Ribadumia aprueba la Conta Xeral de 2023 para «no perder ayudas»

El gobierno de Ribadumia aprobó ayer en solitario la Conta Xeral de 2023 entre críticas de la oposición por el retraso y acusaciones de incumplimientos «sistemáticos» de los plazos en materia fiscal, como apuntó el PSOE. Pero sobre todo, los partidos destacaron que estas prácticas, si «son reiteradas pueden tener consecuencias, incluso de tipo penal», añadió Xuntos. «Entendemos que es necesario aprobarla porque se pueden perder ayudas», indicó el BNG. Una de ellas «vence este viernes», detallaba Somos después del Pleno en un comunicado. Lo único reconocido por el Ejecutivo fue la demora y en palabras del alcalde, David Castro, que entonó el «mea culpa», una vez más y una vez más aseguró que trabajan para evitarla. Fue cuando la edila del BNG, Vanessa Fariña, tildó la situación de día de la marmota.

Por la reincidencia, votó en contra de la aprobación; un trámite necesario porque supone un «riesgo» para la financiación municipal, como expuso el socialista Javier Mougán. Con todo, este año cambió el voto de la abstención por un no al considerar que este «incumplimiento sistemático ya merece una postura más firme».

Estas votaciones más la abstención del grupo de Ramiro Lorenzo no fueron suficientes frente a la mayoría del PP. La concejala de Economía, Vanesa Jorge, defendió la gestión municipal frente a estas críticas y sobre los errores en el documento que, según denunció la nacionalista se mantenían en el documento llevado a la sesión, declaró: «No afectan al estado patrimonial y al desarrollo del presupuesto y aunque afectaran hay un mecanismo de depuración para estos casos». De hecho, les echó en cara que se centrara en estos aspectos y no el superávit que quedó: 1,1 millones de euros. «Muy mal no lo está haciendo este gobierno y sin subir los impuestos ni endeudarse», destacó.

Alegaciones de Somos

Asimismo detalló que se rechazaron las alegaciones de Somos como que la documentación estaba incompleta, para lo cual dijo que a la oposición se le pasa una especie de resumen y que la cuenta completa estuvo a exposición, pero «no me consta que la consultara». En su opinión, profirió «graves acusaciones para poner en duda al gobierno, pero son ataques directos a los trabajadores porque la Conta Xeral es un documento económico y contable no político».

Su portavoz, Sergio Soutelo, había pedido el Pleno en otro momento, pero no se atendió por una «estrategia para minimizar» su presencia, dijo. No obstante, le preocupa las cantidades que estuvieron en riesgo y por eso pidió esa información, pero «no la entregaron, evitando así que sepamos de cuánto es la metedura de pata, pero puede rondar los 50.000 euros», añadió.