Varapalo judicial al uso público de la nave de reciclaje de Sete Pías en Cambados
El TSXG declara caducado el tercer intento del Concello de rescindir el contrato a la concesionaria

Imagen de archivo de la fachada de la plataforma logística de Sete Pías. / Iñaki Abella
La Plataforma Loxística Inversa de Sete Pías lleva más de una década parada en el tiempo -nunca llegó a funcionar- y los intentos del Concello de Cambados por hacerse con la propiedad para ocuparla se eternizan. En este período ha abierto hasta tres expedientes para rescindir el contrato a la empresa adjudicataria, Unión Temporal de Empresas Estévez Container Orensanos-Soil Recovery, y el último acaba de recibir un varapalo judicial que va a demorar aún más sus planes.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declara caducado el último procedimiento ejecutado por la Administración local para poner fin a esta relación contractual por incumplimiento culpable de la empresa y que data de 2021. Una resolución que responde a un recurso presentado por la misma.
A favor del Ayuntamiento
El alcalde, Samuel Lago, indica que están valorando si recurren este fallo que, por otra parte, se alinea con la tesis sostenida por el Ayuntamiento desde hace años, cuando dice que «hay visos más que patentes de que el contratista incumplió sus obligaciones», como el pago de un canon anual que el Concello sitúa en un millón de euros y que también está en reclamación judicial.
Asimismo le retira la razón a la UTE, que ha defendido desde el principio que la rescisión del contrato debe realizarse de mutuo acuerdo porque no le aportaron la cantidad suficiente de residuos para que la actividad resultara viable económicamente y que por este motivo no cumplió. En concreto, los magistrados indican que la documentación mediante la cual se sacó el servicio a concurso público no establecía esta obligación por parte del Ayuntamiento.
También aluden a la existencia de un riesgo operacional y consideran que debería haber «calibrado si el contrato podía serle beneficioso o no», pues los contratos administrativos públicos «no aseguran ganancias siempre, puede haber pérdidas o ganancias».
Del mismo rechazan que el punto limpio municipal le restase negocio: «Ambas actividades son compatibles». No obstante, la Sala de lo Contencioso estima que el procedimiento abierto por la Administración local está caducado por superarse los plazos preceptivos. Un asunto que tiene su origen en un informe del Consello Consultivo que tuvo que solicitar a petición de la larga lista de causas judiciales abiertas por el caso -la UTE llegó a pedir ocho millones de euros de indemnización-.
Y es que este proyecto lleva en los tribunales desde casi el inicio, en 2010, cuando el gobierno de la Diputación de Rafael Louzán construyó esta nave de 3.000 metros cuadrados con cuatro millones de fondos públicos. Lo hizo en un terreno municipal y el Concello quiere ocupar la instalación para guardar maquinaria, dar cobijo a Protección Civil...
«Tenemos mucha necesidad de espacio y la situación ya es de hartazgo después de tantos años y mientras tanto, las instalaciones se van deteriorando», explica el regidor cambadés. Así las cosas, lo que tiene claro es que irían al cuarto expediente de resolución del contrato.
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