Bea: «La jungla de los Conciertos del Marisco tenía que haber acabado en Fiscalía»

Alfredo Bea García (Fredi), exconcejal galeguista de Seguridad Ciudadana de O Grove, gobernando al lado de los alcaldes Miguel Pérez (PP) y José Cacabelos (PSOE), considera que «el descontrol» que existió en determinados momentos y actividades de la pasada Festa do Marisco «roza lo delictivo», por lo que lamenta tanto esos hechos como que la oposición municipal no hubiera intervenido «para denunciarlos ante Fiscalía».

Sin Policía Local por las noches, con reducida presencia de la Guardia Civil, con seguridad privada limitada a las cajas de expedición de tickets y con decenas de miles de personas en las calles, «lo realmente extraño es que no ocurriera ninguna tragedia», enfatiza.

Lo que hay que hacer es asumir responsabilidades en lugar de pasar de todo, como hicieron el alcalde y la oposición, el primero actuando con absoluta negligencia y los segundos, tolerándolo

Alfredo Bea García

— Exconcejal de Seguridad Ciudadana

Sabe de la existencia de incidentes como la pelea multitudinaria registrada durante la última madrugada de la fiesta, la cual, como avanzó FARO DE VIGO aquel mismo día, se saldó con varios heridos y la reacción inmediata de vecinos que lamentaron, precisamente, las escasas medidas de seguridad y la nula presencia policial.

Por eso alega que «con tanta gente en O Grove, lo raro de verdad es que no ocurriera nada mucho más grave que esa pelea».

Especialmente en el caso de los Conciertos del Marisco, «cuando según el propio alcalde se dieron cita miles de personas y en los que todos hemos visto que no había ni un solo vigilante, lo cual incumple todos los protocolos de seguridad y atenta contra el sentido común».

Al hacer esta reflexión, Fredi Bea argumenta que el alcalde, José Cacabelos, «se opuso en su día a que se celebrara en O Corgo el festival Son do Mar, dejándolo marchar a Cambados, y sin embargo promocionó unos Conciertos del Marisco absolutamente carentes de sentido, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana».

Dejando claro que está «totalmente a favor de los conciertos y de la fiesta», Bea no duda en manifestar que «lo que hay que hacer es asumir responsabilidades en lugar de pasar de todo, como hicieron el alcalde y la oposición, el primero actuando con absoluta negligencia y los segundos, tolerándolo».

Inhabilitación

«Ironías de la vida –añade–, a mi me inhabilitaron durante siete años por una multa de cien euros que ni siquiera era mía, y estos permiten conciertos en los que hubo hasta 10.000 personas, según dijo el alcalde, sin un solo vigilante, sin ambulancia y sin puesto de mando avanzado; es decir, todo lo contrario de lo que se hacía cundo yo tenía responsabilidades en Seguridad Ciudadana».

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Ante la situación vivida, que convirtió el recinto ferial de O Corgo en «una auténtica jungla», espeta que «la oposición tendría que haber exigido el plan de seguridad específico para los conciertos, y al no existir tendría que presentar denuncia en Fiscalía».

La conclusión a la que llega es que «lo sucedido ha sido muy grave, y no deja de ser vergonzoso que la única seguridad privada se pusiera para vigilar las cajas y los ordenadores, dejando desatendidas y desprotegidas a decenas de miles de personas».

Su sentencia es contundente: «Fue una auténtica suerte que no pasara nada, porque la incapacidad del alcalde de O Grove, en su condición de responsable de Seguridad Ciudadana, ha sido manifiesta, incumpliendo la ley de una manera absolutamente negligente y poniendo en peligro a los asistentes a los conciertos», termina Alfredo Bea.

Serían precisos al menos ocho vigilantes

Cuando Alfredo Bea denuncia el incumplimiento de la legislación vigente en materia de espectáculos y seguridad saca a relucir el protocolo de actuación que elaboraba cuando ejercía como concejal de Seguridad Ciudadana, en el que se establecía que «para eventos con más de 5.000 personas hay que disponer de, al menos, «un vigilante de seguridad por cada 1.000 asistentes, y dos más por cada 1.000 espectadores adicionales a partir de los 2.000 primeros, siendo necesarios para esas 5.000 personas un mínimo ocho guardias de seguridad habilitados conforme a la Lei 5/2014 de seguridad privada».

A mayores, contemplaba «una zona sanitaria propia, personal sanitario cualificado y ambulancia medicalizada, integrando el plan sanitario en el plan de emergencia y autoprotección».

Este último contemplaba «medidas de evacuación, confinamiento y aviso al 112, con un puesto de mando avanzado en comunicación directa con el 112».

Incluso regulaba los accesos y la circulación, requiriendo «un mínimo de cuatro vías para la entrada y salida del público debidamente señalizadas y libres de obstáculos». Todo ello en un recinto «delimitado y controlado con entradas y salidas señalizadas».