La Xunta se defiende en el caso del vertido de Carril

La Xunta se ha defendido de las acusaciones de Ravella sobre el vertedero incontrolado que se generó en Carril, asegurando que la obra que lo habría generado no estaba terminada y que si le remitió la denuncia realizada por el Seprona el 6 de mayo fue porque siguió el «procedimiento habitual» y «se identificaba como persona denunciada el Concello de Vilagarcía».

Las mismas fuentes explicaron que, con todo, el día 5 de junio se procedió a la limpieza de la zona, retirando tanto los restos procedentes de la creación de la senda peatonal entre Bamio y Carril, como los ajenos. Y es que, como expuso la propia Guardia Civil, se habría producido una especie de efecto llamada y particulares aprovecharon para depositar desechos como ladrillos y azulejos.

No obstante, desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la obra que estaba ejecutando la empresa adjudicataria «aún no había acabado» y que los restos pertenecientes a la misma estaban «dispuestos junto a los trabajos que se estaban llevando cabo, al lado de casetas y demás provisión de material». A esto añaden que durante la misma «no se recibieron quejas ni denuncias de ninguna clase» y que sí detectaron que «fueron depositados elementos ajenos por parte de terceras personas, aprovechando la presencia» de los procedentes de su proyecto.

En cuanto al procedimiento seguido, desde el gobierno gallego explican que siguieron el «habitual» y destacaron que la denuncia por infracción de la normativa de residuos «no emanó de la Consellería de Medio Ambiente, sino que fue remitida por el Seprona a la delegación territorial en Pontevedra de la consellería, concretamente ante el Servizo de Calidade Ambiental». También que la misma «identificaba como persona denunciada al Concello de Vilagarcía», como también reconoció Ravella el pasado sábado, cuando dio a conocer este asunto.

Las mismas fuentes expusieron que, por ello, le enviaron un requerimiento de limpieza, pero «sin apertura de sancionador», pidiéndole además documentos acreditativos de la retirada de la basura. Sin embargo, un mes después, aproximadamente, fue la Administración autonómica la que retiró «por completo todos los restos, tanto los propios como los ajenos».