Arosa exige una disculpa a Aviturga por «su campaña de desprestigio»

El PP acusa al bipartito de esconderse tras la sentencia del TSXG para «no devolver lo cobrado de más a los propietarios de viviendas turísticas y trata de ahora de sacar rédito»

Luis Arosa durante un pleno de A Illa.

Luis Arosa durante un pleno de A Illa. / Iñaki Abella

A. G.

A Illa

La decisión del Tribunal de Xustiza de Galicia de archivar el contencioso administrativo de Aviturga contra el incremento de la tasa de recogida de basura y saneamiento ha desatado un terremoto político en el municipio de A Illa, sobre todo, porque fue uno de los arietes con el que se atacó al gobierno bipartito. Ese ataque no lo olvida el alcalde del PSOE, Luis Arosa, que ayer emitió un comunicado en el que afirmaba que «tras meses de presiones, acusaciones públicas y campañas de desprestigio, la asociación Aviturga confirma lo que ya se intuía: no tenían ni razón ni argumentos para sostener jurídicamente sus denuncias y decidió no presentarse al proceso que ella misma inició, con el resultado del archivo».

Arosa asegura que esta renuncia va mucho más allá de un trámite procesal, pues «es la evidencia definitiva de que todo fue un intento de confundir, tensionar y desgastar políticamente al gobierno municipal, sin más argumento que la de unos intereses privados incapaces de ser justificados ante un tribunal». Asegura que en ese camino se utilizó «la mentira como herramienta política y mediática, llegando a recurrirse a la difamación», siendo objeto ce «insultos públicos por parte de Aviturga, que me calificó de ‘político ninja’ o a hablar de ‘extorsión fiscal» y ‘fraude político’ ultrapasando los límites del debate democrático».

Es por ello que el regidor exige una disculpa pública de Aviturga por lo que entiende como «acusaciones falsas» y no se olvida del «papel jugado por el PP de A Illa que, ahora, tiene la obligación de explicar a la ciudadanía los motivos por los que se prestó a una estrategia sin fundamento, convirtiéndose en cómplice de la confrontación y de la mentira». A estos últimos, Arosa les insta a «asumir su error y cesar en el uso partidista de las instituciones» tras demostrarse, a su entender, que «la ordenanza fiscal de las VUT’s es legal, justa y plenamente vigente, siendo aprobada de forma democrática».

Por su parte, el PP de A Illa volvió a cargar contra el bipartito ayer, al que acusan de «esconderse tras el contencioso para no devolverle lo cobrado de más a los propietarios de esas viviendas, pese a que se reconoció en pleno que había sido un error». Matías González Cañón lamentaba ayer que el edil de Facenda, Manuel Suárez, les interpele por el archivo de la causa cuando «fue presentada por Aviturga, que aglutina a la mayor parte de los propietarios, parece una simple estrategia para sacar rédito electoral porque los vecinos les están escapando y para desviar la atención, ya que los 229 dueños de esas viviendas son vecinos que tienen toda la razón del mundo».

Cañón insiste en que el PP solo instó al gobierno local a cumplir su compromiso, devolver la diferencia en las tasas en enero de 2025, «si no lo han hecho, habrá que preguntarse el motivo porque el contencioso no tiene nada que ver con esto». El conservador insiste en que los más de 200 propietarios de VUT’s de A Illa «no son grandes bancos ni empresarios, son vecinos de a pie, que trabajaron, se esforzaron y ahorraron para comprar una casa o un piso y solo quieren rentabilizar la apuesta realizada por su propio concello».

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