Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alberto García denuncia al Concello de Catoira por un concurso laboral

El exalcalde critica el procedimiento para cubrir la plaza de secretario-interventor

La vista oral será en febrero de 2025

Alberto García, en un pleno de Catoira.

Alberto García, en un pleno de Catoira. / Iñaki Abella

Catoira

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha admitido a trámite una demanda presentada por el exalcalde de Catoira, y actual portavoz socialista en el Concello, Alberto García, contra las bases del concurso convocado por el Ayuntamiento para cubrir la plaza de secretaria-interventora. El Juzgado ha citado a las partes para una vista oral que tendrá lugar el 18 de febrero, en Pontevedra, a las 11.30 horas.

Alberto Varela propone anular las bases del concurso, al considerar que no garantizan la igualdad para todos los aspirantes, y que tal y como están redactadas, según él, benefician a la profesional que ocupa la plaza en la actualidad.

El exregidor alude a la existencia de presuntas irregularidades administrativas en el procedimiento, como el hecho de que el informe de las alegaciones fuese redactado por una funcionaria “que no está facultada” para esas funciones. García, que fue alcalde de Catoira entre 1985 y 2023, señala que el procedimiento sería mucho más transparente y garantista si la selección se realizase a través del Gobierno central o de la Xunta de Galicia.

García cree que las bases están hechas para beneficiar a la persona que ocupa ahora el cargo, y a modo de ejemplo señala que en el capítulo de méritos que puntúan favorablemente se encuentran la publicación de trabajos de investigación, y la profesional que ocupa en estos momentos la plaza cuenta con este tipo de estudios.

Lo que plantea el portavoz socialista es que hay que redactar unas nuevas bases, de modo que los méritos específicos salgan de un acuerdo plenario que deberá estar después sometido a exposición pública; habilitar un tribunal “más garantista de la independencia”, y que incluya un miembro nombrado por la Xunta; o que el informe jurídico sea redactado “por un profesional cualificado”.

El grupo de gobierno que dirige el nacionalista Xoán Castaño tiene ahora hasta febrero de 2025 para articular su defensa del procedimiento administrativo.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents