Pólvora mojada en la pirotecnia de Coaxe (Catoira)

El pasado mes de diciembre el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) confirmaba íntegramente la sentencia del Juzgado Contencioso número 2 de Pontevedra que obligaba al cierre y demolición del taller-almacén de pirotecnia de Coaxe, contra el que pelearon durante largo tiempo el Concello de Catoira y los vecinos, alegando que constituía una amenaza para la integridad y calidad de vida de los ciudadanos.

Lo que hacía el TSXG era declarar la ineficacia de la comunicación previa de las obras del galpón, obligando al Concello a iniciar la reposición de la legalidad urbanística «procediendo a la demolición de lo construido de manera inmediata».

Pues bien, la empresa Pirogal, responsable de la pirotecnia no presentó recurso de casación, de ahí que ya se considera firme la sentencia que ordena el derribo de las instalaciones, comprometiéndose el ejecutivo local a hacerlo «de manera inmediata».

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Así lo anunció esta misma tarde el alcalde, Xoán Castaño, quien ayer volvió a dejar patente, toda vez que «la empresa agotó y perdió ya todas las vías legales disponibles para salirse con la suya».

«La Justicia dice que ya no hay más vuelta de hoja, por lo que podemos decir que la situación es definitiva y que Pirogal debe marcharse de Coaxe», proclamó el regidor.

Trabajo, valor y fuerza de todos los vecinos

El mismo que vuelve a poner de relieve que «el triunfo final sobre la empresa pirotécnica fue posible gracias al trabajo, valor y fuerza de todos los vecinos» y la plataforma ciudadana expresamente creada para torpedear este proyecto.

Un colectivo que emprendió «una batalla dura por una causa justa, como queda demostrado en los tribunales».

El propio Castaño, que califica este procedimiento de «victoria histórica» para el pueblo de Catoira, también considera que la decisión última del TSXG «ratifica los pasos dados por el actual equipo de gobierno del BNG, que en contra de sus antecesores en la Alcaldía, consideraba que había motivos para abrir expediente administrativo contra la empresa pirotécnica en base a varios informes municipales que demostraban que la construcción de Pirogal no se hizo atendiendo a la legalidad». 

«Un rural digno»

De ahí que los nacionalistas quisieran defender lo que denominan «un rural digno» en lugar de «tragar con las irregularidades derivadas de la instalación de la pirotecnia, cuyas obras no eran compatibles con las Normas Subsidiarias de usos en suelo rústico y se basaban en falsedades esenciales, porque la construcción no tenía la finalidad agrícola» que planteó la empresa inicialmente.

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En defintiva que ese almacén será derribado porque «ldista mucho de parecerse al galpón agrícola» para el que se pidió licencia inicialmente.

Es un galpón «con un cierre de 2,2 metros de altura, cuando debería tener 1,5, provisto de bloques y alambres de púas, junto a carteles de riesgo de explosión, cámaras, pararrayos de diez metros de alto y cables de vientos que no se integran con el paisaje».

Además, «no se da la superficie mínima para construir; a pesar de lo cual la intención de la empresa siempre fue habilitar un depósito de seis toneladas de material pirotécnico sin tener las autorizaciones sectoriales pertinentes».

De ahí el rechazo mostrado por el BNG cuando estaba en la oposición y desde que ocupa el gobierno vikingo.

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Prueba de ello es que el pasado 15 de abril, antes que se pronunciara el TSXG, el ejecutivo local ya hizo constar que la tramitación administrativa de la empresa para legitimar la construcción «no se hizo de acuerdo con la legalidad».

Castaño también recuerda que la plataforma vecinal «se vio obligada a denunciar a la empresa y al anterior gobierno de Catoira –con el socialista Alberto García al frente– por la resolución municipal de septiembre de 2022 en la que el ya exalcalde aseguraba que todo estaba en orden».

Pero la propia sentencia explica que el Concello cambió de postura y que, en base a informes periciales y técnicos, se fiscalizó toda la documentación entregada por la pirotecnia y se constató «que las obras realizadas no son compatibles con las normas subsidiarias de usos en suelo rústico, además de existir falsedades esenciales, ya que no tenían finalidad agrícola alguna y no se correspondían con lo presentado en la memoria».

Puesto a enumerar problemas, Castaño recuerda que «la sentencia ya apuntó que no se garantiza el suministro de agua, pues no se contempla conexión a red o pozo alguno; tampoco se garantiza la evacuación de aguas residuales ni su tratamiento y no se acredita suministro eléctrico ni la recogida, tratamiento, eliminación y depuración de residuos».